Convivencia. En un mes rige la prohibición de naranjitas y el Concejo apura la regulación de zonas para cooperativas

Con la publicación en el Boletín Oficial, comenzaron a correr los 30 días para la aplicación plena en la Provincia de Córdoba de la ley que prohíbe la actividad de naranjitas y de limpiavidrios.

La norma aprobada por la Legislatura modificó el Código de Convivencia Ciudadana, dejando en la ilegalidad a varias actividades no autorizadas en la vía pública. Al ser una ley provincial, que aplica la Policía, rige en todo el territorio de Córdoba, no requiere de adhesiones municipales ni de otras normas complementarias.

Sin embargo, para el caso de los cuidacoches, el texto de la ley indica que "se invita a los municipios y comunas a informar al Ministerio de Seguridad de la Provincia la identidad de las personas que se encuentren facultadas para realizar la actividad de cuidado de vehículos en la vía pública o en lugares de acceso público en sus respectivas jurisdicciones, a los fines de facilitar su identificación y control, tanto por la autoridad de aplicación como así también de la ciudadanía".

En la ciudad de Córdoba existe una ordenanza que habilita zonas concesionadas para el trabajo de las cooperativas regularizadas de cuidacoches desde 2001. Estos son los actuales "naranjitas legales", que integran ocho cooperativas y tienen 355 afiliados.

De los 10 proyectos que están discutiéndose en el Concejo Deliberante tiene que surgir un nuevo marco regulatorio, que tiene que cumplir con lo que requiere la ley provincial para evitar la persecución policial en zonas autorizadas y que se plantea regular la actividad con modificaciones tecnológicas y mayores exigencias.

Martín Simonian, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en el Concejo Deliberante capitalino, estimó que en las próximas semanas podría llevarse un texto de ordenanza al recinto. Ya hubo tres reuniones en la Comisión de Servicios Públicos, en las que se presentaron el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández; el secretario de Ciudad Inteligente Ignacio Gei; y el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava. También se escuchó a cooperativas y se receptaron aportes de distintas organizaciones, entre ellas la Pastoral Social de la Iglesia.

"Estamos evaluando darles otro nombre, como auxiliar o controlador de estacionamiento medido. La ley provincial establece una prohibición relativa, que deja en cabeza de los municipios la posibilidad de autorizar o no la actividad. Exige que si lo autoriza debe enviarle al Ministerio de Seguridad la lista de los asociados a las cooperativas. Quien no esté en ese listado, puede ser arrestado por la Policía", detalló Simonian.

La ordenanza vigente surgió en 2001 y fijó zonas céntricas para la actividad regulada. La realidad desbordó la regulación, entendió Simonian. "El Centro dejó de ser el Centro, aparecieron corredores comerciales como Tejeda, General Paz, Elías Yofre", consideró. "¿Se va a extender o se va a achicar? Hay que ver en relación con qué lo comparamos: si es contra lo que establecía esa ordenanza o con las zonas que están tomadas por cuidacoches, habilitados y no habilitados. Yo digo: aún si se extiende un poco, se va a achicar", reflexionó el concejal oficialista.

Fuera de las zonas que se delimiten el estacionamiento tiene que ser libre y gratuito, tomando como ejemplo de "liberación" lo que hizo el municipio en el Parque Sarmiento, donde desapareció el cobro no autorizado por estacionamiento.

La iniciativa que impulsa el oficialismo contempla una nueva pechera con codigo QR, para que cualquier vecina pueda comprobar la identidad y si es o no un naranjita autorizado. Este código es el que chequeará la Policía. También se establece que desaparece la transacción en dinero fisico, el pago se realizará con una app de desarrollo municipal, que en un inicio sólo servirá para el pago del estacionamiento medido, pero luego se integrará dentro de Mi Docta, la plataforma que buscará unificar distintas aplicaciones del municipio como Vecino Digital o Mi Bondi.

La ley aprobada establece que "el Poder Ejecutivo Provincial acompañará a los municipios y comunas en el marco de sus propios programas de capacitación, reinserción e inclusión, contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, mediante el desarrollo de cursos y capacitaciones en oficios brindados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos pertinentes".

Para Simonian, este aspecto es clave y va en línea con el pedido de la Iglesia de que se acompañen las regulaciones con distintas asistencias, con énfasis en salud mental y adicciones.

El Código de Convivencia establece que los infractores podrán ser sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario o multas de hasta 50 Unidades de Multa. En los casos más graves o de reincidencia, la ley prevé el arresto de los responsables por un periodo de hasta seis días.

Las sanciones se agravan cuando la conducta se realice de manera grupal o cuente con la participación de menores de edad.

También habrá penas mayores si la actividad ocurre en zonas sensibles como hospitales y escuelas.

En el caso de los limpiavidrios, la prohibición es absoluta. La limpieza de parabrisas en vehículos detenidos en la vía pública queda terminantemente prohibida y las penas son equivalentes a las previstas para el cobro ilegal de estacionamiento. Esto incluye la posibilidad de multas, trabajo comunitario y arresto.