Brasil. La Justicia brasileña negó que la argentina detenida por racismo regrese al país mientras avanza la causa
La Fiscalía de Río de Janeiro considera que permitir el regreso de la acusada durante la investigación podría debilitar el control judicial y afectar el desarrollo del proceso.
El Ministerio Público de Rio de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de la abogada argentina Agostina Páez para regresar a Argentina mientras continúa la causa judicial que enfrenta en Brasil por injuria racial.
La postura de la Fiscalía se conoció este miércoles, cuando el organismo se expidió sobre los planteos realizados por el equipo defensor de la acusada, quien permanece en Brasil desde enero.
Para el Ministerio Público, permitir que la imputada abandone el país durante la etapa de investigación podría debilitar el control judicial y dificultar la ejecución de una eventual condena, teniendo en cuenta “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la legislación brasileña”.
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Según informó Infobae, la abogada está afrontando su permanencia en Brasil con sus propios ahorros y "ya le queda poco dinero”.
La Fiscalía pidió avanzar hacia el juicio
En su dictamen, el Ministerio Público solicitó al juez rechazar todos los pedidos presentados por la defensa y avanzar hacia la audiencia de instrucción y el eventual juicio oral, cuya fecha aún no fue definida.
La respuesta del organismo surge luego de que los abogados de Páez cuestionaran la validez del expediente. Entre otros puntos, plantearon que algunas pruebas digitales podrían haber sido manipuladas, que la acusada desconocía que estaba cometiendo un delito y que habría irregularidades en la incorporación de los cargos.
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También denunciaron supuesta parcialidad por parte de algunos testigos.
Sin embargo, para la Fiscalía la denuncia cumple con todos los requisitos legales y está debidamente fundamentada.
“El relato de los hechos y la identificación de las víctimas es claro y preciso, y existen pruebas suficientes, como testimonios y registros audiovisuales, para continuar con el proceso”, señala el documento.
La discusión por las pruebas audiovisuales
Uno de los principales ejes de la estrategia de la defensa se centra en cuestionar la validez de videos y registros audiovisuales obtenidos por empleados y cámaras de seguridad del local donde ocurrieron los hechos.
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Los abogados de Páez solicitaron que esas pruebas sean retiradas del expediente, argumentando posibles irregularidades en la cadena de custodia y la eventual manipulación del material.
La Fiscalía rechazó ese planteo y sostuvo que no existe evidencia que demuestre que los registros hayan sido adulterados o recolectados de forma irregular.
Además, remarcó que la acusación no depende de un único video, sino de un conjunto de pruebas que incluyen testimonios y otros elementos.
Por ese motivo, incluso si algunas imágenes fueran descartadas en la etapa de juicio, el proceso podría continuar con las demás evidencias.
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El argumento de la defensa y la respuesta del fiscal
La defensa también sostuvo que la acusada no actuó con “dolo”, es decir, sin intención de cometer un delito, y que su conducta se habría producido por desconocimiento cultural respecto de la normativa brasileña.
Para la Fiscalía, esa explicación queda descartada por las pruebas reunidas.
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Según el dictamen, Páez fue advertida en el momento de que sus expresiones constituían un delito en Brasil y, pese a ello, continuó con sus manifestaciones en la vía pública.
El documento agrega que la reacción de sus acompañantes —que intentaron contener las ofensas— evidencia que la propia acusada y su entorno eran conscientes de la gravedad de la situación.
La ley brasileña y el delito de injuria racial
Otro de los argumentos de la defensa fue comparar el delito de injuria racial con infracciones consideradas menos graves para solicitar un tratamiento judicial más flexible.
El Ministerio Público recordó que, desde la sanción de la Ley 14.532 de 2023, la injuria racial pasó a ser considerada una forma de racismo dentro de la legislación brasileña.
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Esto implica que el delito recibe un tratamiento más severo que una ofensa común y cuenta con un marco de protección especial en la ley.
Por qué se rechazó su regreso al país
El equipo defensor había solicitado que, en el marco del tratado de transferencia de personas condenadas entre Argentina y Brasil, la abogada pudiera regresar a su país para enfrentar el proceso o cumplir allí una eventual condena.
La Fiscalía rechazó ese planteo al señalar que ese tratado solo se aplica cuando existe una condena firme y con la aceptación de ambas naciones y de la persona condenada.
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Además, el organismo subrayó que la legislación brasileña permite mantener la prohibición de salida del país mientras la presencia de la acusada sea necesaria para el desarrollo del proceso judicial.
Por ese motivo, el Ministerio Público pidió mantener la restricción y continuar con la causa en territorio brasileño.
