La obesidad es uno de los problemas de salud pública más serios que enfrenta hoy la Argentina. Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, más de seis de cada 10 adultos tienen exceso de peso. No se trata de un problema estético: la obesidad está estrechamente asociada con la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, tres de las principales causas de muerte en el país.
El problema no es exclusivo de la Argentina. Es global y tiene una causa central: el consumo excesivo de azúcares, sodio, grasas y calorías agregadas a los alimentos. Por eso, distintos países vienen aplicando estrategias para reducir ese consumo. Una de ellas es el etiquetado frontal.
En el caso de Argentina, el sistema consiste en octógonos negros ubicados en la parte delantera de los envases, que alertan al consumidor cuando un producto supera determinados umbrales de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías. Un mismo producto puede tener uno, dos, tres o cuatro sellos, según su composición. La lógica del sistema es que la información llegue al consumidor en el momento de la compra, de manera visible e inmediata, sin necesidad de interpretar tablas nutricionales. En la Argentina, este esquema está regulado por la Ley 27.642, sancionada en 2021.
Esta semana, el Poder Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto para derogar la ley. La discusión se polarizó rápidamente. Desde algunos sectores legislativos, se sostuvo que la norma confunde al consumidor y “demoniza” productos. Del otro lado, referentes de la nutrición advirtieron que derogarla implicaría desmantelar una política clave de salud pública. El debate quedó planteado entre esos dos extremos. Vale la pena ir a los datos.
Etiquetado frontal: una decisión clave para la salud
La evidencia
La experiencia más relevante es la de Chile, que implementó el sistema en 2016. Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health evaluó su impacto sobre las compras de alimentos y encontró reducciones significativas: el consumo de sodio agregado cayó aproximadamente un 27%, el de azúcar un 18% y el de grasas saturadas un 19%.
No se trata de una opinión, sino de evidencia revisada por pares en una de las publicaciones científicas más exigentes del mundo. Estudios complementarios muestran, además, que las empresas reformularon productos para evitar los sellos. Y un análisis separado sobre el impacto económico no encontró destrucción de empleo ni caída en la rentabilidad de la industria alimenticia. En suma: el etiquetado tuvo los impactos positivos esperados sin afectar la actividad productiva.
La evidencia disponible no es definitiva, pero sí ofrece indicios suficientes como para descartar la idea de que el etiquetado frontal no tiene efectos positivos.
La ley tiene oportunidades de mejora
Dicho esto, la ley tiene un problema real: es demasiado estricta y no considera la matriz del alimento. Un queso port salut puede terminar con los mismos sellos que una salchicha. Eso confunde.
También es cierto que el sistema es imperfecto y que todos los países que lo aplican, incluido Chile, están en un proceso continuo de análisis y mejora. Se produce la paradoja de alimentos muy ultraprocesados, como papas fritas o jugos artificiales, que tienen menos etiquetas que quesos crema o port salut enteros. O jugos concentrados artificiales con la misma etiqueta de exceso de azúcar que mermeladas bajas en calorías. Una clara debilidad es que el esquema binario confunde a la gente y diluye impactos. Es necesario –y en algunos países como Estados Unidos se comienza a indagar– experimentar con etiquetas que reflejen diferentes grados de intensidad de los nutrientes no deseados.
Dado que la Argentina ya hizo el esfuerzo de instrumentar esta ley, que existe evidencia favorable y que la mayoría de los países modernos aplica alguna variante de etiquetado frontal, derogarla sería una regresión. La estrategia más sensata no es eliminarla, sino corregir sus deficiencias.
Así como el etiquetado actual puede ser acusado de reduccionista, su eliminación cae en el mismo error. Una alternativa superadora sería avanzar hacia un sistema que refleje distintos niveles de contenido de nutrientes no recomendables, brindando mejor información a los consumidores y mayores incentivos a las empresas para reformular sus productos. Integrado a una estrategia más amplia de promoción de hábitos saludables, el etiquetado frontal puede seguir siendo una herramienta útil frente a las enfermedades asociadas a la obesidad
