Editorial Etiquetado frontal: una decisión clave para la salud

La decisión del Gobierno nacional de avanzar contra la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable representa un nuevo capítulo en una disputa que trasciende el plano técnico.

Lo que se discute no es sólo el diseño de un etiquetado o la forma de presentar información nutricional, sino el rol del Estado frente a una industria poderosa y frente a una problemática sanitaria que afecta a millones de personas.

El proyecto enviado al Senado por la administración de Javier Milei propone derogar la ley de etiquetado frontal que obligó a incorporar octógonos negros en productos con exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías.

La iniciativa oficial sostiene que el sistema actual induce “interpretaciones simplificadas” sobre la calidad de los alimentos y cuestiona la metodología utilizada para definir los sellos de advertencia. También señala que la norma posee una “rigidez normativa” que dificulta adaptaciones técnicas y genera diferencias regulatorias dentro del Mercosur.

Otro de los argumentos del Gobierno apunta al impacto económico. Según la postura oficial, la falta de armonización regional obliga a las empresas a diseñar distintos envases para cada país, lo que incrementa costos de producción y logística.

Ante esas razones aparecen cuestionamientos profundos de organizaciones sociales y sanitarias.

Aseguran que estas modificaciones favorecen estrategias históricas de la industria alimenticia y afectan la protección de sectores vulnerables, en especial niñas, niños y adolescentes. También advierte sobre el riesgo de habilitar importaciones de productos que no cumplen estándares sanitarios locales.

¿Qué intereses se priorizan cuando se desmonta una política pública respaldada por evidencia científica y organismos internacionales?

Estudios del Ministerio de Salud, de la Fundación Interamericana del Corazón y de Unicef muestran que el etiquetado modificó hábitos de compra y permitió que gran parte de la población identifique con mayor facilidad productos poco saludables.

La mayoría de las personas encuestadas expresó acuerdo con la norma y reconoció cambios en sus decisiones de consumo.

A eso se suma el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, que ubicó a la legislación argentina entre las más alineadas con las mejores prácticas internacionales.

Resulta difícil sostener que una herramienta con semejante nivel de aceptación y respaldo sanitario deba desaparecer por exigencias del mercado.

El Gobierno tiene derecho a impulsar reformas y discutir regulaciones. Pero existe una diferencia fundamental entre mejorar una política pública y vaciarla hasta volverla inútil.

No se puede ceder ante presiones de sectores económicos cuando esas demandas entran en conflicto con el derecho colectivo a la salud y a la información.

Ahora el Senado tendrá la responsabilidad de revisar el proyecto con seriedad y profundidad. Cada legislador debe asumir su postura con argumentos transparentes y con una prioridad clara: proteger a la población por encima de cualquier interés corporativo.

Hay evidencia científica suficiente como para que prime el compromiso con el bienestar común.