Controles. El Ente apuntó contra los clanes Moyano y Bass, pero llegó tarde a la noche de Nueva Córdoba

A dos años y medio de su creación, el Ente Municipal de Fiscalización y Control de la ciudad de Córdoba –el cuerpo que el intendente Daniel Passerini imaginó para “ordenar la noche capitalina”– quedó envuelto en fuertes cuestionamientos, por una carambola de derivaciones del femicidio de Agostina Vega.

La detención de Soledad Andreani, exempleada de Wachitas, en calidad de encubridora del femicidio aparentemente perpetrado por su pareja, el exbecario municipal Claudio Barrelier, alumbró primero sobre ese bar de Nueva Córdoba que incumplía toda regla de permiso y de habilitación, y luego sobre otros locales que funcionaban con iguales irregularidades.

El director del Ente, Ezequiel Hormaeche Actis, se presentará el próximo martes en el Concejo Deliberante para responder la catarata de pedidos de informes de la oposición, que preguntó sobre Wachitas y, en general, por el modo en que se tramitan las habilitaciones y se hacen los controles de las actividades nocturnas en la ciudad.

Esta presentación se dará luego del anuncio que hizo este viernes el intendente Daniel Passerini de crear la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública, a la que le asigna “la planificación, coordinación y ejecución de estrategias vinculadas al control del espacio público y de establecimientos comerciales de actividad nocturna, además de centralizar criterios y competencias para el desarrollo de operativos de fiscalización y saturación en distintos puntos de la ciudad”.

Hormaeche llevará el martes a la “falsa interpelación” del Concejo Deliberante un balance de gestión. Una parte de esto es lo que la Municipalidad de Córdoba anticipó en respuesta a pedidos de información de La Voz sobre la actuación del Ente, simultáneos a los planteos legislativos.

De la lectura de ese resumen de sus actividades, surge que mientras el Ente parece haber sido agresivo contra las redes de dos grandes “jugadores” de la noche, como Roberto Moyano y Claudio Bass, por lo menos pareció llegar muy tarde contra locales como "Wachitas", “Malibú” y "Luzbelito", donde las clausuras llegaron tras varios años de acumular irregularidades.

Uno de los objetivos principales del Ente ha sido el denominado "clan Moyano", liderado por Roberto Moyano, exdueño de Rapoza, entre otros locales emblemáticos de la actividad nocturna en la ciudad de Córdoba.

El informe del Ente destaca la intervención en Club Ibiza/VIP (Sucre 438), que entre abril y octubre de 2025 acumuló cuatro clausuras y cinco violaciones de las fajas y prohibiciones municipales, además de una actuación por fiestas clandestinas tipo after. También se señalan los operativos contra Madero (Rondeau 56) –también atribuido a los Moyano–, donde el Ente realizó desalojos totales y secuestro de elementos, tras repetidas infracciones en 2024.

El otro gran objetivo fue Claudio Bass, dueño de Punta Alvear, un bar, boliche y after que funciona desde hace más de una década en la primera cuadra de bulevar Las Heras, en un sector muy cercano a la nueva sede del Concejo Deliberante de la ciudad. En Punta Alvear I (de bulevar Las Heras 50) fue objeto de clausura preventiva y desalojo, mientras que Punta Alvear II (que está en el mismo lugar, pero registró como domicilio bulevar Los Andes 51) registró siete actas de infracción en un período de sólo dos meses al inicio de 2025.

A pesar del despliegue contra estos grandes jugadores, la fiscalización parece haber llegado tarde a locales del Centro y de Nueva Córdoba.

El caso de Wachitas Bar (Ituzaingó 521) es paradigmático: aunque se le detectaron múltiples deficiencias graves en diciembre de 2024 –como escaleras sin antideslizante y falta de tratamiento ignífugo–, el local fue finalmente habilitado en octubre de 2025. Menos de un año después, en junio de 2026, debió ser clausurado nuevamente por deterioro edilicio y deficiencias eléctricas, lo que demuestra que las condiciones de seguridad no se mantuvieron.

El cierre, además, llegó luego de que se conociera que Andreani, la novia o pareja del presunto femicida de Agostina, Claudio Barrelier, trabajaba en un rol parecido al de una encargada en ese local y quedara todo mezclado, aun cuando se trataría de cuestiones muy diferentes, según la investigación judicial.

Un escenario similar se observa en Luzbelito (Buenos Aires 491), que en menos de un año y medio acumuló ocho actuaciones, entre ellas por ruidos molestos, falta de habilitación y, finalmente, infracciones a las normas de seguridad contra incendios, en junio de 2026.

El tercer caso es el de Malibú, de Buenos Aires 571, también en Nueva Córdoba, que fue clausurado un par de semanas atrás pero tenía señalamientos por ruidos excesivos en 2024, faltas de seguridad en 2025, por no cumplir requisitos de habilitación y, otra vez, por fallas de seguridad en junio de este año.

Existe un reconocimiento tácito de que faltaron controles con otra decisión del intendente Passerini del viernes a la noche: la orden de realización de operativos masivos y simultáneos de control sobre establecimientos comerciales y servicios abiertos las 24 horas comprendidos en el Código de Espectáculos Públicos. Con la indicación de que las inspecciones se desarrollen de manera sostenida en toda la ciudad durante los próximos 90 días.

Sin entrar en funciones la nueva Unidad Ejecutora, se hizo este viernes un ensayo general de saturación en barrio Nueva Córdoba, a cargo de la Policía, con controles de alcoholemia y aplicación estricta del Código de Convivencia. Duró hasta las 3.30 y tuvo resultados modestos: seis personas aprehendidas por faltas y el secuestro de 12 autos por infracciones municipales.

El Ente reseñó sus aportes a otras investigaciones criminales que tenían como partícipes u organizadores a empleados o funcionarios municipales. Detalló que por la llamada “Causa Bomberos”, desde diciembre de 2023 se aportó información a la fiscalía de Guillermo González sobre certificados presuntamente apócrifos de seguridad contra incendios. Estos aportes derivaron en más de 42 actuaciones conexas y allanamientos en dependencias municipales, consignaron.

A su vez, el Ente informó que “se pusieron en conocimiento de la Justicia antecedentes vinculados al inspector Daniel Rigoni por presuntas exigencias de gestiones particulares bajo apercibimiento de clausuras”.

En otra causa, el Ente también llevó a la Justicia la detección de certificaciones técnicas presuntamente apócrifas utilizadas para respaldar trámites de habilitación comercial. En esa causa aún no habría imputados.

El resumen ejecutivo que compartieron desde el municipio destaca estos números de “productividad” del Ente.

“Un dato relevante es que el 64% de las intervenciones corresponden a desarticulaciones preventivas, es decir, actuaciones realizadas con anterioridad al desarrollo efectivo de la actividad clandestina. Durante 2026, dicho porcentaje asciende al 73%, lo que representa casi tres de cada cuatro intervenciones efectuadas de manera preventiva”, señalan desde el municipio.

El anuncio de Passerini sobre la Unidad Ejecutora para controlar la noche detalló que estará integrada por el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Administrativo de Faltas, con representantes del Concejo Deliberante, del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cámaras empresariales y sectores privados vinculados a la actividad, universidades públicas y privadas de la ciudad y colegios profesionales.

“Me parece más de lo mismo. Es exactamente lo mismo que se prometió en febrero de 2024, que debía venir a solucionar el Ente después del escándalo de la causa de Bomberos. Me parece un papelón que se repita la misma respuesta institucional que se dio hace dos años y que evidentemente fracasó”, consideró la concejal radical Elisa Cafaratti, una de las más activas con críticas y pedidos de informes al Ejecutivo.

Hormaeche tendrá que responder una larga serie de preguntas de todos los bloques opositores, que reclaman que se abran los expedientes, no que el funcionario presente un resumen con datos seleccionados de la actuación.

“La ordenanza de creación del Ente prevé dentro de los organismos de control una auditoría externa, que nosotros junto a todo el arco opositor hemos pedido que se haga”, puntualizó Cafaratti.

Otro concejal radical, Javier Fabre, presentó el proyecto para crear una Comisión investigadora, una iniciativa que podría ser acompañada por el resto de los bloques minoritarios, los que están coordinando una conferencia de prensa conjunta tras la presentación de Hormaeche.

Cafaratti puntualizó que existen pedidos de informes no respondidos, por el funcionamiento del Ente en 2024. “Eso para quienes nos tildan de caranchos”, chicaneó.

Sólo por Wachitas, hay más de 100 preguntas asentadas en los pedidos de informes.