Control de la noche. Un clan familiar de barrio Cabildo, el inquilino de la casona de Nueva Córdoba donde funciona Wachitas

El último contrato de alquiler de la propiedad de calle Ituzaingó 521, en Nueva Córdoba, donde funcionaba, hasta la caducidad dictada a la habilitación, el bar nocturno Wachitas devela en el listado de garantes de la joven inquilina, Nicole Waiss (22 años), a todo un linaje de vínculos familiares que se turnó en solicitar las habilitaciones municipales en la última década.

La Voz accedió a este contrato y a otros documentos que figuran en los expedientes de habilitación del bar por una filtración de una fuente que pidió que no se revele su identidad.

Los bloques opositores en el Concejo Deliberante citaron al director de Control y de Fiscalización municipal, Ezequiel Hormaeche Actis, para que responda y dé detalles de muchos aspectos vinculados a las irregularidades de Wachitas, algunos de los cuales se contestan en esta nota. Otros, no; y mantienen la relevancia de esa citación a dar explicaciones.

Firma como garante del contrato, celebrado en 2024, Federico Miranda, quien fue el primero en pedir a la Municipalidad el certificado para Wachitas, en junio de 2016, durante la gestión municipal de Ramón Mestre.

También firma en respaldo a la capacidad de pago de Nicole -de nula actividad económica hasta aquí- María Belén Regueira, una empleada pública provincial con ingresos de 1,5 millón de pesos, que es quien solicita la finalización de esa habilitación un año más tarde. En 2019, quien pide otra habilitación es Luis Alberto Molina, que es otro de los garantes del contrato de Waiss.

Aunque no se detallan los vínculos, todos son familia. Varios viven en unas pocas cuadras de distancia en barrio Cabildo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Y los dos hombres mayores no tienen ingresos registrados en blanco, según los informes a bases de datos comerciales que solicitó La Voz.

Miranda -que es de barrio José Hernández- tiene movimientos bancarios y con billeteras virtuales por unos 11 millones de pesos mensuales, sin deudas; y Molina registra operaciones bancarias por 5,7 millones de pesos, sin mora y sin tener actividad formal, aunque está habilitado ante Arca para el servicio de bar y gastronomía.

Quien firma como propietario en el contrato es Sergio Huespe. En rigor, la casona es de Consecuencia SRL, la sociedad de Sergio Huespe, Karina Huespe, Nélida Huespe y Rimon Denys Huespe. Los Huespe, con inicios en el rubro textil, son un grupo familiar empresario diversificado, que con sede en un edificio completo en la primera calle de Entre Ríos, en el Centro de Córdoba, tienen una enorme cantidad de propiedades en la llamada zona mayorista y en Nueva Córdoba. El área inmobiliaria del grupo es Condominios Huespe y en varios desarrollos de alta gama aparecen asociados a Juan B. Srur.

En el informe comercial de Sergio Huespe como parte de Condominios Huespe consta que su domicilio fiscal es en un edificio de Ituzaingó al 100 y no tiene deudas ni causas civiles, comerciales, laborales y pendientes en contra. Figura inscripto en Arca en el rubro "Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o de arrendados".

Es conocido el antecedente que vincula este nombre a la política: Condominios Huespe es la propietaria del edificio de 11 plantas Diplomat Office de calle Chacabuco 737 donde se mudó el Registro Civil luego de dejar la sede histórica de avenida Colón, durante la pandemia.

Pero antes ya había sido alquilado por la Provincia para el funcionamiento de distintas áreas de Gobierno desde 2011, cuando se trasladó la “Casa de las Tejas” al Centro Cívico, durante el gobierno de Juan Schiaretti. Su última ocupación fue de la Agencia Córdoba Cultura, hasta que se mudó a la vieja Legislatura, en el casco chico capitalino.

El contrato de alquiler celebrado con la mediación de la Inmobiliaria San Pedro, ubicada en el barrio Cerro de las Rosas, tiene como cláusula primera que se “destine exclusivamente a discoteca y/o resto pub con espectáculo, baile o bar”. Y exige que se acompañe cada modificación edilicia con un plano de obra firmado por arquitecto.

Llamó la atención este énfasis en sostener un tipo de uso para una propiedad en alquiler, pero fuentes del sector inmobiliario explicaron que esta condición puede tener que ver con la protección del valor de mercado de este inmueble y las distintas regulaciones que se pusieron en marcha en la zona para limitar la habilitación de nuevos locales nocturnos. Se pretende preservar con esta condición un valor intangible de la propiedad: que ya funciona como bar nocturno desde antes de las limitaciones.

La propiedad que se alquila no es solamente un boliche: en planta alta funciona una vivienda con cinco dormitorios y dos baños. El local tiene en una planta media el ambiente principal con dos patios, al que se accede con una escalera de mármol y en la planta baja hay otros dos salones y dos baños.

En esta planta baja funcionó en pandemia una verdulería, un negocio habilitado mientras duraban las restricciones sanitarias. Firmaron ese pedido para esa actividad comercial Molina y Raúl Héctor Villafañe.

Villafañe es quien recibe la notificación de la primera acta por una inspección que sufre Wachitas, en una visita realizada el 12 de febrero de 2024, en la que se indica que debían arreglar la escalera de ingreso y colocar cintas antideslizantes, cambiar la tapa del tablero eléctrico, darle un tratamiento ignífugo a los pisos de madera, arreglar columnas, revoques y pintura, cambiar la pileta de lavado por una más profunda, resolver problemas de humedades, adecuar la zona de escenario y sector de espera para artistas y limpiar de manera profunda y retirar elementos “ajenos a la actividad”.

Esto terminó en un emplazamiento. Y el 16 de mayo de ese año se produjo la primera clausura preventiva, “por no persistir en las condiciones de habilitación”.

El 14 de marzo de 2025, en una segunda inspección, se reiteran las mismas indicaciones y se agregan los pedidos de una apertura para visualizar el interior desde el primer piso y una desinfección profunda. Quien recibe el acta es Soledad Andreani, la pareja-novia de Claudio Barrelier, detenida y acusada por el encubrimiento agravado del femicidio de Agostina Vega. Andreani trabajaba en el local, aunque no estaba declarada ni formalizada por Waiss, ni por ninguno de los anteriores empleadores.

Esto derivó de la segunda clausura de Wachitas.

Hubo una tercera inspección el 6 de junio de 2025, en la que el acta de repente dice que está todo bien: “habiendo cumplimentado los requisitos solicitados en emplazamientos anteriores, se dejó constancia de que se trataba de un bar solo para beber, sin elaboración de comidas, con servicio de vasos plásticos y mobiliario compatible con la actividad declarada”. También firma el acta como receptora Soledad Andreani.

Es curioso que se detalle que sólo era un bar para beber, cuando el propio municipio lo patrocinaba como un espacio cultural de música en vivo. Y nada dice la inspección de las condiciones del escenario y los espacios para los músicos, que sí referían las anteriores actas.

El 18 de octubre de 2025, finalmente, Wachitas obtuvo la habilitación municipal.

Pero el 2 de junio de este año -tras la noticia del caso Agostina y la vinculación de Andreani con Barrelier, por haberle facilitado su auto Ford Ka negro para deshacerse del cuerpo desmembrado de la adolescente- se hizo una nueva inspección y el local volvió a ser clausurado.

Las constancias de esta inspección marcan una fuerte contradicción con la que se había entregado apenas ocho meses antes. Vuelve a señalar lo que se decía en las primeras visitas: deficiencias eléctricas, sectores con deterioro edilicio y falta de mantenimiento, modificaciones internas y condiciones generales de seguridad incompatibles con el tipo de habilitación otorgada.

Ese mismo día, para tratar de evitar la clausura, Wachitas pagó la Contribución municipal, pero en el acta misma se consigna que abonar la tasa no “subsana incumplimientos vinculados a condiciones de habilitación, seguridad e higiene”.

En el expediente al que accedió La Voz no consta que se haya otorgado la habilitación ese día y pocas horas más tarde se clausuró, como denunció la oposición. Sin embargo, como se aclaró, este medio no accedió a todo el expediente.

Esta clausura se tornaría en la definitiva: al acumular tres clausuras, en dos años, la Municipalidad de Córdoba decidió revocar la habilitación del local.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, liderado por Elisa Caffaratti, presentó un proyecto para convocar de manera urgente al director Ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control al Concejo Deliberante, Ezequiel Hormaeche Actis para que dé detalles de qué se hizo frente a “las graves irregularidades en la habilitación del bar Wachitas, un local con un extenso historial de infracciones que, además, era promocionado en la web oficial de turismo del municipio”.

“El caso testigo que detonó el pedido es un verdadero absurdo administrativo: el pasado 2 de junio, el municipio emitió el Certificado de Habilitación Nº 000025269/26 para el bar Wachitas y, apenas dos horas después, el propio organismo procedió a su clausura preventiva por graves deficiencias edilicias, eléctricas y de seguridad”, detalló la edil opositora.

"El caso del bar Wachitas es la prueba obscena de una falla sistémica. ¿Cómo se explica que un local que arrastra tres clausuras desde 2025 por ruidos molestos, exceso de capacidad y espectáculos no autorizados, sea habilitado y clausurado el mismo día? Peor aún: el municipio lo promocionaba en su página oficial de turismo como un lugar recomendado. Hay una total falta de coordinación, desidia y una desprotección absoluta para los vecinos de Córdoba", enfatizó.

El cuestionario dirigido al Ejecutivo cuenta con 15 puntos críticos, entre los que se destacan los siguientes interrogantes: ¿Por qué se emitió la habilitación definitiva el 2 de junio de 2026 para luego clausurar el bar apenas dos horas después?; dado que el local registra al menos tres clausuras desde marzo de 2025, ¿por qué no se evaluó la revocación definitiva de la habilitación, tal como lo exige el artículo 11 de la Ordenanza Nº 11.683 para locales reincidentes?; ¿Qué acciones legales se tomaron tras constatarse que, un día después de la clausura, las fajas de seguridad fueron removidas ilegalmente por personal vinculado al bar?

También la concejal Graciela Villata, del Frente Cívico, pidió explicaciones sobre los “verdaderos dueños de Wachitas”. Y opinó que "la Municipalidad clausura cuando ya es tarde", señalando que estos locales suelen ser "pantallas" para actividades "mucho más oscuras".