Noche en Córdoba. Cinco bloques opositores responsabilizaron a la Municipalidad por los controles sobre Wachitas Bar
Concejales de la oposición cuestionaron el freno a pedidos de informe sobre este local y pusieron la mira en otros establecimientos. Lorenzatti explicó en el Concejo los cambios en los certificados de antecedentes para el personal municipal.
Cinco bloques opositores del Concejo Deliberante de Córdoba responsabilizaron este miércoles al Ejecutivo municipal por los controles y habilitaciones vinculados con Wachitas Bar, el local relacionado con Soledad Andreani, la mujer imputada por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de Agostina Vega.
Los bloques de la UCR, Frente Cívico, PRO, Cordobeses por la Libertad y Ciudadanos denunciaron la decisión del oficialismo de impedir el tratamiento de los pedidos de informe sobre Wachitas Bar que se trataron la semana pasada y cuestionaron directamente la responsabilidad política del Ejecutivo Municipal en los controles de este tipo de establecimientos.
El tema había sido llevado al recinto por los bloques de la UCR y el juecismo, con el apoyo de otras bancadas, aunque se aprobó por mayoría el pase a comisión. Tras esto, los ediles opositores adelantaron este miércoles que, además, existen otros pedidos de informe con datos sobre bares, como Malibú y Luzbelito Poll Bar; y algunos concejales anticiparon que evalúan solicitar una auditoría sobre el funcionamiento de los controles municipales.
En el marco, desde el Concejo Deliberante trascendió que la semana próxima concurrirá al cuerpo legislativo el titular del Ente de Control y Fiscalización, Ezequiel Hormaeche, para dialogar con los ediles y brindar explicaciones sobre las actuaciones de este órgano municipal.
Mientras tanto, este miércoles asistió al Concejo Deliberante a una reunión de comisión Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública y Capital Humano, para explicar el alcance del proyecto enviado por el Ejecutivo municipal, el que establece mayores exigencias en la presentación de certificados para el personal de la planta permanente, así como la realización de narcotest cada dos años.
Qué dijo Lorenzatti
Lorenzatti explicó ante los ediles que la intención del intendente Daniel Passerini es revisar la normativa y hacer los cambios necesarios en los controles administrativos para el ingreso de personal.
“El objetivo es advertir temprano si hay agentes que pueden implicar un riesgo y tomar conocimiento en tiempo y forma de sus antecedentes. Pero tenemos que decidir con racionalidad y lejos del estrépito”, aclaró el funcionario.
Lorenzatti insistió en que el acusado por el femicidio de Agostina Vega “nunca fue empleado municipal” y que en su caso solo hubo una resolución para pasarlo a condición de contratado junto con otras nueve 9 personas, si cumplía determinadas condiciones y exigencias.
Qué dijeron desde la oposición
Los ediles apuntaron directamente sobre el control de la noche en Córdoba. “Cada vez que pedimos explicaciones aparecen nuevas maniobras para evitar el debate. El oficialismo prometió tratar el tema y volvió a incumplir. La pregunta es simple: ¿qué están tratando de ocultar?”, expresaron los concejales opositores este miércoles vía un comunicado.
Los ediles señalaron que "ya no alcanza con responsabilizar exclusivamente a los propietarios de los locales involucrados". “Existe una responsabilidad política ineludible del Ejecutivo Municipal. Los bares no se habilitan solos, no funcionan solos y no permanecen abiertos sin la intervención de las áreas de control del municipio”, afirmaron.
También remarcaron que la conmoción generada en toda la sociedad cordobesa exige respuestas claras. “Mientras los vecinos reclaman explicaciones, el oficialismo bloquea los pedidos de informes y protege a los funcionarios que deberían estar dando la cara en el Concejo Deliberante”, señalaron.
“No vamos a aceptar el silencio como respuesta. Cada día que pasa sin explicaciones fortalece las sospechas sobre la existencia de graves fallas en los mecanismos de control municipal o, peor aún, de una decisión política de mirar para otro lado”, indicaron.
“La sociedad merece saber quién controlaba, quién autorizaba y quién debe evitar que estas situaciones ocurran. El Ejecutivo Municipal tiene la obligación de responder y el oficialismo no puede seguir actuando como un muro de contención para proteger a los funcionarios involucrados”, concluyeron.
Pedido de Gispert en la Legislatura
En paralelo, en la Legislatura de Córdoba, el legislador del juecismo Walter Gispert presentó otro pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Provincial para que detalle las actuaciones de control, fiscalización y prevención realizadas sobre Wachitas Bar.
Gispert solicitó conocer si durante los últimos 36 meses la Policía de Córdoba u otros organismos provinciales realizaron inspecciones, operativos de seguridad o controles preventivos en el establecimiento, así como también la existencia de denuncias, actuaciones policiales, procedimientos contravencionales o sanciones administrativas relacionadas con el local.
Además, requirió información sobre posibles actuaciones conjuntas entre organismos provinciales y municipales, incumplimientos detectados en materia de seguridad y orden público, y eventuales medidas preventivas, restricciones o clausuras dispuestas por las autoridades competentes.
“Más allá de la investigación judicial, que debe avanzar hasta las últimas consecuencias, la sociedad tiene derecho a saber si el Estado cumplió con sus responsabilidades de control y fiscalización. Es necesario esclarecer si existieron actuaciones preventivas suficientes y si hubo fallas que deban corregirse para evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a repetirse”, expresó el legislador Gispert.
