El ajuste que desde abril aplica la administración provincial del gobernador Martín Llaryora no es homogéneo. Se siente con fuerza en las reparticiones donde el pago de sueldos no es la erogación principal y es casi imperceptible en los organismos en los que los salarios constituyen el principal gasto.
La repartición que sobresale por ser la que mayor porcentaje de su presupuesto gastó hasta ahora no es de las más relevantes en materia de servicios, y menos aún de inversiones de capital, pero claramente es la que menos ajustó. Se trata de la Defensoría del Pueblo: el organismo que encabeza el radical Carlos Galoppo al 15 de junio ejecutó ya el 43,5% de sus recursos anuales.
Le siguen el Poder Legislativo, que ya usó el 41,7% de su presupuesto anual, y el Poder Judicial, que ejecutó el 41% de sus recursos. Esos porcentajes reflejan principalmente el pago de cinco sueldos que ya fueron abonados de un total de 13 nóminas anuales (12 sueldos y los dos medios aguinaldos).
Todos los datos provienen de la página de Transparencia de la Provincia (www.transparencia.cba.gov.ar), que de manera cotidiana actualiza los gastos devengados y efectivamente pagados de cada jurisdicción provincial, incluidas las agencias, que están incorporadas a las rendiciones de diferentes ministerios. Para hacer los cálculos de esta nota, se comparan los montos presupuestados con los efectivamente pagados al 15 de junio.
Los que cortaron el chorro
En el otro extremo, las áreas donde el ajuste más se siente son el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que apenas ejecutó el 12,4% de su presupuesto y demora la puesta en marcha de las redes domiciliarias que le dieron sentido a la creación de esa cartera. De un presupuesto anual de $ 141.888,9 millones, ejecutó solo $ 17.647 millones.
También es muy baja la ejecución presupuestaria del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: gastó apenas el 17,4% de los recursos ($ 138 mil millones de los $ 791,2 mil millones presupuestados). Pospuso principalmente partidas muy abultadas para la realización de obras de saneamiento, para la ejecución del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y también para la del Fondo de Asistencia Ambiental de Cuencas.
Casi a mitad de año, también consumieron menos de un cuarto de los recursos presupuestados los ministerios de Economía y Gestión Pública (22,4%), y de Comunicación (22,5%). En este último caso, la partida de Publicidad y Propaganda –el gasto más cuestionado por la oposición– apenas se ejecutó en un 14,6%: al 15 de junio, se pagaron $ 3.305 millones de un presupuesto anual de $ 22.503,3 millones.
La partida "gastos generales de la administración" se ejecutó en un 24%. En ese rubro del presupuesto, también hay otra partida de “comunicación estratégica” con un presupuesto total de $ 22.118,6 millones, de la que se pagaron ya $ 5.822,5 millones, el 26% de ese monto.
Los que marcan la media
La mayor parte de los ministerios provinciales ejecutaron entre el 35% y el 40% de sus presupuestos anuales.
Están en esa franja casi todas las carteras con alto porcentaje afectado a salarios, como el Ministerio de Justicia y Trabajo (gastó el 40,5% de los recursos anuales); el Tribunal de Cuentas (40% de la partida anual); el Ministerio de Educación (39,4%); el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación (37,4%), y el Ministerio de Salud, que ejecutó el 36,5% de su presupuesto porque está demorando gastos previstos para mejoramiento edilicio, ampliaciones y nuevos hospitales.
También está en un 36% de ejecución de su presupuesto anual el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. La cifra es baja en relación con la aguda crisis social que se registra y los programas cuya ejecución se encuentra más retrasada son el Programa de Formación Profesional y Capacitación Laboral, que cuenta con una partida anual de $ 4.844,2 millones y a mitad del año apenas gastó $ 317,1 millones. El Programa Córdoba con Ellas también es mucho menos de lo previsto en el presupuesto: la partida general es de $ 1.744,2 millones y sólo se ejecutaron $ 405,9 millones.
