Conflicto. Empresas de transporte reclaman una deuda de $ 27 mil millones por pasajes para personas con discapacidad
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) cuestionó la eliminación del esquema de compensaciones por parte del Gobierno, mientras la Justicia ya dictó un primer incumplimiento por casi $ 9 mil millones.
El sector del transporte de larga distancia atraviesa una profunda crisis financiera tras la decisión de la Secretaría de Transporte de publicar la resolución 28/2026, la cual deja sin efecto el sistema de compensaciones económicas para las empresas que otorgan boletos gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos.
Según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), el Estado nacional mantiene una deuda acumulada que ya supera los $ 27 mil millones.
Un conflicto judicializado
La disputa no es nueva y se encuentra en el ámbito judicial desde hace más de un año. El pasado 18 de mayo, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado y aprobó una liquidación inicial de $ 8.753 millones, correspondiente al periodo entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
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Sin embargo, desde Celadi advierten que esta cifra es sólo una fracción del total, ya que los meses posteriores siguen bajo relevamiento judicial.
Desregulación vs. Obligaciones
El núcleo del reclamo empresario reside en lo que consideran una "inconsistencia" en la política oficial. Con la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público.
No obstante, las compañías denuncian que se las sigue obligando a absorber el costo de una carga que históricamente compensaba el Estado, entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.
Desde el sector sostienen que:
- El último pago recibido por parte del Gobierno fue en noviembre de 2024.
- Las empresas no cuestionan el derecho de los pasajeros, pero rechazan que el costo sea trasladado íntegramente a las compañías privadas sin apoyo estatal.
Garantía para los usuarios
A pesar del fuerte conflicto económico y legal, el Poder Ejecutivo ratificó que el beneficio se mantiene vigente.
Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), credenciales del Incuncai o sean pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso a los pasajes gratuitos en los servicios de larga distancia, incluso tras la eliminación del fondo compensador.
