Escasez de recursos. Discapacidad: un instituto clave de atención en Punilla, al borde del colapso

El EPAR es una institución señera del Valle de Punilla, que asiste a personas con discapacidad intelectual desde hace más de 30 años. Hoy se encuentra al borde del colapso por razones económicas.

Debido a un cese de pagos que afecta al 90% de sus ingresos, sus directivos advierten que la continuidad es "insostenible" y que está en riesgo la fuente laboral de 150 empleados y la vida de 170 pacientes.

El EPAR, en Villa Bustos, no es solo un centro de día; es el hogar definitivo para la mayoría de sus residentes. Actualmente, la institución alberga a 130 internos bajo la modalidad de hogar y atiende a otros 40 pacientes ambulatorios.

Carmen Serrano, gerente de la institución, describió el drama humano detrás de los números. “El hogar es un 'all inclusive' porque nos hacemos cargo absolutamente de todo. El problema es que en los hogares las personas están internadas porque no tienen familia continente; dependen exclusivamente de nosotros. De pronto pensar en tener que cerrar es terrible, porque nosotros somos su familia. ¿A dónde van a ir estas personas?”, planteó.

La asfixia económica proviene del incumplimiento de los dos principales organismos estatales. Christian Combina, el contador que maneja los números de la entidad, detalló que el 60% de los atendidos pertenecen a la obra social nacional PAMI y el 30% al programa nacional Incluir Salud.

“Incluir Salud no ha pagado desde octubre. Hay una desidia de parte del Gobierno nacional; han puesto todas las trabas administrativas habidas y por haber para no llevar a cabo lo que establece la ley. Estamos en una situación de marginalidad total, porque este plan está dado a personas que están fuera de todo, en una asociación de pobreza y de discapacidad extrema”, denunció Combina.

Con Pami esperan alguna normalización de aportes con urgencia.

No hubo escapatoria y la crisis ya se trasladó a los trabajadores. El instituto, que siempre fue un motor de empleo para la región de Santa Maríade Punilla y de zonas aledañas, hoy lucha por cubrir su masa salarial.

“Desde el año pasado los aranceles no cubren los costos fijos. Este año hemos tenido que pagar sueldos en dos o tres partes y hemos dejado de pagar aportes y contribuciones. Si la semana que viene no cobramos, no vamos a poder pagar la totalidad de los sueldos”, explicó el contador.

Para los referentes del EPAR, el escenario actual representa una ruptura del contrato social con las personas más vulnerables. “Parece que la política actual está destinada a borrar la discapacidad del mapa”, lamentó Serrano.

Combina coincidió en la gravedad del diagnóstico: “Nos quieren llevar 40 años para atrás, cuando la discapacidad era algo que se daba por 'buena voluntad' o dádiva, y no un derecho con una ley que se tiene que cumplir. La infraestructura es tan grande que, si no recibís ingresos, es inviable. Uno puede tener un colchón de un mes, pero la continuidad en el tiempo así es imposible”.

La crisis ya impactó en los trabajadores: por primera vez en tres décadas, la institución tuvo que pagar sueldos en cuotas y dejar de abonar aportes patronales.

“Si la semana que viene no cobramos PAMI o Incluir Salud, no vamos a poder pagar los sueldos. No tenemos más financiamiento externo, la situación es crítica día a día”, advirtió el contador.

El cierre del EPAR no solo afectaría a los internos, sino que generaría un terremoto económico en la región.

“Son 150 familias que se quedarían sin trabajo en una zona donde no hay empleo. Además del golpe a los proveedores locales, desde el verdulero hasta el carnicero; es una economía entera que se mueve en torno a la institución”, concluyó Carmen Serrano, pidiendo una decisión política urgente antes de que sea demasiado tarde.