La Voz En Vivo. Alerta en el Cottolengo Don Orione: la deuda nacional por discapacidad suma 90 días
Daniel Fornerod, administrador de la entidad, advirtió en La Voz En Vivo que la falta de recursos se asemeja a la crisis del 2001 y pone en riesgo la atención.
El Cottolengo Don Orione viene atravesando una situación muy crítica, tal como lo anticipara La Voz en el inicio de abril. Es una de las principales instituciones que atiende a las personas con discapacidad en Córdoba, en barrio Santa Isabel. La falta de pagos del Gobierno nacional, principalmente del programa Incluir Salud, provoca dificultades para afrontar obligaciones salariales y el pago a proveedores.
El histórico Cottolengo de Córdoba atraviesa una situación financiera crítica debido a la suspensión de los aportes nacionales. Las deudas correspondientes a las prestaciones de discapacidad ya acumulan más de tres meses de retraso y afectan la sostenibilidad diaria.
Durante una entrevista a La Voz En Vivo, el administrador del establecimiento detalló la gravedad del panorama. Daniel Fornerod explicó que este escenario paraliza los compromisos económicos y pone al límite a las instituciones que asisten a sectores vulnerables.
Desorganización y falta de fondos nacionales
El conflicto económico se originó por la parálisis de los pagos correspondientes al programa federal Incluir Salud. "Una falta de pago de más de 90 días afecta severamente la economía de cualquier institución", alertó el directivo cordobés.
La crisis coincide con las recientes modificaciones administrativas a nivel nacional tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A partir de enero, se conformó una Secretaría de Discapacidad que opera bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.
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Las autoridades del Cottolengo desconocen qué dependencia del Gobierno Nacional mantiene inmovilizadas las partidas financieras. Actualmente, todos los reclamos formales se canalizan contra el Ministerio de Salud, cartera obligada a garantizar estas prestaciones.
Atención vital para 148 personas
El impacto recae de forma directa sobre la población con discapacidad que depende diariamente de la estructura sanitaria. El Cottolengo asiste de manera permanente a 118 residentes que viven en las instalaciones de la ciudad de Córdoba.
Adicionalmente, el centro de día ambulatorio recibe a otras 30 personas que asisten a la institución de lunes a viernes. Todos los concurrentes acceden a terapias específicas que les permiten mantener y estimular sus habilidades motoras y cognitivas.
Para sostener este nivel de atención permanente, la entidad cuenta con un amplio cuerpo de especialistas de la salud. El plantel incluye médicos clínicos, fisioterapeutas, psicólogos y profesionales del servicio de odontología integral.
Estrategias de endeudamiento y moratorias
Ante el corte de las transferencias, la administración decidió priorizar la compra de alimentos, medicamentos y el abono de salarios. "Las estamos solventando con deudas", detalló Fonerod al describir la compleja ingeniería financiera para mantener las puertas abiertas.
Para evitar el desabastecimiento, tuvieron que renegociar las cuentas corrientes y pedir mayores plazos a los frigoríficos y farmacias. Además, debieron ingresar a un plan de facilidades en Arca para poder regularizar las contribuciones a la seguridad social adeudadas desde diciembre.
Demoras y el fantasma de 2001
Más allá de la falta de dinero, las instituciones enfrentan serios escollos burocráticos que dificultan la prestación médica diaria. Pami redujo significativamente diversas coberturas y el programa Profe puede demorar hasta dos meses en autorizar un antibiótico de urgencia.
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El administrador no dudó en comparar este nivel de deterioro con el colapso histórico del país. "Recuerdo el 2001 y la pandemia, pero una ausencia en el pago de las prestaciones por más de 90 días no la recuerdo", sentenció.
La falta de oficinas de atención presencial del programa nacional en Córdoba agrava aún más la falta de respuestas concretas. El único encuentro reciente con funcionarios se logró en Buenos Aires tras una nota oficial enviada por la Conferencia Episcopal Argentina.
