Salud. Crisis en discapacidad: instituciones advierten que están al borde del cierre

Centros prestadores de discapacidad nucleados en Córdoba denuncian que están al borde del cierre. A los crónicos problemas de desfinanciamiento por la falta de actualización de aranceles, se sumó la demora en los pagos de la obra social de jubilados (Pami) y de Incluir Salud.

Esos son fondos que hoy dependen del Ministerio de Salud de la Nación después de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Tres organizaciones que en Córdoba brindan prestaciones aseguran que se encuentran al límite. Las demoras en los pagos y la falta de actualización de los aranceles dificulta el funcionamiento. Advierten además que no pueden hacerle frente a los honorarios de los profesionales que trabajan en esas instituciones.

Aseguran que las tres fuentes de financiamiento (Pami, Incluir Salud y las obras sociales sindicales) pagan aranceles con demora y desactualizados.

Por su parte, voceros de la obra social de jubilados Pami informaron a La Voz que no existe deuda precedente con los prestadores de discapacidad de Córdoba, pero admitieron que “con algunas entidades, existe una deuda corriente que se saldará antes del 31 de marzo”.

Christian Combina, miembro del Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación (Epar) Villa Bustos de Santa María de Punilla, denunció que Pami frenó la cadena de pagos. “Las prestaciones de diciembre deberían haberse pagado en febrero. Pero las abonó recién el 13 de marzo. No tenemos ninguna comunicación que nos asegure que cobraremos lo de enero”.

El retraso en el pago de la obra social de jubilados también fue advertido por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y algunas clínicas privadas.

En el caso de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, se suma la deuda de Incluir Salud de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“A algunas instituciones les deben desde octubre y no hay miras de que esto mejore. Los trámites se hacen a distancia. No hay ningún horizonte de pago por parte de la agencia”, agregó Combina.

Por su parte, Federico Galíndez, quien trabaja en la Fundación Jorge Bonino de Alto Alberdi y es vocal de la Federación Converger, aseguró que la institución no recibe los fondos de Incluir Salud desde octubre. “Nos dijeron que están armando un nuevo organigrama y un cronograma de pagos, pero no nos comunicaron cómo va a ser. Eso nos genera una incertidumbre muy grande”.

Galíndez señaló que el paso de la agencia a una secretaría del Ministerio de Salud conlleva un retroceso muy grande. “La disolución de la agencia no sólo conlleva un problema presupuestario.

También es un dilema conceptual porque se deja de considerar a la discapacidad como una cuestión social y cultural, para pasar a un modelo médico hegemónico que no tiene en cuenta la importancia de la integración de estas personas”.

Los referentes aseguran que los problemas de financiamiento no son nuevos, pero se agudizaron en los últimos años.

“La ley de emergencia en discapacidad no se aplica. No nos ha llegado ningún alivio. La inflación sigue avanzando y los aranceles se mantienen atrasados respecto a los costos que conlleva mantener una institución. Entonces una demora de un día nos impacta mucho más que en años anteriores”, agregó Rodrigo Young, miembro de la Fundación Otium.

Por falta de fondos, los problemas edilicios y reparaciones en las instituciones no se solucionan. Y mantienen serias dificultades para hacerle frente a los honorarios de los profesionales.

Muchos centros corren el riesgo de cierre, poniendo en riesgo a personas con discapacidad que se albergan en esos hogares privados y no cuentan con contención familiar.

Las tres instituciones forman parte de la Federación Converger. Por otra parte, otras organizaciones como Capredi y la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) planean medidas de protesta para visibilizar la situación, como una manifestación en Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba.

En el reclamo también se suma la Cámara de transportistas.

“Estamos viviendo momentos de angustia y de incertidumbre. Tenemos un rol social con la comunidad que no podemos abandonar, pero el contexto no ayuda”, finalizó Young.

Fuentes de la obra social de jubilados Pami aseguraron que las prestaciones de enero se depositarán antes del 31 de marzo. “El pago va a salir”.

A su vez, aclararon que no tienen deudas precedentes.

“Lo que existe con algunas entidades es una deuda corriente que se va a saldar antes del 31 de marzo”, insistieron.

La Voz consultó con prensa del Ministerio de Salud de la Nación pero no obtuvo respuestas.