Crisis. Denuncian cortes en la cadena de pagos para los tratamientos de personas con discapacidad y anunciaron un paro

El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una situación crítica en Argentina. Instituciones, profesionales y familias denunciaron que desde diciembre se produjo un corte en la cadena de pagos de las prestaciones, lo que compromete el funcionamiento de centros y servicios que atienden a miles de personas en todo el país.

Ante este escenario, organizaciones del sector anunciaron un cese de actividades para los días 13, 18 y 19 de marzo, en reclamo por el atraso en los pagos y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Según explicaron en un comunicado conjunto, la situación afecta a prestadores que trabajan con financiamiento de organismos como Pami, Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales.

Las organizaciones sostienen que, pese a la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las medidas previstas para sostener al sector todavía no se aplicaron.

“Ninguna de las medidas de apoyo a los prestadores previstas en la ley fue efectivizada ni llegó a las manos de quienes brindan las prestaciones”, señalaron en el documento difundido por entidades del sector.

Además, cuestionaron que los aumentos de aranceles otorgados por el Gobierno nacional resultan insuficientes para cubrir los costos operativos de instituciones y profesionales.

Según indicaron, esto pone en riesgo la continuidad de terapias, tratamientos y acompañamientos que reciben personas con discapacidad en distintos puntos del país.

La reglamentación de la ley fue publicada el 4 de febrero a través del Decreto 84/2026, que establece procedimientos para su implementación.

Sin embargo, las organizaciones señalaron que no se reglamentaron aspectos vinculados al financiamiento del sistema, como los recursos destinados a pensiones, servicios prestacionales y políticas de fortalecimiento institucional.

A esto se suma la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 2 de marzo, que fija nuevos procedimientos para la conversión de pensiones no contributivas a la Pensión por Discapacidad para Protección Social.

Según las entidades, la normativa reintroduce instancias de auditoría y requisitos que fueron cuestionados previamente en la Justicia.

También establece un plazo de 30 días para presentar documentación, entre ella el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que -según el sector- podría generar dificultades para muchas personas.

El sector advirtió que la falta de pagos por parte de los organismos financiadores afecta directamente la sostenibilidad de los servicios. “Si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza”, señalaron en el comunicado.

Las organizaciones también alertaron sobre el impacto laboral en miles de profesionales que trabajan en terapias, acompañamientos y atención especializada.

Frente a la falta de respuestas oficiales, las organizaciones anunciaron un cese de actividades los días 13, 18 y 19 de marzo en instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad.

La medida incluirá a centros terapéuticos, profesionales independientes y organizaciones que dependen de pagos de obras sociales y programas estatales.

Desde el sector reclamaron el "pago inmediato de las prestaciones adeudadas, el cumplimiento efectivo de la ley vigente y la implementación de medidas urgentes que permitan sostener a las instituciones y asegurar el derecho a la atención de las personas con discapacidad".