Ciudad de Córdoba. Las cooperativas de "naranjitas" advierten que son las que “administran la pobreza”: cuántos son hoy
Piden ser parte de la solución y sostienen que la prohibición sin alternativas dejaría a cientos de familias sin ingresos. Son 450 los registrados en seis cooperativas, pero además afirman que hace 17 meses no tienen una actualización de la tarifa que es de 500 pesos.
“En este momento, las cooperativas administramos la pobreza”, dijo a La Voz Key Massaccesi, referente de la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados (CVA) de cuidacoches de la ciudad de Córdoba.
La dirigente resumió la situación social que atraviesan los “naranjitas”, en medio del debate por el proyecto del Gobierno provincial que busca prohibir la actividad ilegal de cuidacoches y limpiavidrios en toda la provincia.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, plantea la prohibición como una respuesta a la inseguridad y al uso del espacio público.
Sin embargo, desde las cooperativas de trabajadores aseguran que la solución no puede ser únicamente prohibir, sino regular, organizar y generar alternativas laborales reales para quienes viven de esta actividad.
Actualmente, en la Capital funcionan seis cooperativas de cuidacoches: CBA, Aparcar, La Unión, El Progreso, Tosco Vive y Bicentenario Social. En total reúnen a más de 450 trabajadores registrados, pero aseguran que el sistema podría ampliarse hasta alcanzar unos 2.000 puestos de trabajo si existiera decisión política y planificación.
La mayoría de quienes integran estas cooperativas son personas mayores de 50 años, jefas de hogar, jubilados que mantienen a sus nietos o familias enteras que dependen de este ingreso diario para subsistir.
La oposición apoya la prohibición de los naranjitas, pero acusa a Llaryora de oportunismo
"Estamos organizados"
Los trabajadores organizados buscan diferenciarse de los cuidacoches ilegales. Remarcaron que sostienen tarifas fijas, cumplen horarios, están identificados con credenciales y chalecos, además de garantizar seguridad a los automovilistas y un estacionamiento ordenado.
Massaccesi sumó que son trabajadores esenciales porque además de cuidar el vehículo a los usuarios para que no les roben, controlan el estacionamiento y lo organizan, acompañan a los usuarios a cruzar las calles, entre otras tareas. “Eso no se tiene en cuenta”, sumó.
La actividad se encuentra encuadrada en la ordenanza municipal 10.425, que regula el sistema de estacionamiento medido y controlado en la vía pública fuera de las zonas de parquímetros. Actualmente, la tarifa es de 500 pesos la hora, aunque sostienen que hace 17 meses no se aumenta y que debería rondar los 950 pesos.
“Demostramos que estamos organizados. La ordenanza establece que el municipio nos acompaña con la credencial, la chaquetilla, el ticket. El instrumento está, pero no se aplica”, señaló Massaccesi.
La referente también aseguró que las cooperativas presentaron proyectos alternativos para mejorar el sistema, algunos incluso aprobados, pero que luego no se implementaron. “Hace 16 meses que esta gestión no nos recibe. La estamos pasando mal”, afirmó.
Además, Noel Quinteros, referente de la cooperativa Tosco Vive, que reúne a 70 personas que trabajan como naranjitas legales en zonas de Observatorio y Tribunales II, sostuvo: “Se nota cada vez más la necesidad de trabajo. Nosotros recibimos a las personas, pero no alcanzan las calles para todos”.
Y aseguró que el debate sobre la reconversión laboral no puede ignorar la realidad del mercado de trabajo. “Yo soy carpintero, sé lo que es aprender un oficio, tener herramientas y después salir a buscar trabajo. No es tan fácil", afirmó.
La prohibición de naranjitas ilegales y limpiavidrios: "Buscamos una herramienta para poder actuar"
Relevamiento y propuestas
"Hay que asumir que el Estado fracasó: llevamos 51 años con el mismo problema y nadie lo resolvió”, indicó Quinteros.
Desde su perspectiva, la solución debería comenzar con un relevamiento serio de las personas que trabajan en la calle, su situación familiar y laboral, y a partir de allí diseñar políticas públicas.
"En su momento presentamos el proyecto Nube que lo armamos con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que combina lo virtual con los recursos humano", resaltó.
Y subrayó que si se quiere resolver el problema, se puede. "Está la UNC, la Pastoral Social. Hay que generar puestos de trabajo. La pregunta es: si se prohíbe la actividad, ¿a dónde van a ir esas personas?”, planteó Quinteros.
También añadió que “no hay acompañamiento. Nosotros podemos hacernos cargo del sistema, pero necesitamos reglas claras”.
Demonización del trabajo
Las cooperativistas también denuncian que existe una “demonización” del trabajo de los "naranjitas", que muchas veces son tratados como delincuentes.
Massaccesi añadió: “Hay una demonización con el color naranja en la que estamos incluidos”.
Y remarcó que la cooperativa capacita a sus socios con escolarización y cursos de oficios. “Hay un negocio que algunos se lo quieren quedar”, indicó.
Karina Márquez, de la cooperativa Bicentenario II con cuidacoches registrados en espectáculos públicos, contó que muchos trabajadores tienen miedo de ir presos incluso estando identificados.
“Hay compañeros que terminaron presos por llamados anónimos. Amenazan con ponerte una causa y por miedo se tienen que ir. Hay demonización y discriminación”, afirmó.
En esa cooperativa, la mayoría de las trabajadoras son mujeres, sostén de hogar; otros no saben leer ni escribir y también hay discapacitados. “Son familias enteras que viven de esto. Y muchas veces son humilladas”, sostuvo Márquez.
Llaryora avanza en la prohibición de "naranjitas" ilegales y limpiavidrios
"Queremos que nos dejen trabajar"
Cristina Maldonado, de la cooperativa Aparcar, trabaja como naranjita desde hace 20 años en la zona de San Vicente. Son 16 socios que trabajan de manera organizada y registrada.
“Les pasamos los nombres y los documentos a la comisaría para que no los lleven presos. Queremos que nos dejen trabajar”, dijo.
Maldonado también descree de la reconversión laboral para personas mayores. “La mayoría tiene más de 55 años, es muy difícil que consigan otro trabajo”, explicó.
Otro de los testimonios es de Adriana Alarcón (57 años), quien trabaja como cuidacoches desde hace más de diez años en la zona del Polo Sanitario y mantiene a un hijo de 31 años con discapacidad. Es jefa de hogar y ese ingreso es el único que tiene. “Si me sacan este trabajo, no sé qué hago”, dijo.
En el caso de Valeria (42), quien trabaja en la zona de Tribunales II y también es jefa de hogar con tres hijos, ella durante años trabajó de manera informal hasta que pudo ingresar a la cooperativa Tosco Vive en 2021.
“Siempre estuve en la misma cuadra. Nosotros cuidamos que no roben los autos y ayudamos a los vecinos. Pero muchas veces la gente no valora nuestro trabajo”, contó.
Para ella, dejar la actividad significaría perder su único ingreso. “No es que no queramos otro trabajo, el problema es que no hay”, afirmó.
Respuestas ante la crisis
Desde las cooperativas insisten en que la reconversión laboral puede ser una salida, pero debe ser gradual y con empleo real. También proponen ampliar el sistema cooperativo, mejorar el control sobre quienes trabajan de manera ilegal y generar políticas sociales para abordar problemas como las adicciones y la exclusión social.
“En momentos de crisis, las cooperativas somos las que estamos en condiciones de hacernos cargo del sistema”, sostuvo Quinteros.
Pero advirtió que el problema es más profundo. “La foto no se une con la película. Todos los días recibimos gente desesperada buscando trabajo. Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución”, concluyó.
