Decisión política. Llaryora avanza en la prohibición de "naranjitas" ilegales y limpiavidrios

En un movimiento político de impacto que busca dar respuesta a la problemática de la seguridad y el uso del espacio público, el gobernador Martín Llaryora tomó la decisión de impulsar la sanción de una ley para prohibir la actividad de los "naranjitas" ilegales y los limpiavidrios en todo el territorio provincial.

Una vez que se apruebe la nueva normativa, sólo podrán ejercer la función de cuidacoches aquellas personas que estén registradas en los municipios. "Buscamos que quienes cuiden autos en las zonas habilitadas lo hagan de manera registrada y con una tarifa prefijada de antemano o que sólo sean controladores del estacionamiento", dijeron a La Voz desde el Gobierno provincial.

La decisión política de avanzar con un tema que se sabe es polémico, pero que tiene aval de amplios sectores de la sociedad, se tomó el viernes pasado, pero recién este domingo fue comunicada de manera oficial. Según pudo saber La Voz de fuente del Panal, la intención del oficialismo es tratar la iniciativa "durante abril y lo más rápido posible".

"En la Legislatura hay varios proyectos presentados al respecto. Sobre la base de alguno de esas iniciativas, incorporaremos lo que creemos que tiene que tener la normativa", aportó otra alta fuente del Panal.

El viernes, el tema fue abordado en una reunión de la que participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas. También fueron parte del cónclave en el despacho del gobernador los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Daniel Pastore (Comunicación), el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.

En la amplia convocatoria de autoridades que realizó el Gobierno quedó de manifiesto la intención del Ejecutivo de darle a la medida un respaldo institucional y legislativo fuerte.

Según se informó oficialmente a través de un comunicado en la red social X, la premisa de la gestión provincial es clara: "Vamos a impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia".

No obstante, se aseguró, el proyecto –que aún no está redactado– busca "respetar y fortalecer la autonomía municipal, tal como lo establece la Constitución".

Bajo este nuevo esquema legal, la responsabilidad primaria sobre el uso del espacio público recaerá en los gobiernos locales. Serán los propios municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los cuidacoches en sus respectivas jurisdicciones.

"Una vez aprobada la ley, sólo aquellos cuidacoches bajo algún tipo de registración con los municipios podrán llevara adelante la tarea. El resto será sujeto a las fuerzas del orden", dijo una fuente a La Voz.

"Han tomado la calle con violencia. A eso no lo podemos permitir", sumó un ministro consultado al respecto. "Esto ayudará a los 'naranjitas' legales. Hay muchas personas que hacen muy bien su trabajo desde hace años y la gente los respeta y confía en ellos. Esta normativa es para sacar a los ilegales, que son los que generan violencia", aportaron cerca del gobernador.

El comunicado difundido este domingo aclara que, en los casos donde se decida permitir la actividad, los gobiernos locales "deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control". "Estamos pensando en algún código QR con el que se pueda verificar que están habilitados", dijeron a La Voz desde el Panal.

Por el contrario, en todos aquellos lugares donde no medie una autorización explícita por parte del municipio, "la actividad estará prohibida". "Con la nueva ley, la Policía podrá actuar preventivamente", aportó uno de los participantes a la reunión que se realizó el viernes en el Centro Cívico.

La decisión oficial llega luego de una semana en la que un oficial de la Policía terminó baleado por la disputa de dos "naranjitas" por el control del espacio público.

Consciente del impacto social que esta regulación implica, el Gobierno Provincial enfatizó que la prohibición no es una medida aislada, sino que forma parte de un plan integral de contención. En ese sentido, la administración de Martín Llaryora aseguró que se avanzará en "programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen".

El objetivo sobre este punto, dice la Provincia, es generar "oportunidades concretas para quienes hoy desarrollan estas actividades", facilitando su transición hacia la economía formal.

Llaryora comprometió ayuda económica a los municipios que tomen medidas para sacar de las calles a los limpiavidrios. "No pueden estar en las calles. Son un peligro en la vía pública. Los vamos a ayudar", dijo una fuente oficial. En el Gobierno afirman que la problemática de los limpiavidrios es casi exclusiva de la Capital.

Cabe recordar que a finales de 2025, el oficialismo intentó avanzar con una iniciativa parecida a través de la modificación del Código de Convivencia. Sin embargo, en ese momento, esa idea encontró un fuerte rechazó de varios sectores, entre ellos el de la Iglesia, con una severa crítica del arzobispo Ángel Rossi.

Según expresaron las autoridades provinciales, "el objetivo es claro: ordenar el uso del espacio público con reglas precisas, fortalecer el rol de los municipios y acompañar este proceso con alternativas de inclusión laboral"

Como ya publicó La Voz, en la Legislatura hay varios legisladores que tienen presentadas iniciativas sobre la problemática. El liberal Gregorio Hernández Maqueda lleva desde 2024 un reclamo para prohibir esta actividad, aunque nunca consiguió en el recinto contar con los votos para su tratamiento.

La decisión de Llaryora fue celebrada por Hernández Maqueda. "Tras más de tres años de lucha ininterrumpida, con banca y sin banca, logramos que un Gobernador de Córdoba reconozca la grave situación que atravesamos los cordobeses con la extorsión en el espacio público por parte de naranjitas y limpiavidrios", expuso en X el legislador, el primero en impulsar medidas de este tipo.

Según pudo saber este medio, el oficialismo tomaría como base un proyecto presentado por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño que tiene el visto bueno de algunos legisladores oficialistas. "Nos parece que la iniciativa de Agost Carreño incorpora muchos de los conceptos que nos interesa que estén contemplados", dijo un vocero oficial a La Voz.

El proyecto del oficialismo que ingresó en 2025 establecía que para el cuidado de vehículos se mantenía la exigencia de la habilitación para trabajar. Además, las sanciones se endurecían: hasta 50 Unidades de Multa (cada una representa el valor de un litro de nafta normal de YPF), seis días de arresto o trabajo comunitario. Mientras que en inmediaciones de espectáculos públicos, las penas se duplicarían.

El proyecto de Hernández Maqueda insistirá con eliminar el artículo 60° y limitar a los cuidacoches; además de una segunda propuesta para sancionar a quienes soliciten retribución económica por la limpieza de los vidrios.

La propuesta de Agost Carreño guarda algunas similitudes con el oficialismo, aunque con diferencias en las sanciones y con la posibilidad de que los limpiavidrios, por ejemplo, trabajen sólo si cuentan con un permiso. Se establece en esta iniciativa que la utilización del espacio público para el cuidado de vehículos y la limpieza de parabrisas o superficies vidriadas “sólo podrá realizarse con autorización.

Y que los infractores serán sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multa de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta tres días si no contaran con una autorización o si exigieran dinero.

Dante Rossi (Construyendo Córdoba), junto con Patricia Botta (PRO), presentaron otro proyecto que sugiere que se declare la emergencia en materia de estacionamiento, prohíbe “naranjitas” en la zona donde está el sistema controlado por la Municipalidad de Córdoba y los reubica para el cuidado de coches mediante programas Primer Paso, siempre que cuenten con certificado de buena conducta.

Hay un quinto proyecto del legislador radical Matías Gvozdenovich que acompaña la idea de Hernández Maqueda y pone límites a quienes no estén autorizados.