Polémica. La oposición apoya la prohibición de los naranjitas, pero acusa a Llaryora de oportunismo
Legisladores libertarios, radicales y juecistas coincidieron en la necesidad de terminar con la actividad ilegal, pero cuestionaron el alcance del proyecto. Hablan de “tibieza”, “humo” y una reacción tardía tras el caso del policía baleado.
La decisión del gobernador Martín Llaryora de avanzar con una ley para prohibir los naranjitas ilegales y a los limpiavidrios abrió un frente de respaldo oficial, pero sobre todo de críticas políticas desde la oposición, que pone en duda tanto la eficacia como la intención de la iniciativa.
El proyecto (aún sin letra fina) busca restringir la actividad a cuidacoches registrados por los municipios, con tarifas prefijadas y mecanismos de control. En paralelo, promete programas de reinserción laboral. Sin embargo, el anuncio, que el oficialismo pretende tratar “lo más rápido posible” en la Legislatura, quedó rápidamente bajo fuego cruzado.
El libertario Gregorio Hernández Maqueda, uno de los dirigentes que más impulsó el tema en los últimos años, combinó reconocimiento con desconfianza. “Con este anuncio, se cierra una etapa”, afirmó, y destacó que “tras más de tres años de lucha ininterrumpida (…) logramos que un gobernador de Córdoba reconozca la grave situación que atravesamos los cordobeses con la extorsión en el espacio público”.
Pero inmediatamente marcó un límite político: “El próximo paso debe ser intentar consensuar un proyecto de ley que no sea una nueva trampa llaryorista”. En ese sentido, fue categórico sobre el alcance que debería tener la norma: “Para nosotros, es innegociable la prohibición de naranjitas ‘legales’ de cooperativas, como de los que ya son ilegales”.
El planteo expone una de las principales grietas sobre el proyecto: mientras el Gobierno provincial apuesta a regular y formalizar parte de la actividad, un sector opositor exige su eliminación total. Hernández Maqueda también advirtió sobre un problema estructural de la política local: “Los cordobeses no estamos más para leyes escritas (…) que no se vean luego materializadas en la realidad cotidiana”.
Críticas del juecismo
Desde el juecismo, la crítica fue más directa y apuntó a la gestión municipal. La dirigente Nancy Almada calificó la iniciativa como insuficiente y oportunista: “Prohibir los naranjitas sin un plan real es puro humo”.
La prohibición de naranjitas ilegales y limpiavidrios: "Buscamos una herramienta para poder actuar"
En su diagnóstico, el problema no radica sólo en la actividad ilegal, sino en la ausencia del Estado. “El problema de fondo es la ausencia total de la Municipalidad de Córdoba, que abandonó el control de las calles teniendo 30.000 empleados”, señaló.
Almada fue más allá y cuestionó la coherencia del oficialismo: “Hoy, ante una iniciativa opositora que la gente apoya por hartazgo, Llaryora y sus funcionarios salen a buscar el diario”. Y endureció el tono al describir la política de seguridad como una estrategia superficial: “Llevan gente presa para la foto y al otro día están delinquiendo de nuevo. Es una puesta en escena constante”.
Su crítica también se extendió al proceso institucional. “En Córdoba la independencia de poderes no existe: vemos al Ejecutivo metido en la Legislatura bajando línea sobre qué leyes sancionar”, sostuvo, en una acusación que trasciende el tema puntual y apunta al funcionamiento del sistema político provincial.
Desde La Libertad Avanza, el legislador Agustín Spaccesi reforzó la línea dura contra el proyecto y contra el propio gobernador. “No a los naranjitas y limpiavidrios que viven apretando a la gente”, planteó, pero advirtió que la solución propuesta puede derivar en un problema adicional.
“Las conductas que perjudican a los cordobeses no dependen del intendente de turno, que con esta facultad montará ejércitos de militancia política”, cuestionó, en referencia a la delegación de la regulación en los municipios.
Spaccesi también apuntó al tono del anuncio oficial: “Abandone tanta tibieza o la astucia para hacer creer que cambia algo cuando no cambia nada”. Y cerró con una exigencia concreta para Llaryora: “Prohíba naranjitas y limpiavidrios en toda la provincia de Córdoba”.
La UCR, contra la demora
En el radicalismo, las críticas se enfocaron en la coherencia política y en la demora del oficialismo. La legisladora Alejandra Ferrero recordó antecedentes legislativos para marcar contradicciones: “Hace dos años la oposición, con Maqueda a la cabeza, propuso eliminar los naranjitas ilegales y lo votaron en contra, ahora lo quieren proponer”.
El señalamiento apunta a un patrón que la oposición intenta instalar: proyectos rechazados en su momento que luego son retomados por el oficialismo cuando el clima social cambia. En esa línea, Ferrero ironizó sobre futuras coincidencias: “Ojalá el año que viene acepten el aumento salarial del 20% a la Policía”.
Llaryora avanza en la prohibición de "naranjitas" ilegales y limpiavidrios
Más directo fue el también radical Matías Gvozdenovich, quien vinculó la decisión política con el reciente episodio de violencia que dejó a un policía baleado. “Tuvieron que esperar que balearan a un policía para entender que esto era un problema grave”, lanzó.
El legislador cuestionó la falta de escucha del oficialismo: “Hace tiempo les presentamos soluciones en la Legislatura pero ustedes nunca escuchan a la oposición”. Y rechazó uno de los ejes centrales del proyecto: “No le tiren toda la responsabilidad a los municipios, háganse cargo y banquense las consecuencias”.
En conjunto, las reacciones opositoras revelan un punto de coincidencia y varios de conflicto. Hay consenso en que la situación de los “naranjitas” ilegales y los limpiavidrios es un problema de seguridad y de uso del espacio público. Pero ese acuerdo termina ahí.
Las diferencias aparecen en tres niveles: el alcance de la prohibición (total o parcial), el rol de los municipios (autonomía o delegación excesiva) y la credibilidad de la medida (política estructural o reacción coyuntural).
