Ciudad de Córdoba. Animales judicializados: sin refugios públicos, sus destinos dependen de ONG colapsadas
Tras rescates por maltrato o criaderos ilegales, la Justicia no tiene dónde alojar a las mascotas y depende de protectoras saturadas. Además, el Concejo Deliberante debate una normativa para definir qué organismo debe intervenir en casos de animales domésticos o silvestres.
En la ciudad de Córdoba preocupa qué hacer con los animales secuestrados por la Justicia, una problemática que va en aumento y que aún no tiene solución.
La situación se enmarca en el destino de cientos de perros que son rescatados de criaderos ilegales, hacinamiento, maltrato y crueldad.
Hasta ahora hay un vacío legal sobre el tema: ¿adónde llevarlos? ¿Qué responsabilidades y qué competencias tienen la Justicia, el municipio y las entidades proteccionistas? Estos son algunos de los puntos que se plantean luego de que el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para la creación del Hospital Veterinario Municipal Córdoba con atención gratuita.
Generalmente, cuando la Justicia interviene en el rescate de los animales, contacta a las proteccionistas o a adoptantes para dejarlos a su cuidado.
Una de las fiscalías que investiga casos de denuncias por maltrato animal es la de Instrucción Distrito II, Turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, que trabaja con las organizaciones protectoras. "En nuestras causas son ellas quienes se hacen cargo. Hasta ahora lo podemos resolver de esa manera", explicaron desde la fiscalía.
Y agregaron que, cuando el animal está en riesgo, también solicitan ayuda a fundaciones o al Ente BioCórdoba, para algunos casos.
Una de las alternativas que se discuten en el Concejo Deliberante es avanzar en un Código de Bienestar Animal para resolver el problema con animales domésticos o silvestres.
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Cada vez más animales rescatados
Desde la fiscalía de Pérez Moreno indicaron que, si bien no tienen una estadística afinada, cada vez hay más denuncias por maltrato animal y por causas donde actúan.
El abogado Iván Mochkofsky, presidente de la Fundación Justicia Animal y Ambiental, contó a La Voz que hace dos meses recibió una denuncia por maltrato animal a través de la aplicación justicia-animal.org sobre 30 perros hacinados en una vivienda.
"Fue la primera denuncia ingresada en la app, pero no se pudo secuestrar a todos los animales porque no hay un lugar donde alojarlos. El Estado no dispone de espacios ni de recursos para esto y depende de fundaciones y de adoptantes", indicó el abogado.
Por eso, insistirá en que el municipio habilite un lugar para estos casos hasta darlos en adopción, porque la falta de infraestructura impide o demora los procedimientos, y los animales siguen sufriendo.
Agregó: “La situación es grave y se repite porque no hay una política pública clara ni responsables designados para el cuidado de cada vez más animales secuestrados por maltrato”.
Maximiliano Canziani, presidente de Proyecto Animal, una rescatista que colabora con los animales judicializados, indicó que se hacen cargo de todo lo relacionado con el animal. "Lamentablemente, ni la Justicia, ni el municipio, ni la Provincia te proveen", afirmó.
Las ONG están saturadas
"Es el Estado municipal, en el caso de la ciudad de Córdoba, el que debe hacerse cargo. Entiendo que los recursos no alcanzan para estas cuestiones, pero se deben articular con ONG como las nuestras", afirmó Canziani.
"Hay un gris. Creo que la responsabilidad es de la Municipalidad, que no tiene un lugar y la Justicia nombra como depositarios a los maltratadores porque no tiene adónde enviarlos y las organizaciones están saturadas", afirmó.
Lo mismo planteó Eve Camuzzi, de Hocicos Felices, quien también colabora con la Justicia. “No tenemos refugios. Cuando nos piden ayuda de las fiscalías, los enviamos a guarderías, y hay que pagar entre $ 100 mil y $ 250 mil por mes (en casos de animales violentos), además de la comida”, contó. Consiguen recursos con rifas, con eventos y con aporte de socios.
Otro de los problemas que planteó es que no pueden mantener a los animales para siempre. "Los tenemos que dar en adopción. Y nos pasó con varios rescatados que después se los devuelven a sus dueños", afirmó.
La solución que planteó la proteccionista es que se usen los caniles de Bouwer para perros judicializados y de acumuladores. "Nosotros estamos colapsados. Además tienen que estar manejados por organizaciones relacionadas con el cuidado de los animales", dijo. Y añadió: "Ahora, no nos dejan ingresar al predio".
Crearon una fundación para llevar a la Justicia casos de maltrato animal
Sin espacios para perros potencialmente peligrosos
Mochkofsky señaló que la Municipalidad no se ocupa de resguardar a los perros potencialmente peligrosos (PPP), sobre los cuales rige una normativa específica, por falta de lugar y de recursos.
"Desde una unidad judicial nos pidieron ayuda para recibir un pitbull. Y hace unos días quisieron rescatar un dogo de maltrato, pero tampoco había lugar donde dejarlo. El tema es que la ley de PPP específicamente establece esa obligación", dijo el abogado.
En ese punto, Camuzzi, de Hocicos Felices, remarcó que "los PPP que salieron del Antirrábico no tienen seguimiento y no sabemos dónde terminan. Las personas no se animan a adoptarlos". Y agregó que en su caso, cuando desde las unidades judiciales le piden ayuda con un animal de este tipo, no puede hacerse cargo.
Plantean la creación de un código de bienestar animal
La Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia municipal, presidida por Nicolás Piloni (HUC), se reunió con concejales y con el Ente Municipal BioCórdoba para definir la creación de un código de bienestar animal.
Se trata de un marco normativo para el manejo de la fauna doméstica en espacios públicos, de la situación de perros potencialmente peligrosos y del servicio de castraciones. Pero que además tiene un aspecto central: definir qué organismo (municipal, provincial, judicial) debe intervenir en caso de un problema con animales domésticos o silvestres.
Fabián Lattanzi, presidente del ente, destacó la próxima apertura del flamante Hospital Veterinario municipal, una idea del Ejecutivo que se compatibilizó con un proyecto del concejal Juan Balastegui (UCR). El centro de urgencias recibirá a animales siniestrados o maltratados, además de sumar un cuarto centro de castración municipal, que estaría operativo a fines de julio próximo.
Además, la concejala Valeria Bustamante (HUC) explicó cuál es el trabajo de la mesa constituida entre concejales para sistematizar la legislación referida a animales, y señaló: “Hay mucha superposición y una necesidad de armonizar, con los órganos de aplicación. Hay 12 ordenanzas y dos decretos".
Y agregó: “Pusimos el foco en el bienestar animal, en la registración de cuidadores responsables y de PPP, como así también de maltratadores”.
Respecto de las sanciones, el doctor Pablo Sánchez Latorrre, uno de los redactores del futuro Código de Convivencia, propuso avanzar en un código de bienestar animal integral y luego remitir la instancia de sanciones al Código de Convivencia.
También recomendó trabajar en la definición de temas como ruidos molestos (ladridos de perros por la noche); no presumir gratuidad en todos los casos de castración; qué pasa cuando el animal es usado para infundir temor; extravío de animales y la posibilidad de ubicarlos con ayuda de la app municipal, y profundizar la registración y trazabilidad de cada animal, entre otras cuestiones.
