La diputada nacional Natalia de la Sota presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, acusándolo de ignorar deliberadamente un fallo judicial de carácter colectivo que obligaba a la cartera sanitaria a normalizar de manera urgente el flujo de fondos destinados a las prestaciones de discapacidad.
La presentación, realizada con el patrocinio letrado de los abogados cordobeses Félix López Amaya y Marta Lastra, actualiza la urgencia de atender la subsistencia de miles de pacientes altamente vulnerables en toda la provincia y el país.
La denuncia se inscribe en una causa colectiva que tramita el juez federal N° 3 de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja.
En ese expediente, el pasado 23 de junio el magistrado ordenó de forma perentoria al Ministerio de Salud de la Nación –en su carácter de continuador de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y administrador del programa Incluir Salud–, como así también al Pami, regularizar en 72 horas hábiles las facturas pendientes de pago.
Asimismo, esta manda judicial también indica que la cartera sanitaria nacional debe a abstenerse de incurrir en nuevas demoras.
Pese a que las autoridades nacionales recurrieron la medida, el juez concedió la apelación con efecto "devolutivo" (no suspensivo), lo que significaba que la orden judicial, mientras tanto, debe ejecutarse inmediatamente.
Según la denuncia de De la Sota de este miércoles, la notificación formal se realizó el 25 de junio, por lo que el plazo legal para cancelar las deudas expiró el pasado miércoles 1 de julio, a las 9.30 horas.
Ante la falta de respuesta y la ausencia de depósitos, De la Sota acudió a la vía penal. "El Gobierno de Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad", disparó la legisladora nacional del bloque Defendamos Córdoba al presentarse en Tribunales federales.
Al fundamentar su rol en la demanda, la diputada argumentó: "Todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente" ante la falta de respuesta estatal.
Delitos y figuras penales
La denuncia de la diputada nacional es taxativa respecto de las responsabilidades que le caben al ministro de Salud. En el texto se solicita la apertura de una investigación penal contra Lugones, apuntando a dos figuras del Código Penal sumamente precisas: "desobediencia judicial (artículo 239)" que operaría por la omisión de cumplimiento a la orden expresa dictada por el juez Vaca Narvaja.
La otra calificación legal es "incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249) por la omisión o demora o retardo injustificado en la ejecución de un acto que legalmente le corresponde realizar dentro de sus funciones ministeriales.
Asfixia de las prestadoras
La presentación judicial incorpora pruebas documentales e informes de diversas entidades de nuestro medio que evidencian el colapso financiero al que han sido arrastradas por las deudas del Estado nacional, que en muchos casos se remontan a diciembre de 2025.
Entre las instituciones locales perjudicadas y que aportaron datos al expediente figuran el Pequeño Cottolengo Don Orione, la Asociación Apadim Córdoba, la Clínica Privada Villa Bustos (C y J Serrano SRL), el Centro Educativo y Terapéutico Mi Lugar, la Residencia Nueva Vida y la organización Alegría Asociación Civil.
Los detalles que surgen de estas organizaciones civiles son elocuentes. Por ejemplo, desde el Cottolengo Don Orione se reportó que la falta de pago acumulada generó un perjuicio multimillonario que los obligó a afrontar sumas siderales en concepto de intereses ante el Arca (organismo del mismo Estado nacional) por aportes de seguridad social impagos, además de haber tenido que discontinuar la entrega de medicamentos básicos y desdoblar el pago de los haberes a sus propios trabajadores.
A su vez, desde el centro Mi Lugar se advirtió al tribunal que la interrupción de la periodicidad en los pagos "pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable".
Frente a este escenario de quebranto, el Ministerio de Salud nacional justificó las dilaciones bajo el argumento de que los retrasos responden a la "razonabilidad" de los circuitos administrativos de auditoría, revisión y control presupuestario implementados a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) para garantizar la "eficiencia" de las cuentas públicas.
Piden a las universidades incluir la discapacidad en la enseñanza de todas las carreras
Sin embargo, en los fundamentos que nutren la presentación de De la Sota, se recupera el criterio doctrinario del amparo original, el cual determina que una demora que supere los cinco meses para cancelar prestaciones de salud es totalmente irrazonable y se traduce en una práctica regresiva ilegal.
Por su parte, el abogado patrocinante López Amaya le dijo a La Voz que esta presentación se da "por esta naturalización que está teniendo el Poder Ejecutivo Nacional de no cumplir con las cuestiones vinculadas con la discapacidad, con las universidades y, en el orden provincial con los jubilados, que también sufren la demora en la transferencia de los fondos a la Caja".
"Considero que la denuncia por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario es oportuna, puesto que el plazo de las 72 horas que le impuso el juez para cumplir con las prestaciones que establece la ley 24.901, venció el 1 de julio y no fue cumplido por el ministro. Y es necesaria porque se está generando una corriente desde el Estado Nacional de naturalización del incumplimiento de las sentencias judiciales y en este caso se está afectando a un sector vulnerable como el de los que padecen una discapacidad, que tiene protección constitucional", agregó López Amaya.
Habilitación de feria
Debido a la extrema gravedad de la situación sociosanitaria que atraviesan los titulares de pensiones no contributivas dotados de su correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD), Natalia de la Sota incluyó en su presentación un pedido expreso de habilitación de día y hora para que la actividad judicial no se vea frenada por el receso de la feria del mes de julio.
Si eso ocurriera, el juzgado local que está de turno es el de Alejandro Sánchez Freytes y a él se le enviaría el expediente. De no surgir novedades, este magistrado debería girar las actuaciones al fiscal Carlos Casas Nóblega.
Este instructor o el que le corresponda iniciará su investigación con pedidos de informe al Ministerio y a las prestatarias damnificadas.
