En el debate sobre la adhesión de Argentina al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que promueve el desarrollo de nuevas variedades mediante la concesión de derechos de propiedad intelectual, surge de manera recurrente una comparación inevitable con el principal competidor regional: Brasil.
Lo llamativo del análisis es que, al menos en los papeles, ambos países comparten hoy el mismo paraguas normativo: el acta Upov 78. Argentina adhirió a ese marco en 1994 y Brasil lo hizo en 1999.
Sin embargo, la realidad en el campo –y, sobre todo, en la capacidad para atraer inversiones destinadas al fitomejoramiento– muestra dos escenarios completamente distintos.
El espejismo de la paridad normativa
En las entidades rurales argentinas existe una corriente que sostiene que, si Brasil continúa bajo Upov 78 y su sistema funciona, Argentina no tendría necesidad de avanzar hacia el acta de 1991.
Pero desde la industria semillera advierten que esa lectura simplifica en exceso una discusión mucho más compleja.
Durante los últimos 25 años, Brasil logró fortalecer de manera significativa los derechos del obtentor mediante una reglamentación más estricta y una cultura de cumplimiento que en Argentina todavía encuentra fuertes resistencias.
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Mientras que en el país la excepción del agricultor –el denominado “uso propio”– se ha interpretado históricamente de manera amplia, en Brasil la normativa exige que el productor que desee reservar semilla cumpla con el denominado Anexo 2: una declaración jurada anual que incluye la geolocalización precisa de los lotes.
A eso se suma un rol más activo del Estado brasileño, que fiscaliza y aplica multas severas ante cualquier incumplimiento, lo que marca una diferencia sustancial en materia de control y validación del uso de variedades protegidas.
Los obtentores que operan en Argentina sostienen que Upov 91 no es la única vía para impulsar la inversión en genética, pero sí una herramienta clave para modernizar el marco legal y reforzar el reconocimiento efectivo de la propiedad intelectual.
Sistemas de control: modelos regionales
La brecha entre Argentina y otros países no es sólo normativa. También es operativa.
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En la región existen distintos modelos en los que sistemas privados de fiscalización conviven con el poder de policía del Estado para garantizar el cobro de regalías por el uso de tecnología genética.
Brasil y Paraguay avanzaron con esquemas de control en grano, como el sistema Cultive Biotech en el caso brasileño. Este modelo permite cobrar regalías al momento de la entrega de la cosecha cuando no hubo un pago previo por la tecnología. Brasil aplica este sistema desde hace más de dos décadas, especialmente en soja RR1.
Uruguay, por su parte, desarrolló un esquema distinto. Al tratarse de un mercado más pequeño, el sistema gestionado por Urupov se basa en el control de cultivos. Allí, el productor declara qué variedad reserva y en qué lote, lo que habilita auditorías varietales directamente en el establecimiento.
Sudáfrica aplica mecanismos similares a los de Brasil y Paraguay, apoyados en controles sobre el grano comercializado.
En todos los casos, estos sistemas privados no reemplazan al Estado. El poder de policía –que en Argentina ejerce el Inase– sigue siendo indelegable y se concentra en combatir la semilla ilegal.
Lo que hacen los privados es establecer mecanismos contractuales que les permiten ejercer su derecho a cobrar una regalía por la innovación desarrollada.
La necesidad de reglas claras
La ventaja brasileña no es únicamente agronómica, donde las altas temperaturas dificultan la conservación de semilla para uso propio en buena parte del territorio. También es política y cultural.
La industria semillera del país vecino logró unificar sistemas de cobro simples y eficientes para el productor, algo que en Argentina todavía parece lejano.
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Para quienes impulsan un nuevo marco legal, el país enfrenta hoy una decisión estratégica: continuar con un modelo de uso propio que algunos interpretan como ilimitado y gratuito –o que, en los hechos, vacía de contenido el derecho del obtentor– o avanzar hacia un esquema como el de Upov 91, que mantiene excepciones para los productores, pero bajo reglas más precisas y límites razonables.
La adhesión al acta de 1991 no implica la desaparición del derecho de uso propio, sostienen sus precursores.
Lo que propone es un marco normativo más moderno y flexible, que permite a cada país reglamentar esas excepciones según su realidad productiva.
La experiencia regional deja una enseñanza clara: sin mecanismos que garanticen el retorno de la inversión –ya sea mediante regulaciones más estrictas, como en Brasil, o a través de un nuevo marco legal–, el riesgo es seguir perdiendo terreno en el desarrollo y lanzamiento de nuevas variedades y biotecnologías.
La diferencia hoy es contundente: mientras en 2024 Brasil incorporó al mercado 300 nuevas variedades de soja, en Argentina apenas se sumaron 30.
