Cada tanto, el debate por la propiedad intelectual de las semillas vuelve a germinar en la agenda agroindustrial.
Esta vez, el impulso proviene desde el Gobierno nacional y desde las principales compañías semilleras, que consideran necesario que el país adhiera, como ocurrió en diciembre de 2023 con la Ley Bases, al convenio internacional Upov 91, una versión más estricta del sistema de protección de obtenciones vegetales.
La discusión no es nueva. Desde hace más de una década, la Argentina transita una tensión permanente entre dos visiones del modelo productivo: por un lado, la necesidad de incentivar la innovación genética y las inversiones en investigación; por el otro, la defensa del uso propio de semillas que históricamente caracterizó al sistema agrícola local.
El marco legal vigente en el país se basa en los principios del convenio Upov 78, incorporado a la legislación nacional a través de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Ese esquema reconoce la propiedad intelectual de los obtentores, pero al mismo tiempo permite que los productores reserven parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar nuevamente regalías.
Para buena parte de las entidades del agro, ese equilibrio sigue siendo el pilar que sostiene la competitividad del sistema productivo.
Dos modelos en disputa
El convenio Upov 91, impulsado por la industria semillera y respaldado por distintos gobiernos en los últimos años, introduce cambios significativos respecto de la versión anterior.
Entre ellos, amplía los derechos de los obtentores sobre las variedades registradas, restringe el uso propio y extiende la protección a distintos eslabones de la cadena comercial.
Desde la perspectiva de las empresas de genética vegetal, este esquema es clave para garantizar la rentabilidad de las inversiones en investigación y desarrollo. Argumentan que la creación de nuevas variedades –más productivas, resistentes a plagas o adaptadas a condiciones climáticas cambiantes– requiere años de trabajo científico y fuertes desembolsos de capital.
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En esa lógica, la protección más robusta de la propiedad intelectual sería el incentivo necesario para atraer nuevas tecnologías y posicionar al país dentro del mapa global de innovación agrícola.
Desde la industria señalan, además, que muchos países productores ya adoptaron la versión más reciente del convenio, lo que coloca a la Argentina en una situación de desventaja en términos de acceso a germoplasma y desarrollo tecnológico.
La resistencia del agro
Del otro lado del debate, las principales entidades rurales mantienen una postura crítica frente a la eventual adhesión a Upov 91.
Su principal preocupación radica en el impacto que tendría sobre el derecho al uso propio de la semilla, una práctica histórica que forma parte del modelo agrícola argentino.
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Para los productores, ese mecanismo no sólo reduce costos, sino que también les permite conservar cierto grado de autonomía productiva frente a las grandes compañías proveedoras de tecnología.
En ese sentido, las organizaciones del agro sostienen que avanzar hacia un esquema más restrictivo podría aumentar la dependencia tecnológica y encarecer la producción.
La defensa del sistema vigente se basa en la idea de que la actual normativa ya reconoce la propiedad intelectual de los obtentores, pero sin eliminar un derecho que consideran esencial para el funcionamiento del sector.
Un modelo regional diferente
La discusión también encuentra referencias en el contexto regional. Brasil, el principal competidor agrícola de la Argentina, mantiene un esquema de protección de variedades vegetales basado en los principios de Upov 78.
La decisión no es casual. A diferencia de lo que ocurre en gran parte del territorio argentino, el clima brasileño presenta condiciones que dificultan la conservación de semilla para uso propio entre campañas.
Las altas temperaturas y la humedad predominante en muchas regiones reducen la viabilidad del grano almacenado para siembra, lo que obliga a los productores a adquirir con mayor frecuencia semilla certificada.
Esa característica natural del sistema productivo brasileño explica en parte por qué el debate sobre el uso propio nunca alcanzó allí la intensidad que tiene en Argentina.
Innovación y competitividad
Quienes promueven la adopción de Upov 91 insisten en que el país necesita actualizar su marco regulatorio si quiere mantenerse competitivo en el escenario agrícola global.
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Desde esa mirada, la genética vegetal se convirtió en uno de los principales motores de la productividad agropecuaria, al mismo nivel que la biotecnología o la agricultura de precisión.
En ese contexto, sostienen que un sistema de protección más sólido permitiría acelerar la llegada de nuevas variedades y fortalecer el ecosistema de innovación.
Uno de los principales ejecutivos del negocio global de semillas que opera en el país lo sintetizó recientemente con una idea que resume la posición del sector: la agricultura del futuro dependerá cada vez más del conocimiento incorporado en la genética, y ese conocimiento requiere reglas claras que garanticen su desarrollo.
