Por años, la política habló del campo como si fuera un sector que responde por inercia. Siembra porque siempre sembró. Produce porque siempre produjo. Exporta porque no tiene otra opción. Pero la realidad es más compleja. El agro responde a incentivos. Y cuando estos faltan, se estanca.
Por eso, una frase que el presidente Javier Milei lanzó en la Asamblea Legislativa no pasó inadvertida: “Tenemos las condiciones y las herramientas para producir 300 millones de toneladas”.
No fue una declaración menor. Fue, en rigor, la primera vez en mucho tiempo que un Presidente pone sobre la mesa, ante el Congreso, una meta productiva de esa magnitud. Llegar a 300 millones de toneladas implicaría prácticamente duplicar el volumen actual. No es imposible. Pero tampoco es automático.
El superávit como llave
Milei fue claro en un punto: la baja de los derechos de exportación dependerá del superávit fiscal. Y ahí está la clave. La presión impositiva, particularmente las retenciones, es el principal condicionante de la expansión productiva. Sin una reducción sostenida, difícilmente haya un salto estructural.
El superávit no es un eslogan ideológico para el agro: es la condición para recuperar competitividad. Cada punto que se baja en retenciones es un punto que vuelve a la inversión, a la tecnología, al paquete agronómico. Si el Gobierno logra consolidar equilibrio fiscal, el campo tendrá el estímulo necesario para ampliar área, intensificar manejo y apostar a mayores rindes.
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Pero el Ejecutivo no es el único actor. El Congreso también tiene tareas pendientes.
La Ley de Semillas y el espejo brasileño
La necesidad de una nueva Ley de Semillas volvió al centro del debate. El propio Milei apeló a una comparación incómoda: Brasil triplicó su producción de soja mediante la utilización de semillas con tecnología argentina que, paradójicamente, no logra el mismo reconocimiento en su país de origen.
El caso del semillero Don Mario es paradigmático. En Brasil, más del 70% del área sembrada con soja utiliza su genética y reconoce el pago por propiedad intelectual. En Argentina, aunque la participación ronda el 50%, apenas un 35% remunera la tecnología.
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Sin una norma que proteja la innovación y garantice el cobro por el uso de eventos y de genética, el incentivo para invertir en desarrollo se diluye. Brasil entendió hace años que la tecnología es política de Estado. Argentina aún discute lo básico.
El termómetro de la inversión
En paralelo con el debate político, el ánimo de los productores ofrece una señal alentadora. El Índice Ag Barometer de la Universidad Austral, que mide el clima de negocios en el sector, se ubica en niveles máximos históricos. La medición de enero mostró un aumento significativo en la predisposición a invertir en activos fijos: tierras, maquinaria, vientres para ampliar stock ganadero.
El inicio de 2026 encuentra al productor encuestado con optimismo. La continuidad del rumbo económico tras las elecciones legislativas y la ausencia de un año electoral aportan previsibilidad. No es un dato menor.
Sin embargo, el optimismo convive con prudencia. Un 38% de los productores, aun cuando considere que es un buen momento para invertir, prefiere reforzar capital de trabajo como resguardo frente a contingencias climáticas o de precios. La experiencia enseña.
El crédito bancario tradicional sigue teniendo baja participación. No por falta de proyectos, sino por condiciones incompatibles con la lógica de la actividad. Las tasas reales elevadas desalientan financiamiento de largo plazo. La mayoría financia con fondos propios (61%) o mediante canje con proveedores (49%).
Producción, caja y expectativas
Los números muestran que, en promedio, el productor necesitará destinar el 52% de las ventas de maíz y el 51% de las de soja para cubrir los compromisos asumidos desde la siembra hasta la cosecha. Eso deja un margen de caja razonable, aunque no exuberante.
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Casi la mitad de los encuestados no tiene apuro en vender excedentes. Prefiere esperar mejores precios internacionales o una eventual baja de retenciones. Otros optan por anticipar insumos para la próxima campaña. La compra de maquinaria o hacienda aparece en menor proporción.
La meta de alcanzar los 300 millones de toneladas de granos no es una utopía técnica. Es una decisión política y económica.
