Martín Llaryora y buena parte de sus pares escucharán esta noche al presidente Javier Milei, quien seguramente celebrará la mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen no tener nada enfrente.
Los gobernadores escucharán un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de las administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de algunos sectores industriales y de la situación social.
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en las provincias, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma la Nación. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales también les resta posibilidades de acción territorial y política.
No obstante, si reaccionan en la Asamblea Legislativa como votan los diputados y senadores de sus provincias, la mayor parte de esos gobernadores aplaudirán a Milei. Llaryora entre ellos.
El posicionamiento político del Panal es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del peronismo con la incorporación de intendentes al gabinete –sin mayores consideraciones institucionales, abandonan el cargo para el que fueron votados–, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, pero reclama "igualdad de condiciones" para la golpeada industria automotriz.
La institucional moderación de Llaryora se explica principalmente por su imposibilidad política de cuestionar lo que la mayor parte de los cordobeses apoya. No obstante, los diagnósticos del Panal son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado cordobés que desde hace décadas vive de esa industria que fue perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario parece haber venido a liquidar.
Milei lo hace sin complejos: casi celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y casi nunca habla de producción ni de empleo. Llaryora cuestiona algunas de esas consecuencias con escasa determinación, aunque con más asiduidad que la Unión Industrial de Córdoba.
Cuando se observa el posicionamiento de la dirigencia empresarial provincial –que aplaudirá al ministro Luis Caputo el martes en la Fundación Mediterránea–, el margen político del Panal se evidencia dramáticamente reducido.
Las consecuencias en la propia administración, en cambio, son crecientes. Llaryora sostiene el ajuste en los sueldos públicos pese al malestar gremial en alza; logró amortiguar la caída generalizada de recursos con un bono de U$S 800 millones, y se prepara para firmar nuevos créditos para infraestructura en Washington la semana que viene y para concretar emisiones en pesos.
Otras provincias subsisten gracias al intercambio de votos en el Congreso por ATN. Algunas se balancean al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio: son tantos los frentes abiertos de Axel Kicillof que hasta afronta una rebelión de fiscales por el atraso salarial, y el gobernador más cercano a Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, viene de enfrentar una protesta policial y ahora tiene un conflicto con los empleados públicos por haber incluido en la discusión la eventual suba de la edad jubilatoria. Mañana será contundente en todo el país el paro docente.
El frente más complejo
Con todo, lo que más preocupa en el Panal es la embestida judicial contra la Ley de Equidad Jubilatoria, que reduce los sueldos y jubilaciones más altas y mejora las 52 mil jubilaciones más bajas. En el entorno de Llaryora recuerdan que, semanas atrás, el legislador oficialista Mariano Lorenzo presentó un proyecto de ley que propone un referéndum para consultar a los cordobeses si la Provincia debe seguir pagando jubilaciones más altas –más del doble– que las que paga la Anses.
Es parte de una estrategia tendiente a generar alternativas frente a la catarata de amparos que está registrándose en las cámaras del fuero Contencioso Administrativo.
El Panal lanza así una advertencia que apunta tanto a los gremios que judicializaron la suba de aportes de los estatales para financiar la Caja como al Poder Judicial, que tiene en sus manos la supervivencia de esa ley que además afecta especialmente a los integrantes de la Justicia provincial.
No es la única acción política del Panal por la Caja, en la previa de la negociación con la Nación en la que aspira –al menos– a duplicar desde mayo la cuota de $ 5 mil millones que recibe de la Anses.
Llaryora también viene reiterando que en el último cuarto de siglo el peronismo introdujo sucesivas reformas jubilatorias para hacer soportable para las arcas provinciales ese esquema que nunca salió de una situación deficitaria, pero pocas veces requirió tanto como ahora: el déficit de 2026 se proyecta por encima de los $ 800 mil millones. El argumento oficial se completa con una segunda idea: los cambios se hacen para mantener el sistema previsional en el ámbito de la Provincia y no transferir la Caja a la Nación.
Llaryora-Milei, la pregunta que nadie responde
El razonamiento siempre termina en otra advertencia: un gobierno libertario en la Provincia seguramente intentaría eliminar el déficit de inmediato, y transferir la Caja sería la mejor opción.
Llaryora no sólo anticipa uno de los ejes de la próxima campaña provincial, sino que da por hecho en todas sus decisiones que competirá con un candidato de convicciones libertarias: Luis Juez modela con esmero su alineamiento con Javier Milei –la semana pasada consolidó su enésimo cambio ideológico al sumarse al bloque de La Libertad Avanza–, mientras en el resto del sistema político crece la convicción de que el candidato a gobernador será Gabriel Bornoroni.
El diputado nacional, que cumple con el requisito de carecer de antecedentes políticos, exhibe un alineamiento sin pretensiones, reitera su obediencia a Karina Milei y elude toda referencia a su candidatura a gobernador: no es mucho más lo que pide la lógica libertaria para encumbrar a un dirigente.
Juez, en cambio, sobreactúa un alineamiento que a menudo expone su errante historia política.
El viernes, por ejemplo, llegó al punto de tratar de "terroristas" a quienes se oponían a la modificación de la Ley de Glaciares que él mismo había votado en 2010. Entonces había tenido señalamientos igual de extremos contra los gobernadores cordilleranos, a los que acusó de pretender contaminar con la minería el agua que tomamos todos. En Córdoba no sorprende tanto como en el resto del país.
