Impuestos. Récord agrícola en Córdoba y alta presión fiscal: el maíz muestra la menor carga del Estado
El Índice Fada reveló que en junio de cada $ 100 de renta agrícola, $61,9 se destinan a impuestos. Córdoba vuelve a ser protagonista por producción y aporte fiscal. El maíz es el cultivo con la menor presión impositiva.
En plena cosecha de granos en el país, y con las estimaciones que indican una cosecha récord –tanto a nivel nacional como en Córdoba– la presión tributaria que tiene la agricultura vuelve a cobrar protagonismo. Los últimos datos del Índice Fada (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) vuelven a poner números concretos sobre esa discusión.
En junio de 2026, el peso de los impuestos sobre la renta agrícola alcanzó el 61,9%. Es decir: de cada $100 que genera el campo, $ 61,9 se destinan al pago de tributos nacionales, provinciales y municipales. Aunque el indicador mostró una leve baja respecto del 62,5% registrado en marzo, la carga impositiva continúa siendo elevada.
La fotografía adquiere especial relevancia en Córdoba, principal provincia productora de maíz del país y una de las mayores aportantes a la recaudación nacional por derechos de exportación. Con una cosecha provincial que superaría los 42 millones de toneladas entre soja, maíz, trigo, maní, sorgo y girasol, el aporte cordobés al entramado agroindustrial argentino resulta determinante.
Sin embargo, detrás de los récords productivos aparecen matices. No todos los cultivos enfrentan el mismo escenario económico ni la misma presión fiscal. Y allí surge un dato relevante del informe de Fada: el maíz es hoy el cultivo con menor participación del Estado sobre la renta agrícola.

Mientras la participación estatal alcanza el 61,7% en soja, el 73,6% en trigo y el 68,1% en girasol, en maíz se ubica en el 59%. No deja de ser una carga elevada, pero marca una diferencia respecto del resto de los granos.
Esa menor presión relativa ayuda a explicar, al menos en parte, por qué el cereal continúa expandiendo su superficie y consolidándose como eje del agregado de valor en Córdoba.
El maíz no solo se exporta como grano: también se transforma en carne, leche, bioetanol y alimentación animal, generando empleo e inversiones en el interior.
Sin embargo, ser el cultivo con menor participación estatal no significa estar exento de dificultades. De hecho, el maíz fue uno de los granos que más sintió el aumento de los costos productivos durante los últimos meses.
Su precio mejoró apenas un 1,2% respecto de marzo, mientras que variables clave como los fertilizantes y el transporte continuaron escalando, según los números de Fada.
La urea, uno de los principales insumos de la agricultura, acumula una suba del 48% en lo que va del año, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones sobre el estrecho de Ormuz.
La relación insumo-producto refleja esa presión. Actualmente se necesitan cuatro toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, una señal que preocupa a productores y asesores técnicos.
A esto se suma el aumento de los fletes. Según Fada, el costo del transporte creció un 26% respecto de marzo y un 37,3% frente a junio del año pasado.
"Los aumentos en transporte afectan especialmente a las provincias más alejadas de los puertos", agrega Nicolle Pisani Claro, economista Jefa de al fundación.
El impacto es especialmente fuerte en provincias alejadas de los puertos, como Córdoba, San Luis y La Pampa, donde dos de cada 10 camiones de maíz producidos terminan destinándose a cubrir gastos logísticos.
El contraste aparece en el trigo. La combinación entre una mejora del 15,5% en el precio y la reducción de las retenciones, del 7,5% al 5,5%, permitió mejorar significativamente sus números, aunque siga siendo el cultivo con mayor participación estatal.

Según Fada, del total de impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,7% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, principalmente derechos de exportación e impuesto al cheque. Es decir, recursos que salen de las regiones productivas sin regresar automáticamente a las provincias donde fueron generados.
En Córdoba, el índice se ubicó en el 60,2%, por debajo del promedio nacional, aunque sigue reflejando el fuerte peso del Estado sobre la actividad privada.



