La historia del agro argentino suele escribirse entre dos fuerzas que avanzan en sentido contrario.
De un lado, la tecnología, la innovación y la capacidad productiva permiten alcanzar cosechas cada vez más voluminosas. Del otro, una estructura tributaria que continúa capturando una parte significativa de esa riqueza antes de que llegue a las regiones donde se genera.
La campaña agrícola 2025/2026 vuelve a mostrar esa contradicción con claridad.
Mientras el país se encamina hacia la mayor producción de granos de su historia –165 millones de toneladas–, los productores siguen enfrentando un escenario de rentabilidad ajustada, por la combinación de precios internacionales deprimidos y una elevada presión fiscal.
Los números presentados por Gonzalo Agusto, economista jefe del Departamento de Información Económica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, durante el tradicional encuentro anual con periodistas, ayudan a dimensionar el fenómeno.
La actual campaña deja cifras que hace algunos años parecían difíciles de imaginar.
Argentina alcanzó una cosecha récord de trigo cercana a los 28 millones de toneladas, tuvo una muy buena producción de cebada y girasol, y espera cerrar una campaña de maíz que rondaría los 70 millones de toneladas, también un máximo histórico.
En ese escenario, Córdoba vuelve a desempeñar un papel central. La provincia aportará 42,2 millones de toneladas de granos, incluyendo el trigo, un volumen que la consolida como uno de los principales motores de la agroindustria nacional.
El dato no es menor. Córdoba produce aproximadamente una de cada cuatro toneladas de granos que se generan en el país. Su aporte al entramado exportador, industrial y logístico es determinante para la generación de divisas y para el funcionamiento de numerosas economías regionales.
Sin embargo, la abundancia física no siempre se traduce en abundancia económica.
Los precios internacionales de los granos se encuentran lejos de los valores que impulsaron los mejores años del sector. La soja, por ejemplo, cotiza actualmente en torno de U$S 410 o U$S 415 por tonelada. En términos constantes, está muy lejos de los niveles que alcanzó en 2012, cuando equivalía a casi U$S 900 actuales.
Esta realidad obliga a mirar la producción con una perspectiva más amplia. Cosechar más no necesariamente implica ganar más.
En ese contexto, las retenciones vuelven a ocupar el centro del debate.
Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el Estado nacional recaudará este año alrededor de U$S 5.800 millones por derechos de exportación. De ese total, Córdoba aportará U$S 1.553 millones.
Retenciones: cuánto aporta el agro cordobés
La cifra revela una realidad contundente. Si la provincia representa el 26% de la producción nacional de granos, su participación en la recaudación por retenciones asciende al 27%.
En otras palabras, uno de cada cuatro dólares que ingresan al fisco nacional por derechos de exportación sale de los campos cordobeses.
La situación resulta aún más evidente cuando se analiza el caso del maíz.
Con una producción estimada en 20 millones de toneladas, Córdoba se consolida como el principal polo maicero de la Argentina. Pero ese liderazgo productivo también tiene una contracara fiscal: la provincia aporta el 38% de todas las retenciones que recauda la Nación por las exportaciones de maíz.
Se trata de una transferencia de recursos que excede cualquier discusión estadística. Son fondos que dejan de circular en la economía del interior, que podrían destinarse a inversiones, infraestructura, consumo o agregado de valor y que terminan concentrándose en las cuentas del Estado nacional.
La discusión sobre las retenciones no puede desligarse del contexto fiscal argentino. El Gobierno necesita recursos para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y enfrenta un margen reducido para resignar ingresos.
Sin embargo, también resulta evidente que la competitividad futura del sector dependerá de la capacidad para devolver parte de esos recursos al circuito productivo.
Retenciones: alivio en el mediano plazo
En ese sentido, el decreto 423/2026 abrió una expectativa positiva. El cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación para los complejos cerealero y sojero proyecta que hacia fines de 2028 las alícuotas alcancen sus niveles más bajos en décadas.
Según las estimaciones presentadas por Agusto, esa reducción implicará que Córdoba deje de transferir aproximadamente U$S 600 millones al Estado nacional hasta diciembre de 2028.
Serán recursos que podrán destinarse a una mayor inversión tecnológica, incorporación de maquinaria, compra de insumos, ampliación de capacidad industrial y generación de empleo.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma que el sector agropecuario plantea desde hace años: qué ocurriría si una mayor proporción de la riqueza generada permaneciera en las regiones donde se produce.
El desafío pendiente es lograr que el esfuerzo productivo encuentre una correspondencia más equilibrada en términos de rentabilidad e inversión. Porque producir más siempre es una buena noticia.
