El narconegocio funcionaba como un símil de una auténtica empresa, pero ilegal y dentro de la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba. Liderada por el “pluma” Orlando Raúl “Cuchuco” Martínez, contaba con proveedores de estupefacientes, “pilotos” de drones, un sistema de distribución interno y hasta la “bancarización” de la droga a través de transferencias millonarias.
El fiscal del Tercer Turno de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Cornejo, solicitó enviar a juicio a Martínez (30), Belén Micaela Lourdes Bustos (29), Diego Iván Bustos (31), Diego Omar Bustos (50), Alexis Nicolás Díaz (32), Jonathan José “Gordo Jony” Quinteros (31), Ulises William Allende (20), Jonathan Federico “Campana” Díaz (30), Gonzalo Nahuel Reyna (25), Karen Elina Gastón (30) y Joaquín Nistal (24).
Están imputados, según cada caso, por presunta comercialización de estupefacientes doblemente agravada (por el lugar de comisión y por la intervención de tres o más personas en forma organizada), entrega de estupefacientes a título oneroso agravado (por el lugar de comisión) y tenencia con fines de comercialización agravada.
Los imputados negaron los hechos, entre ellos Martínez, defendido por los abogados Juan Cruz Soria Cangiano y Alejandro González Gattone.
Es la segunda causa reciente en la que el instructor envía a debate a una serie de acusados (algunos presos) por la misma modalidad de tráfico de drogas hacia los intramuros.
La “empresa” de “Cuchuco” Martínez… en Bouwer
La investigación de la “empresa” comenzó cuando la Fiscalía del Primer Turno de Villa Carlos Paz allanó el desarmadero de la familia Bustos en barrio General Mosconi, de la ciudad de Córdoba, en busca de autopartes robadas.
Pero al profundizar la revisión, los efectivos también hallaron cocaína, marihuana, armas de fuego y un dron. De todos los detenidos durante el allanamiento, Diego Omar Bustos (p) y sus hijos, Diego y Belén, Alexis Díaz y “Gordo Jony” Quinteros, la que levantó sospechas fue la mujer.
Ya había quedado bajo investigación del fiscal Cornejo como la encargada de ingresar drogas a la cárcel de Bouwer mediante el uso de drones. Estaba imputada por tenencia de armas y posesión de drogas para la venta.
Con el avance de la pesquisa, los otros dos Bustos, Alexis Díaz y Quinteros quedaron en la mira por tenencia de estupefacientes y encubrimiento de celulares robados. Eso abrió una tercera causa, que luego se acumuló a la principal, por lo tanto ellos, como los otros seis mencionados, acaban de ser enviados a juicio.
Los investigadores detectaron que en la casa de los Bustos, además del desarmadero, funcionaba un “quiosco” de drogas, con “clientes” que llegaban y se retiraban permanentemente a toda hora.
En paralelo, también habría funcionado un local de venta de pollos que no habría sido otra cosa que una fachada para ocultar el rentable “quiosco”, como el local de “Los Pollos Hermanos”, de Gus Fring en la serie Breaking Bad.
Pero lo más llamativo fue lo que contaron los vecinos a los investigadores bajo estricto anonimato para evitar represalias: un constante “zumbido como de abejas” por los drones que sobrevolaban la zona dos o tres veces por semana.
La historia del policía tiktoker que pasó ocho meses preso en Brasil, fue detenido por Interpol y ahora lo condenaron
La hipótesis inicial de los vecinos, de delincuentes que los espiaban con los drones para luego robarles en el momento más conveniente, dio paso a algo diferente: los aterrizajes de los aparatos en el techo de los Bustos.
Identificaron a Alexis Díaz, un tatuador y árbitro de fútbol, los hermanos Bustos y Quinteros, aunque no pudieron precisar quién de todos piloteaba los aparatos durante las pruebas de ensayo.
Ello, sumado a la dinámica de venta de autopartes, llevó a los vecinos a increparlos y a llamar a la Policía. Eso habría motivado que los Bustos presuntamente amenazaran a los vecinos con “balearles la casa”.
Mensajes y vuelos a Bouwer
El peritaje de los celulares secuestrados a los sospechosos reveló que Bustos (h) almacenaba imágenes de un dron que tenía en su poder, ya que fue reconocido por un tatuaje distintivo en uno de los antebrazos.
Bustos mantuvo un diálogo en el que le dijo a su interlocutor que ya tenía la “herramienta”, lo que los investigadores entendieron como una referencia elusiva a los drones con los que habrían ingresado las sustancias a Bouwer. Esa fue la única explicación posible para el fiscal, ya que el sospechoso no realizaba ninguna actividad con esos aparatos.
Así, bajo el presunto mando de “Cuchuco” Martínez dentro de la cárcel, los Bustos, Quinteros y Alexis Díaz habrían hecho “barridos” de ruta en las costosas camionetas en las que circulaban para advertir posibles controles de autoridades hasta el lugar de “despegue” de los drones.
Apostados en las malezas cercanas a la cárcel de Bouwer, habrían “piloteado” los modernos aparatos cargados con drogas y celulares hacia el interior del penal (se sospecha que pudieron haber replicado la misma mecánica en la prisión de Cruz del Eje).
Díaz hasta habría analizado detalladamente una imagen satelital de la cárcel para hacer el “reconocimiento de campo” y calibrar la bajada del dron. De esta forma, la droga “aterrizaba” cerca de las celdas 12 y 12 del pabellón B1, en el módulo MX1, que habría controlado Martínez.
A través de Allende, “Campana” Díaz y Reyna, sus “perros” o subordinados que actuaban como distribuidores y vendedores de la marihuana, Rohypnol y cocaína en los pabellones, habrían utilizado un sistema interno denominado “la paloma”.
Una vez que habrían acercado el preciado bulto hacia el interior de la prisión valiéndose de una escoba y un hilo con un tenedor como gancho “captador”, ponían en marcha “la paloma”.
Aunque rústico, su efectividad habría sido muy alta. Consistía en unir trozos de telas y ropa en la que colgaban una bolsa con los elementos encomendados y arrojarlos al pabellón A2. Desde allí, habrían sido enviados a su lugar de destino a través de otros internos.
Previendo posibles requisas, Martínez y sus “perros” habrían ideado un plan para evitar que los agentes penitenciarios secuestraran la valiosa carga: alojarse con otros internos sin vinculación con la venta de los estupefacientes. Eso les habría garantizado que, en caso de requisas, esos presos se hicieran cargo de lo incautado, “liberándolos” a ellos de culpa y cargo.
La “bancarización” de la droga y la recaudación
La recaudación por la venta interna de las sustancias a los reos habría dejado no pocas ganancias a Martínez, considerado un “dios” en el pabellón B1 por sus constantes aportes materiales a otros internos.
Para evitar la circulación del dinero físico y exponerse a su secuestro, la banda se habría valido de la recepción de los pagos de la droga mediante transferencias de billeteras virtuales y bancarias, “bancarizando” así los movimientos.
La pareja de Martínez, Karen Gastón, y la prófuga Eloísa Oyola (desde afuera de la cárcel) habrían recaudado el dinero en las cuentas a nombre de ellas o de terceros. Una vez reunida la ganancia, la organización habría reinvertido parte de los fondos para la compra de nueva droga y su posterior ingreso al penal, rescenificando el circuito.
Lejos de los beneficios de la tecnología, Martínez habría llevado en este caso un control a puño y letra de las operaciones y recaudación en cuadernos, con valores de los movimientos, descripciones (“pastilla”, “rohypnol”, etcétera), nombres y apodos.
Millones
A pesar que ninguno de los imputados contaba con un trabajo registrado, Bustos (h) recibió suculentas acreditaciones bancarias en 2024 por $ 31,3 millones y $ 12,3 millones en tres meses de 2025.
Alexis Díaz no se quedó atrás y acumuló $ 33,4 millones en 2024 y $ 36,6 millones en 2025. Quinteros registró a su nombre un Peugeot 2008 Feline y depósitos por $ 12,5 millones. Un poco más “recaudó” su novia, Belén: $ 13 millones en dos años.
El fisco advirtió que ninguno podría justificar el origen de los fondos, con lo que la hipótesis del fiscal es que eran los pagos que recibieron por pilotear los narcodrones.
