
Otro revés para Oscar González: lo procesaron por presuntas omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas
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Redacción La Voz
El juez de Control en lo Penal Económico Gustavo Hidalgo condenó un agente de la Policía de Córdoba por haber hurtado una moto del depósito judicial de Potrero del Estado, en la localidad de Bouwer, el célebre “triángulo de las Bermudas” cordobés por la gran cantidad de vehículos sustraídos.
En un juicio abreviado, Kevin Facundo González (32) fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso de autoridad y hurto calificado, por ser miembro de las fuerzas de seguridad. Actualmente, se encuentra en libertad.
El caso se remonta al 17 de noviembre de 2024 por la tarde, cuando dos policías del Cuerpo de Vigilancia Especial Nueva Córdoba observaron a un motociclista sospechoso en la YPF de Villa Revol Anexo, popularmente conocido como “Barrio Chino”.
Notaron que la Honda Falcon que manejaba tenía pedido de secuestro, por lo que lo abordaron y le pidieron la documentación del rodado. El hombre les dijo que había comprado la moto a un tal Pedro Ayrton Aguirre Lobaiza hacía un año.
Para atar cabos, la Policía confirmó que quien le había vendido el rodado era Aguirre Lobaiza. Los efectivos detuvieron al motociclista de la YPF y abrieron una investigación para determinar la procedencia real de la moto.
Así, comprobaron que había sido sustraída del depósito de Potrero y que Aguirre Lobaiza, por una supuesta enemistad en el barrio donde vivía en Córdoba capital, se había mudado a la localidad de Río Primero.
La Justicia intervino su línea telefónica para detectar sus movimientos y lo detuvieron en Río Primero con una pistola nueve milímetros (lo que derivó en otra investigación penal).
Al declarar, Pedro Aguirre Lobaiza dio un dato clave para el fiscal en lo Penal Económico N° 1, Matías Bornancini. Dijo que había “comprado” la moto y que esta se encontraba secuestrada en el depósito de Potrero del Estado en una causa por drogas. Dijo que se la vendió "el policía González".
Señaló que pactó dos pagos y modalidades: uno de $ 125 mil mediante transferencia a la cuenta de Mercado Pago del agente, y un segundo monto en efectivo el día de la entrega del rodado.
Para probar la mecánica, Aguirre Lobaiza entregó a la fiscalía el comprobante de la transferencia. Los investigadores confirmaron que la cuenta de recepción estaba a nombre de González y que efectivamente pertenecía a la Policía de Córdoba.
Sin embargo, González no fue detenido de inmediato porque había viajado al exterior unos dos meses antes de que los pesquisas reunieran pruebas en su contra. Una de las hermanas del agente, que también integra la fuerza de seguridad, confirmó que González se encontraba en Brasil.
El fiscal solicitó entonces la captura internacional y lo detuvieron en marzo de 2025. Pasó unos ocho meses detenido en la cárcel de Jataí, en el estado de Goias, antes de ser extraditado a Córdoba.
Con la asistencia técnica de su abogado Nicolás Ruades, el policía negó la acusación y relató su experiencia intramuros en tierras brasileñas. “No puedo creer de lo que me están acusando. Nunca me fugué del país; salí del país sin tomar conocimiento de lo sucedido. Nadie me notificó de mi situación ni me llamaron a declarar. Pasé ocho meses preso en Brasil, en un lugar donde casi pierdo la vida dos veces, casi sufrí un abuso sexual, y varias cosas más”, relató.
“Allá la pasé muy mal y sufrí abuso de autoridad por parte de tres policías que cada 15 días me pegaban, me discriminaban por argentino. Me tiraban gas pimienta; tuve problemas de alergia y de vista. Perdí ocho kilos en dos meses porque no me daban bien la alimentación. Pasé los primeros tres meses durmiendo dentro de un baño sentado, porque no había lugar”, continuó.
“La embajada de mi país se lavó las manos y los doctores del hospital me daban remedios vencidos desde hace un año. Y por dichos del director de la prisión, me pegaban porque pensaban que, al ser policía, yo era un espía”, agregó.
González se expresó casi en los mismos términos en su cuenta de TikTok, donde expuso su versión: “Fue un hurto, un crimen bol… Y sabía que yo no lo había cometido. Nunca imaginé que me iban a poner en la lista roja de Interpol por un hurto, el crimen más leve que puede haber en Argentina y en Brasil”.
El fiscal Bornancini y la defensa finalmente llegaron a un acuerdo en el marco del juicio abreviado y el acusador solicitó tres años de condicional. “Sí, me hago responsable de los hechos, pido disculpas”, dijo González.
Como agravantes, el fiscal tuvo que cuenta que llevaba siete años como policía, donde debía custodiar los bienes secuestrados en el depósito, y conocía la problemática delictiva de Potrero del Estado (causas investigadas por el propio Bornancini).
“González decidió abandonar el país y a su hijo menor para emprender un viaje, supuestamente hacia el norte del continente, con fecha de regreso incierta”, le enrostró. Pero valoró como atenuantes el arrepentimiento al haber aceptado el cargo, sumado a su intención de revincularse con su hijo y al recupero de la Honda.