En un nuevo revés judicial, el exjefe de Gabinete, legislador y funcionario Oscar Félix González (78) fue procesado por presunta omisión maliciosa de presentación de declaración jurada y omisión maliciosa de inserción de datos en declaración jurada (DDJJ) de sus numerosas y millonarias propiedades y bienes en Córdoba y Buenos Aires.
Dos causas contra Oscar González en Córdoba
A instancias del fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, procesó a González y ordenó un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes en la nueva causa que fue remitida por el fiscal provincial Anticorrupción, Franco Mondino, tras declararse incompetente para investigarlo.
Originalmente, el fiscal Hairabedian había imputado al exfuncionario y dirigente peronista por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado a partir de las denuncias presentadas por la legisladora Luciana Echevarría (MST) tras el choque en las Altas Cumbres, en 2022.
Echevarría cuestionó traspasos de bienes que el exlegislador habría realizado a sus familiares, especialmente luego del siniestro vial en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas.
Hairabedian sostuvo que González no pudo demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador fueran suficientes para explicar el crecimiento patrimonial de sus declaraciones de bienes, por lo que lo acusó, como se dijo, de presunto enriquecimiento ilícito y lavado.
Sostuvo que entre 2005 y 2021, González se habría enriquecido “de manera apreciable e injustificada” mientras se desempeñaba como diputado nacional (2001-2005), ministro de Salud de Córdoba (2006-2009), jefe de Gabinete de la provincia (2011-2013) y presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba (2015-2022).
Asimismo, el fiscal Hairabedian le achacó que su incremento patrimonial “pasó de manera injustificada” de U$S 24.000 en 2008 a U$S 68.680 en 2012. Esa suma volvió a incrementarse “injustificadamente”, hasta llegar a U$S 92.158, de acuerdo con lo declarado en 2016.
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Sin embargo, el mismo valor se mantuvo en su declaración de 2021 a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio. De esta forma, Hairabedian sostuvo que no existe “justificación al incremento de dólares en efectivo, sumado a que los ingresos declarados para el año en cuestión no permitirían acumular o adquirir tal cantidad de moneda extranjera y a que no habrían existido ventas de inmuebles o ingresos de otras fuentes, créditos o préstamos obtenidos y/o donaciones, ni operaciones de compra de moneda extranjera que justifiquen la adquisición de dicha suma”.
Los “incrementos apreciables y legalmente injustificados”, concluyó, “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa Emma Beatriz Senesi (luego fallecida). Así, “habría tenido un enriquecimiento patrimonial apreciable durante el ejercicio de la función pública” entre 2005-2021.
Respecto al lavado imputado, Hairabedian dijo que González habría simulado, en algunos casos, y transferido y circulado, en otros, los bienes del supuesto enriquecimiento injustificado. Al respecto, sostuvo que González actuó con la participación necesaria de Senesi, que presuntamente no contaba con las condiciones económicas para afrontar tales erogaciones.
González quedó, asimismo, bajo sospecha por las “donaciones” de ciertos bienes a sus tres hijos (departamentos) y el terreno de Villa Dolores el mismo día: el 8 de febrero de 2023, es decir, poco más de tres meses después del choque en Altas Cumbres.
Los abogados de González, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, habían planteado que las donaciones del matrimonio de González-Senesi fueron motivadas por la disolución de la sociedad conyugal, que no llegó al divorcio por fallecimiento de Senesi.
Remarcaron que esas donaciones fueron realizadas en el marco del ejercicio de sus derechos de usar y disponer de su propiedad.
La otra causa: por presuntas omisiones
Paralelamente a esa causa, el fiscal provincial Anticorrupción Mondino se declaró incompetente para investigar a González por las supuestas omisiones maliciosas en las DDJJ, ya que consideró que debía ser la Justicia federal la encargada de llevar la totalidad de la pesquisa.
Así es que el expediente terminó radicado en la fiscalía de Hairabedian. El acusador imputó a González por las supuestas omisiones maliciosas y solicitó al juez Vaca Narvaja que lo procesara.
En las últimas horas, el titular del Juzgado N° 3 dictó la medida, lo que complicó aún más la situación judicial del exfuncionario.
El fiscal sostuvo que mientras era ministro de Salud, habría omitido maliciosamente presentar sus DDJJ de 2006 y 2008 en debida forma, ya que obligado a hacerlo.
En la DDJJ 2008, le achacó no haber completado el procedimiento de presentación, lo que derivó en jurídicamente en la no presentación. Pero González también habría cometido omisiones e inexactitudes respecto a una Grand Cherokee y propiedades (casas, departamentos y porcentajes de titularidad, según el caso) en Villa Dolores, Córdoba capital y Buenos Aires.
En la misma declaración se le reprochó no haber detallado montos de los valores fiscales de los bienes, ni tampoco haber incluido ningún bien a nombre de su entonces esposa Senesi, a pesar de estar obligado a hacerlo.
Por su parte, al presentar la declaración jurada de 2012 (era jefe de Gabinete provincial del entonces gobernador José Manuel de la Sota), González también habría omitido maliciosamente informar la lancha “Barbarela”, un inmueble de 5.705 metros cuadrados (m2), un departamento en Nueva Córdoba, una casa en Villa Dolores (ya omitida anteriormente) y otras omisiones sobre nomenclaturas catastrales y matrículas.
Además, habría insertado de manera maliciosa datos falsos e incompletos (mayoritariamente, valuaciones de los bienes inferiores a la fiscal), generando así “inconsistencias”. Uno de los datos más sugestivos es la valuación fiscal de un departamento en Buenos Aires: $ 55.383 cuando el valor declarado ante la entonces Afip llegaba a U$S 180.000.
Como legislador, en 2014 habría omitido presentar su DDJJ de forma deliberada, al igual que dos años después cuando ostentaba el cargo de presidente provisorio de la Legislatura. En este caso también omitido insertar correctamente datos completos y exactos, lo que le habría permitido subvaluar fiscalmente propiedades.
Quizás el dato más llamativo no sólo de la DDJJ de 2016 sino de la causa, por los valores contrastantes, es la valuación fiscal de 2016 de 13 terrenos en Villa Dolores: más de $ 3,4 millones contra los 5 centavos de valor declarado ante el fisco.
En 2020, como legislador y titular de la Legislatura, habría consignado maliciosamente datos incompletos e inexactos de inmuebles. Por ejemplo, aparece un departamento en Nueva Córdoba con $ 20 mil de valor de mercado informado pero con una valuación fiscal de casi $ 19 millones. O de otro departamento, con un valor de mercado de $ 35 mil, pero con monto declarado de más de $ 3,1 millones.
Volvió a informar 5 centavos para el 50% del valor de los 13 terrenos en Villa Dolores, pero con valor declarado ante la ex Afip por más de $ 6,1 millones.
En 2021, cuando González seguía en ambas funciones en la Unicameral, informó el valor de 2012 ($ 924 mil) de un departamento adquirido en Nueva Córdoba cuando su valuación fiscal superaba los $ 17,2 millones.
Aquellos célebres 13 terrenos que había informado en sus DDJJ anteriores con valor declarado ante el fisco de 5 centavos, para 2021, sobre el 50% de su valor declarado ante la ex Afip de $ 9,2 millones, reportó $ 493 mil de valuación fiscal.
El exfuncionario habría omitido maliciosamente presentar su DDJJ en 2024. Al ser indagado, negó los hechos, se abstuvo de declarar y sostuvo que su defensa presentaría un escrito. Sin embargo, no lo presentó.
Sus abogados solo se opusieron al pedido de procesamiento solicitado por el fiscal y ofrecieron como prueba un peritaje contable para la realización de un dictamen confrontando las DDJJ ante el fisco con las presentadas ante la Legislatura y la Provincia.
Pero el juez lo desestimó: “Atento a la naturaleza del delito atribuido que consiste en no haber presentado declaraciones juradas o, en los casos en que presentó, habría omitido o falseado dato, el medio probatorio propuesto no luce idóneo para los fines de la instrucción, ni apto para desincriminar eventualmente al imputado”.
“La confrontación de declaraciones juradas presentadas ante la Provincia con aquellas realizadas ante la Afip, no llevarían a ninguna conclusión que logre mejorar la situación procesal del imputado, ni permitiría avanzar en la instrucción, resultando en un desgaste jurisdiccional innecesario”, advirtió Vaca Narvaja.
Y recordó que la imputación es en relación a las DDJJ, “omitidas algunas y presentadas defectuosamente otras”, hechas ante la Provincia, por lo que carecía de “relevancia” las efectuadas ante el fisco nacional.
El magistrado consideró que había “sospecha suficiente” para procesarlo entonces por omisión de presentación de las DDJJ. “Se encuentra acreditado que González, por sus funciones, estaba obligado a presentar la declaración jurada y no lo cumplimentó” cuando era ministro de Salud, jefe de Gabinete, legislador y presidente de la Legislatura.
Al respecto, sostuvo que si bien el fiscal le endilgó omisiones y falsedades, se probó que las presentaciones ante la Provincia fueron “anuladas por incomparecencia”. Por lo tanto, indicó que no correspondía analizar los datos, como hizo el fiscal, porque las DDJJ se tuvieron por “no presentadas”.
Y que para la correcta presentación, las DDJJ deben incluir la confección de una escritura, por lo que al no haberla firmado, ésta se anula y se confirma la no presentación de las DDJJ. Así tuvo por acreditado el delito y lo procesó.
En cuanto al segundo delito enrostrado, falsedad y omisión de datos, dio por probadas las omisiones de González sobre su lancha; un departamento en Nueva Córdoba; dos inmuebles en Villa Dolores; un Audi Q5, fracciones de terreno a nombre de Senesi; millonarios ingresos por ventas de propiedades; y otro inmueble en San Javier y también lo procesó.
“En cuanto a los supuestos datos falseados, específicamente en lo que refiere a la diferencia entre la valuación del mercado declarada por González y la valuación fiscal de Rentas, o la que surge de las escrituras respectivas o de sus declaraciones ante la por entonces Afip, entiendo que no tienen entidad como para considerarse acciones típicas penalmente”, afirmó el juez.
Dijo que si bien se advierten las “diferencias, incluso algunas muy notables, como declarar el 50% del valor de mercado de 13 inmuebles en 5 centavos, lo cierto es que en la declaración sí manifiesta poseer esos lotes. No quedan dudas de que debería haber observado mayor diligencia en la presentación de las declaraciones juradas, lo que es exigible administrativamente”.
“Sin perjuicio de ello, no se puede tener por acaecida la conducta típica penalmente punible, toda vez que a partir de los datos declarados es tangiblemente visible la irrealidad del monto”, indicó.
Respecto a un departamento en Nueva Córdoba, puntualizó que si bien el valor económico que se adjudica “no es un dato menor”, al haber expuesto en su DDJJ la titularidad, la diferencia de valor declarado no alcanza para ser delito, ya que lo declaró. En ese caso, destacó que quizás se le pueda exigir algún tipo de aclaración o reproche administrativo por no haber sido “mínimamente diligente” en la presentación jurada.
