UCR. Carasso renunció al Tribunal de Cuentas y aseguró que no defraudó económicamente al Pami
El exdiputado nacional presentó su dimisión al organismo provincial después de declarar como imputado en la denominada causa Pami. Afirmó que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y sostuvo que buscará demostrar su inocencia cuando avance el expediente.
El dirigente radical Marcos Carasso renunció al cargo que ocupaba en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en medio de la investigación judicial conocida como causa Pami, que analiza una presunta defraudación millonaria contra la obra social de los jubilados.
La salida del exdiputado nacional se conoció pocas horas después de que compareciera ante la Justicia Federal para prestar declaración como imputado en el expediente que instruyen el fiscal federal Rodolfo Cabanillas y el juez federal Carlos Ochoa.
La renuncia fue presentada mediante una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán. Allí comunicó que dejaba el cargo de Director de Jurisdicción No Permanente "debido a razones particulares", con efecto inmediato.
Según trascendió, de fuentes del Gobierno de Córdoba, Carasso cobraba $ 3.979.733,89 por mes.
La decisión se produce luego de varios días de fuerte exposición pública para el exintendente de General Cabrera, cuyo domicilio particular y oficinas vinculadas a su actividad en el organismo provincial fueron allanados por orden judicial.
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La causa Pami comenzó meses atrás a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos para afiliados de la obra social de los jubilados.
La principal hipótesis investigada apunta a posibles maniobras de facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad que, según la sospecha judicial, no habrían sido efectivamente realizadas. Parte de esas operaciones habrían estado vinculadas a la empresa médica Ethical, de la que Carasso no habría formado parte ni tuvo relación profesional (es kinesiólogo).
Entre los principales imputados aparecen Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami Víctor Genesio, quien estuvo detenido y luego recuperó la libertad. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la investigación también analiza posibles delitos de asociación ilícita y defraudación.
Distintas versiones extraoficiales señalaron que el perjuicio económico bajo investigación podría alcanzar los $ 1.400 millones.
Como imputado
El martes pasado se confirmó que Carasso había sido incorporado formalmente a la causa en calidad de imputado. Sin embargo, desde su defensa indicaron que su situación procesal no estaba vinculada al tramo de la investigación referido específicamente a la facturación de prestaciones médicas.
Tras prestar declaración, el exlegislador difundió un comunicado en el que explicó que no brindará detalles sobre el expediente mientras continúe bajo secreto de sumario.
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"Ante los hechos de público conocimiento quiero manifestar que las actuaciones aún se encuentran en estado de sumario por lo que hasta que no declare el resto de los imputados no corresponde dar precisiones de los hechos que se me atribuyen", señaló.
Carasso también sostuvo que, apenas tomó conocimiento de los allanamientos, decidió presentarse espontáneamente ante la Justicia.
"Sólo puedo manifestar que el día que tomé conocimiento de los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal, aún sin conocer lo que se investiga, comparecí espontáneamente y me puse a disposición de la Justicia, solicitando que si existía una sospecha en mi contra, arbitraran los medios necesarios para citarme a prestar declaración lo antes posible y de esta forma poder ejercer el derecho de defensa para demostrar mi inocencia", afirmó.
En el mismo texto agregó que actuó "en la certeza de que no he cometido ningún hecho reprochable penalmente".
El expresidente de la UCR Córdoba también realizó una aclaración sobre el alcance de la acusación que pesa sobre él. "Si puedo dejar aclarado que no se me atribuye ser partícipe de ningún hecho de defraudación contra organismos estatales, ni me hacen responsable de ser parte de una organización delictiva", expresó.
Esa definición aparece como uno de los elementos más relevantes de su primera respuesta pública desde que trascendió la imputación, ya que busca diferenciar su situación procesal de las principales hipótesis que se investigan en el expediente.
No obstante, hasta el momento la Justicia Federal no difundió oficialmente el contenido de la imputación formulada en su contra ni el encuadre legal específico atribuido por la Fiscalía.
Carasso señaló además que evitará hacer comentarios adicionales mientras la investigación permanezca bajo reserva. "Luego que se releve el secreto de las actuaciones y amplíe mi declaración, contestaré todos los interrogantes sobre el tema", sostuvo.
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La causa tuvo además derivaciones políticas. Referentes de distintos sectores del radicalismo marcaron distancia del exdirigente partidario después de que trascendieran los allanamientos y la imputación. En paralelo, el bloque Hacemos Unidos por Córdoba anunció pedidos de informes vinculados tanto al avance de la investigación como a las funciones que cumplía dentro del Tribunal de Cuentas.
