La Voz En Vivo. Marcos Carasso imputado: exigen su apartamiento del Tribunal de Cuentas por la causa Pami
La legisladora Karina Bruno pidió, en diálogo con La Voz En Vivo, que el funcionario sea desplazado preventivamente tras los allanamientos en el organismo de control.
La situación judicial de Marcos Carasso, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia y ex presidente de la Unión Cívica Radical, generó una fuerte reacción en el arco político cordobés.
El funcionario se encuentra imputado en una causa que investiga una presunta defraudación millonaria al PAMI.
En una entrevista brindada a La Voz En Vivo, la legisladora provincial Karina Bruno confirmó la presentación de un proyecto de resolución para que Carazo sea apartado de sus funciones mientras avance la investigación judicial.
La iniciativa busca preservar la integridad del máximo órgano de control de los gastos públicos en Córdoba. "Ante un hecho de semejante magnitud en un funcionario de altísima jerarquía, mínimamente hasta que se aclare no puede estar en función", afirmó Bruno durante el diálogo periodístico.
Allanamientos y presunta defraudación
La investigación, que tomó estado público esta semana, incluyó allanamientos en domicilios particulares, oficinas del Pami en Río Cuarto y dependencias del propio Tribunal de Cuentas donde Carazo desempeña sus tareas.
Según trascendió, el perjuicio económico que se investiga ascendería a los 1.400 millones de pesos por presunta defraudación a la obra social de los jubilados. El mecanismo habría consistido en la sobrefacturación de servicios complejos que nunca fueron prestados.
"El Tribunal de Cuentas debería haber informado claramente lo que pasó dentro de las oficinas, más allá de que la justicia esté investigando", cuestionó la legisladora, señalando la falta de comunicación oficial del organismo.
La estrategia de la defensa
Por su parte, el abogado defensor de Marcos Carasso se presentó ante los tribunales federales y sostuvo que la imputación del ex candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio está vinculada a un presunto tráfico de influencias y no a la defraudación económica directa.
Desde el entorno de Carasso aseguran que no hubo ningún beneficio económico personal. Argumentan que el funcionario simplemente "acercó a las partes" por un pedido puntual, sin tener relación con el manejo de fondos que se investiga en el fondo de la causa.
Sin embargo, para Bruno, el cambio de calificación legal no disminuye la gravedad institucional. "El tráfico de influencia sigue siendo un delito. Si estamos hablando de un funcionario de un órgano de control, no hay mucha ecuación que hacer: córrete de tu función", sentenció la legisladora.
Tratamiento en la Unicameral
El proyecto de resolución presentado por Bruno fue incluido en el temario de la Legislatura provincial bajo la modalidad de tratamiento "sobre tablas", lo que requiere una mayoría de dos tercios de los votos para su aprobación inmediata en el recinto.
"Yo no estoy diciendo que él es autor responsable, pero claramente hay algo que lo está involucrando que originó estos allanamientos", explicó la representante de la oposición, quien mantiene una postura crítica frente al silencio de otros sectores políticos.
"Nadie se hace cargo de a quién pertenece Carazo", observó Bruno respecto a las lealtades dentro de la coalición opositora.
Impacto en la Unión Cívica Radical
Dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), el caso ha provocado debates internos sobre la continuidad del dirigente en las filas partidarias. Fuentes del radicalismo indicaron que no descartan la posibilidad de expulsar a Carazo para mantener la imagen de transparencia del partido.
"Nosotros tenemos que ser impolutos, no podemos transmitir ese mensaje. Si ocupamos cargos de control, tenemos que tener una imagen blanca total", habrían manifestado dirigentes de la UCR ante la consulta sobre el futuro del imputado.
Se espera que en las próximas horas se produzcan nuevas declaraciones de otros implicados en la causa. Mientras tanto, la justicia federal deberá determinar si avanza con el procesamiento formal de Carazo tras analizar las pruebas recolectadas en los operativos.
