El Bolsón. Río Negro: ordenan desalojar a una comunidad mapuche y crece la tensión por el conflicto territorial
La Justicia de Río Negro emitió dos órdenes de desalojo contra la comunidad mapuche "Inalef" en un paraje cercano a El Bolsón. La lof rechaza las medidas y anticipó que permanecerá en el territorio.
Una comunidad mapuche de Río Negro enfrenta dos órdenes de desalojo emitidas por la Justicia provincial sobre terrenos que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón.
Las resoluciones judiciales otorgan un plazo de 30 días para la entrega voluntaria de las parcelas, mientras los integrantes de la lof Inalef aseguran que permanecerán en el lugar y apelarán las decisiones.
Las medidas fueron dictadas por la jueza Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11 de El Bolsón, luego de analizar la documentación presentada por los demandantes, quienes reclaman la restitución de los lotes.
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La primera sentencia fue notificada a mediados de mayo y la segunda hacia fines del mismo mes. Ambas están vinculadas a denuncias por presunta ocupación irregular de los terrenos.
Las resoluciones judiciales
Según las sentencias, la comunidad deberá abandonar voluntariamente las tierras dentro del plazo establecido. De no hacerlo, podrían avanzar nuevas instancias para ejecutar los desalojos.
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Uno de los demandantes es Félix Argentino Merino, exintendente de El Bolsón y reconocido docente de la localidad. De acuerdo con antecedentes mencionados en el expediente, Merino ya había impulsado una iniciativa similar en 1997, aunque en aquella oportunidad no prosperó.
En un segundo expediente figura como demandante Juan Lux Auroux, quien mantiene desde hace años disputas con integrantes de la familia Inalef por cuestiones relacionadas con la ocupación de las tierras y otros conflictos de convivencia.
La postura de la comunidad mapuche
Desde la lof Inalef sostienen que su presencia en el lugar es histórica y cuestionan la legitimidad de los reclamos presentados por los demandantes. La comunidad afirma que los procesos judiciales responden a intereses inmobiliarios y rechaza cualquier posibilidad de abandonar el territorio.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo”, expresaron mediante un comunicado.
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Además, agregaron: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
El debate sobre la documentación
Uno de los puntos centrales de la controversia es la acreditación de la ocupación histórica del territorio.
El referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, afirmó que la presencia de la familia Inalef en la zona es anterior a los reclamos actuales y señaló que el sector es conocido desde hace años como “Rinconada Inalef”.
Sin embargo, reconoció que la comunidad no dispone de documentación formal que certifique su preexistencia territorial.
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Según explicó, esta situación responde a que durante décadas muchas familias mapuches no realizaron trámites registrales debido a limitaciones educativas y al desconocimiento de las normativas vigentes.
Carriqueo también cuestionó la documentación presentada por los denunciantes y sostuvo que, según la información que maneja la comunidad, estos no contarían con escrituras definitivas, sino con boletos de compraventa.
Reclamos y posibles apelaciones
La familia Inalef sostiene que desde 2012 intenta completar el relevamiento territorial destinado a acreditar la ocupación ancestral de las tierras. Según denuncian, ese proceso quedó inconcluso luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) interrumpiera las tareas de relevamiento en la zona.
Ante las sentencias, la comunidad reclama la suspensión de los desalojos y el reconocimiento de sus derechos territoriales históricos.
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Mientras tanto, el conflicto permanece abierto. Las resoluciones judiciales aún podrían ser apelada u otras presentaciones legales, mecanismos que la comunidad evalúa utilizar para intentar frenar la ejecución de las medidas.
