Constitución. Detuvieron a tres mujeres peruanas vendiendo cocaína: una ya había sido expulsada dos veces del país

La Policía de la Ciudad las sorprendió en plena calle con dosis de droga y dinero en efectivo; todas presentaban una situación migratoria irregular.

19 de mayo de 2026 a las 11:55 a. m.
Detuvieron a tres mujeres peruanas vendiendo cocaína: una ya había sido expulsada dos veces del país
Tres peruanas detenidas por vender droga: una de ellas ya había sido expulsada del país en dos ocasiones.

Tres mujeres de nacionalidad peruana fueron aprehendidas este martes por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución.

Se las acusa de comercializar estupefacientes en la vía pública, en un operativo que dejó al descubierto complejos antecedentes de reincidencia y situaciones migratorias irregulares,.

La detención se produjo durante las primeras horas del 19 de mayo, en el marco de patrullajes preventivos realizados por la fuerza de seguridad porteña.

El hecho ocurrió específicamente en la zona de Lima al 1.400, donde el accionar sospechoso de las imputadas alertó a los uniformados.

El operativo en Lima al 1.400

De acuerdo a las fuentes policiales, un grupo de agentes observó un movimiento compatible con el narcomenudeo: tres mujeres entregaban pequeños envoltorios a varios hombres. Al notar la presencia policial y recibir la voz de alto, los presuntos compradores lograron darse a la fuga rápidamente.

Sin embargo, las tres mujeres no pudieron escapar y quedaron rodeadas por los efectivos en el lugar. Tras ser requisadas ante testigos, los agentes confirmaron las sospechas iniciales sobre la actividad ilícita que se desarrollaba en plena calle,.

En el procedimiento, se secuestró un morral que contenía 15 envoltorios de cocaína listos para su distribución. Además, los efectivos incautaron la suma de 215 mil pesos en efectivo, dinero que se presume es producto de la venta de estupefacientes realizada momentos antes.

Imputación y prisión preventiva

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este (Ufla), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios judiciales imputaron a las tres mujeres por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ante la contundencia de las pruebas y los perfiles de las acusadas, la justicia actuó con celeridad.

A pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto, la jueza María Fernanda Botana dictó la prisión preventiva para todas las implicadas.

Esta medida busca asegurar la presencia de las mujeres en el proceso judicial, considerando especialmente su situación legal en el territorio nacional. Los registros oficiales revelaron datos que complican severamente la postura de las detenidas frente a la ley argentina.

Antecedentes y reincidencia migratoria

Uno de los puntos más relevantes del caso surgió tras el entrecruzamiento de datos con la **Dirección Nacional de Migraciones**. El organismo informó que ninguna de las tres detenidas contaba con su estadía regularizada en el país al momento del operativo.

El caso de una de las acusadas resultó particularmente llamativo para los investigadores. Según los registros oficiales, esta mujer ya había sido expulsada de la Argentina en dos oportunidades previas, regresando de forma ilegal para continuar con actividades delictivas,.

Otra de las detenidas también presentaba un panorama legal adverso. Sobre ella pesaba una orden de expulsión vigente y una prohibición de reingreso al país, además de contar con antecedentes penales previos por daños y exhibiciones obscenas.

Situación procesal y futuro legal

La tercera mujer involucrada, aunque con un prontuario menos extenso, se encontraba en el país con la residencia vencida.

Esta condición de irregularidad generalizada entre las acusadas es un factor determinante en el desarrollo del expediente judicial.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, dada la gravedad de los cargos y la reincidencia constatada, es altamente probable que se tramite una nueva expulsión. El proceso de deportación se activaría una vez que la justicia resuelva la situación penal por la venta de cocaína.

Por el momento, las tres imputadas permanecen bajo custodia judicial a disposición de la magistrada interviniente.