Seguridad. Tras chispazos de Provincia con Justicia, expectativa por reunión entre Quinteros con el fiscal General Lezcano

Marcada expectativa existe en distintos despachos ante la reunión que mantendrán el ministro de Seguridad de Córdoba (y responsable político de la Policía provincial), Juan Pablo Quinteros, con el flamante fiscal General, Carlos Rubén Lezcano. El encuentro, a realizarse en próximos días, será a puertas cerradas y protocolar. De todos modos, trascendió que el cónclave será una oportunidad en la que ambos funcionarios intercambiarían opiniones y expectativas sobre la realidad criminal en Córdoba, la persecución del delito y el trabajo policial y judicial, entre otras temáticas. La discusión por los naranjitas y el espacio público no quedaría afuera.

Si bien ambos ya se conocen de Tribunales II, no será un encuentro más.

En los últimos tiempos, Quinteros ha expresado en público y se lo ha escuchado en privado con cuestionamientos con la Justicia y, sobre todo, con el trabajo de algunas fiscalías en Córdoba.

Incluso, el propio gobernador expresó semanas atrás, tras el hallazgo con vida de una nena que estaba desaparecida en Punilla y que fue localizada por la Policía, que esperaba que la Justicia esclareciera todo.

Deslizó Martín Llaryora que no podía suceder lo que ocurrió con Lian Flores, el niño que desapareció en 2025 en Ballesteros y de quien no se sabe nada.

Las investigaciones de las justicias provincial y federal no han avanzado.

Respecto al caso de la pequeña de Punilla, todavía no hay imputaciones.

El punto de mayor tensión entre Provincia y Ministerio Público Fiscal (MPF) se dio en marzo pasado luego del asesinato del policía Luis Azábal, ultimado de un balazo por un vecino en barrio Villa Belgrano, Córdoba, tras confundirlo con un ladrón. El dueño de casa, Paolo Zambelli, fue detenido e imputado por homicidio agravado en un primer momento. A las pocas horas, el fiscal Víctor Chiapero lo liberó y morigeró la acusación a homicidio por exceso en la legítima defensa.

Tras esa decisión, Quinteros salió a cuestionar la resolución en duros términos, toda vez que expresó el malestar de la Policía y de la familia del uniformado víctima, al tiempo que dijo que la Provincia iba a ser querellante.

“Tengo claro que existe una doble vara. El que las hace las paga y nos encanta repetir esa premisa, pero parece que todo depende de quién las hace para ver cómo las paga”, afirmó Quinteros, en su momento. Y añadió: “Esto refleja un sentir de la sociedad y también de la Policía. Puede generar zozobra hacia abajo si no se da seguridad jurídica para proceder en la calle”, afirmó. Y añadió: “Cuando un policía comete un error parece regir el principio de culpabilidad. En cambio, para el resto rige el principio de inocencia”, concluyó.

Llaryora avaló esa postura crítica.

Desde el MPF no hubo respuestas en público. Ni Chiapero ni el por entonces fiscal General Juan Manuel Delgado respondieron. De todos modos, según fuentes tribunalicias, en la Justicia no fueron para nada bien recibidas esas expresiones, toda vez que la tomaron como una fuerte intromisión del Ejecutivo.

Quien sí respondió elípticamente semanas atrás, y ante un auditorio plagado de funcionarios judiciales y con algunos miembros de la Provincia (como Quinteros), fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En el acto de inicio del año judicial (en marzo), Domingo Sesín dijo que al poder judicial se le exige celeridad, eficacia y eficiencia pero, añadió, “son muchas las dificultades que hacen más compleja la actividad” de jueces, fiscales y empleados judiciales. Remarcó que la Justicia debe resolver múltiples cuestiones “vinculadas con la inseguridad, el narcotráfico (…) conflictos provenientes de la crisis del Estado de bienestar, las vicisitudes de la economía y la política”.

“La independencia del Poder Judicial implica el respeto de una zona de reserva constitucional, inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir una controversia con imparcialidad, independencia, objetividad, calidad, sin interferencias o intromisiones de la propia organización judicial, del resto de los poderes del Estado (…)”, expresó Sesín.

El 2026 no será un año más a nivel judicial.

Se espera que el plan de gestión territorial (la reasignación de zonas de acción de fiscalías en la Capital junto con jefes policiales) se termine de aceitar de forma total, al tiempo que las miradas están puestas en el reciente plan de flagrancia. En este trabajo, fiscalías y jefes policiales con sus respectivos equipos deben trabajar a pleno.

Se espera que en la reunión, Quinteros y Lezcano intercambien puntos de vista sobre el trabajo de calle y el investigativo de cara a futuro.

Lezcano, elegido para ese puesto por Llaryora, es un cultor del perfil bajo. Hay posturas encontradas sobre su figura en algunas fiscalías.

En Seguridad y la Policía hay cuestionamientos con el Ministerio Público Fiscal como la falta de celeridad de varias causas, los distintos ritmos de trabajo de varios fiscales y la necesidad de que funcionarios judiciales “bajen” a los barrios.

Otro reclamo es la agilización de causas contra policías. Otro punto que nunca se deja de cuestionar es la liberación de detenidos, muchas veces, pese a contar con serios antecedentes.

Desde la Justicia, por lo bajo, no hay respuestas homogéneas, ya que hay fiscales que precisamente cuestionan a otros pares por la labor.

Respecto a la Policía, si bien en términos generales se destaca el trabajo investigativo que se viene haciendo en muchos casos, hay cuestionamientos por la inseguridad y el trato que se prodiga a vecinos en la calle y en sedes policiales. La mayor parte de los señalamientos va contra el poder político.

Un punto no menor tiene que ver con el narcomenudeo: por lo bajo, desde algunos despachos provinciales y policiales se desliza que la labor de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (dependiente del MPF) debería incrementarse ante el avance de bandas narcos en Córdoba. No son pocos los policías que deslizan que no frena el hallazgo de paquetes y dosis de drogas en meros procedimientos por robos. “Nosotros no investigamos el narcomenudeo y no paramos de hallar merca en viviendas y búnkers”, se escuchó desde un alto despacho.

Desde la FPA y el MPF se responde que el trabajo investigativo cada vez es mayor, se han creado más fiscalías y que una pesquisa demanda tiempo sino “se viene abajo”.

"A la Policía ya le sacaron el combate contra las drogas hace mucho tiempo. Deberían asimilarlo", expresaron desde un despacho oficial.