Asociación ilícita. A juicio la banda que creó una “industria” para robar celulares en la noche cordobesa
Acaparaban teléfonos en recitales y eventos nocturnos. Los integrantes de la banda tenían roles bien delimitados. Varios imputados aceptaron un juicio abreviado.
Una organización acusada de montar una verdadera “industria” para robar teléfonos celulares en la noche cordobesa quedó al borde del juicio.
Dos presuntos jefes y varios integrantes fueron imputados por la presunta conformación de una asociación ilícita dedicada a sustraer dispositivos en recitales y eventos masivos, acceder luego a las cuentas de las víctimas y finalmente revender los aparatos en el mercado informal.
Los principales acusados son Rodrigo Benjamín Allende Sánchez y Eric Joel Gacitúa, señalados como aparentes organizadores de la banda.
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Junto a ellos aparecen imputados Raúl Emanuel Mendoza Páez, Juan Alexis Arias, Lautaro Agustín González y Tomás Elías Orihuela, entre otros sospechosos que quedaron bajo investigación.
Las imputaciones fueron ordenadas por la fiscal Silvana Fernández, quien también dispuso sus detenciones a fines de octubre del año pasado..
Según la pesquisa, la organización actuó con una modalidad aceitada. En eventos multitudinarios como recitales o fiestas nocturnas, algunos integrantes robaban teléfonos o los adquirían a personas que realizaban hurtos bajo la modalidad de “punga”.
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Los dispositivos, en su mayoría de alta gama y especialmente de la marca iPhone, pasaban luego a una segunda etapa del circuito delictivo.
Primero los ocultaban para evitar su rastreo. En varios casos los envolvían con papel aluminio para bloquear la geolocalización y los guardaban durante algunos días. Dentro de la jerga del grupo, ese período se denominaba “enfriar” el teléfono.
Luego iniciaban el proceso de desbloqueo. Los acusados intentaban obtener el número telefónico de la víctima o aguardaban una llamada entrante para identificar al propietario.
Después enviaban mensajes o enlaces falsos que simulaban ser herramientas oficiales para localizar el dispositivo. Si la víctima ingresaba sus claves, el acceso quedaba habilitado.
Una vez dentro del teléfono, los acusados cambiaban contraseñas y accedían a billeteras virtuales y cuentas bancarias. Desde allí realizaban transferencias hacia cuentas propias o de terceros. Cuando lograban desbloquear el aparato, lo revendían como usado. Si el desbloqueo fracasaba, lo ofrecían como repuesto.
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La investigación también reveló el uso de programas informáticos y herramientas digitales para sortear los bloqueos de seguridad de los dispositivos.
La causa avanzó con rapidez y varios imputados aceptaron un juicio abreviado. Enfrentarían penas de tres años de prisión de ejecución condicional. Los presuntos jefes, en cambio, no aceptaron ese acuerdo y serán llevados a juicio.
Las pistas claves para ir tras la banda
La causa se inició a partir de una investigación policial que detectó una serie de movimientos sospechosos vinculados con teléfonos celulares robados.
Un procedimiento realizado en barrio Pueyrredón, zona sudeste de la ciudad de Córdoba, permitió secuestrar dispositivos que luego resultaron claves para reconstruir la estructura del grupo.
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Los pesquisas analizaron teléfonos incautados y detectaron conversaciones entre los sospechosos a través de aplicaciones de mensajería. En esos intercambios aparecían, según afirmaron los investigadores, referencias directas a la compra de celulares robados.
Se podían leer lo que en apariencia eran negociaciones de precios y coordinación de operaciones.
En algunos chats incluso enviaban fotografías con decenas de teléfonos alineados sobre una cama, listos para ser procesados.
La información extraída de esos aparatos permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo, establecer los roles dentro de la organización y reconstruir la dinámica delictiva.
En paralelo, la investigación incluyó informes técnicos de especialistas en telecomunicaciones e internet forense. Los peritajes confirmaron la utilización de programas específicos para desbloquear teléfonos y servidores digitales para ejecutar maniobras de phishing.
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Con esos elementos, la fiscalía ordenó allanamientos y detenciones que terminaron con la desarticulación de la banda.
Roles distribuidos, la clave de la asociación ilícita
La acusación sostiene que el grupo funcionaba con una división clara de tareas. Ese esquema permitió sostener durante meses una actividad constante vinculada al robo y procesamiento de teléfonos.
Allende Sánchez y Gacitúa aparecieron en la investigación como los organizadores. Según las acusaciones, ambos coordinaban la compra de dispositivos, fijaban precios, ordenaban las operaciones y se ocupaban del desbloqueo de varios teléfonos.
Mendoza Páez, por su parte, habría tenido a su cargo el manejo de servidores y bots que permitían obtener información de las víctimas y generar enlaces falsos para engañarlas.
Arias está investigado como el aparente responsable del proceso técnico de restauración de los teléfonos y el acceso a cuentas bancarias. Los investigadores lo vinculan con “maniobras de bypass”, una técnica que permite eludir el bloqueo de seguridad de los dispositivos.
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Orihuela se habría encargado del abastecimiento de teléfonos. En muchos casos se presentaban en eventos masivos o contactaban a personas que robaban celulares en esos lugares, bajo sus órdenes, según se presume en la causa.
González se habría ocupado de reparar y vender los aparatos. Cuando los dispositivos quedaban desbloqueados, los colocaba nuevamente en el mercado como teléfonos usados. Aquellos que no podían abrirse se ofrecían como repuestos.
La fiscalía consideró que esta estructura permitió conformar una organización estable con vocación de permanencia.
Cómo cuidarse ante posibles robos
La investigación dejó en evidencia un riesgo que muchas víctimas desconocen: el daño económico no termina con el robo del celular.
Los especialistas que participaron en la causa advirtieron que los delincuentes suelen intentar obtener las claves del dispositivo mediante engaños digitales. Para eso, en este caso habrían enviado enlaces falsos que simulaban pertenecer a empresas tecnológicas o a herramientas para localizar el teléfono.
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Si la víctima ingresaba sus datos en esos enlaces, los delincuentes obtenían acceso al aparato y a la información almacenada.
Por ese motivo, los investigadores recomendaron varias medidas básicas de prevención. La principal consiste en no ingresar claves personales en enlaces enviados por mensajes o correos electrónicos de destinatarios no reconocidos o no verificados como auténticas empresas de telefonía o celular.
También aconsejaron no responder comunicaciones que prometen recuperar el dispositivo perdido. En la mayoría de los casos se trata de intentos de fraude.
Otra advertencia apunta al mercado informal de teléfonos usados. “Comprar dispositivos de origen dudoso alimenta el circuito delictivo que sostiene este tipo de organizaciones”, dijeron.
La causa judicial, según señalaron fuentes de la investigación, mostró con claridad cómo un robo callejero puede convertirse en un delito mucho más complejo que termina con el vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales de las víctimas.
