Alegatos. Robo a countries con tecnología de punta: pidieron penas de prisión efectiva a los seis miembros de la banda

Un pedido de la defensa del subcomisario Maximiliano Merlo en el cierre de los alegatos alteró los planes de dictar sentencia en el juicio a la banda que admitió haber robado a countries del Gran Córdoba utilizando tecnología de punta.

Además de los seis integrantes del grupo que ingresaba a los barrios cerrados con tarjetas de propietarios clonadas, responde ante el jurado popular el jefe policial Merlo debido a que está acusado de suministrarles datos clave para sus movimientos.

El defensor de este uniformado, Jorge Sánchez Del Bianco, discrepó con el fiscal de la Cámara 4ª del Crimen Marcelo Saragusti –que solicitó condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso– y, en cambio, pidió la absolución. Pero el abogado penalista fue más allá y, subsidiariamente, requirió que, si no se exime de culpa y cargo a su defendido, sea declarada la nulidad del juicio.

Esto último hizo que los vocales de la cámara, Carlos Nassiz (presidente), María Antonia de la Rúa y Enrique Berger, decidieran pasar a un cuarto intermedio para analizar la petición defensiva.

De este modo, se suspendió el final del juicio que, además de los cargos contra los seis integrantes de la banda, debe definir si se hace lugar a los planteos de resarcimiento civil que pretenden tres de los 27 damnificados en robos domiciliarios en los countries Las Cañitas, Tejas 4 y Causana, en Malagueño; Bela Vista y Villa Catalina, en Río Ceballos, y Cuatro Hojas, en Mendiolaza.

Los seis acusados son Valeria Britos; su hermano Ramiro Nicolás “Nico” Britos –estos señalados como jefes de la banda–; el hijo de la jefa Ángel Rodrigo “Oreja” Benavídez, y el hermano de ambos líderes, Fernando Britos. Además, se identifica como el hombre que presuntamente conducía los autos que entraban a los barrios cerrados a Alan Leonel “Tumbado” Sariago, quien presuntamente también ingresaba a las casas, según la causa. El equipo se completa con Marcos Agustín “Cuca” Escudero.

El fiscal Saragusti había llegado a acuerdos de juicio abreviado con estos seis imputados que confesaron la autoría de los robos domiciliarios, según lo indicaba la acusación que instruyó la fiscal de Villa Carlos Paz, Silvana Páez.

Lo curioso del accionar de esta banda era que utilizaban dos elementos de tecnología de punta. Primero, seguían a algún vecino de un country que salía con su vehículo. Cuando este estacionaba y bajaba, le inhibían la alarma del automóvil e ingresaban al habitáculo.

Una vez dentro del coche, no tenían más que buscar la tarjeta magnética que permite el acceso por la guardia y la clonaban con un dispositivo especial. Fabricando otra tarjeta (gemela), no tenían más que llegar a la guardia del country, abrir la barrera como cualquier dueño y pasar, sin restricciones.

Normalmente, los ingresos de algunos de los integrantes de la banda se producían en horarios nocturnos "pico", de mucho movimiento, entre las 20.30 y las 22, para no despertar sospechas. Una vez adentro, sólo tenían que elegir entre las casas que advertían que estaban sin ocupantes.

Fuera del country, en otro vehículo, la jefa Valeria Britos dirigía al grupo a través de grupos de comunicación abiertos, vía teléfono celular. Ella vigilaba que no ocurriera nada raro afuera y en el ingreso, tratando de eliminar posibilidades de que alguien llegara para detenerlos. Una tarea de "campana" de lo más refinada.

Los pedidos de pena formulados por el fiscal Saragusti, en acuerdo con los acusados y sus defensores, pueden resumirse de la siguiente forma.

Para Valeria Britos y su hermano Ramiro Britos, ambos acusados como jefes de asociación ilícita y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, solicitó siete años de prisión y siete años y dos meses, respectivamente.

Como miembros de asociación ilícita, robo calificado (en poblado y en banda) y violación de domicilio, fueron acusados Ángel Rodrigo Benavídez y Marcos Escudero (cinco años y 10 meses de prisión); Fernando Britos (seis años y un mes), y Alan Sariago (seis años y 10 meses). Este último podría recibir una unificación de pena por una condena anterior por asociación ilícita en Buenos Aires.

Los defensores de estos miembros de la banda alegaron en igual sentido al acuerdo arribado con el fiscal, pero solicitaron una morigeración de los montos de pena de prisión.

Respecto del subcomisario Merlo, el fiscal Saragusti pidió dos años y medio de prisión, más cuatro años de inhabilitación profesional. Le adjudicó el cargo de violación de secreto y pidió que se lo investigara por encubrimiento.

Esto último provocó la reacción del defensor Sánchez Del Bianco, quien pidió la absolución de Merlo por falta de pruebas. Señaló que la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial no había acreditado que el subcomisario hubiera suministrado algún secreto a la banda como datos clave de las patentes de los autos que usaban o que hubiera brindado información sobre la situación (pedidos de captura) de los miembros de la asociación. Aseguró Del Bianco que no existen constancias de que Merlo hubiera hecho consultas en las bases de datos, según entendió.

Además de la absolución, en subsidio, el defensor del policía pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque estaban mal formulados los cargos.

Esto último parece haber sido lo que motivó que el tribunal hubiese decidido demorar la deliberación y el veredicto. En principio, los vocales y el jurado popular deben meditar en profundidad sobre el pedido del defensor.

Por otra parte, quedó pendiente el pedido de los querellantes para conseguir el resarcimiento utilizando los autos secuestrados a familiares de la banda. Carlos Cardeilhac solicitó que se respetara el acuerdo de juicio abreviado, por el cual las cónyuges de acusados ofrecieron los vehículos que habrían sido usados para cometer los robos o serían producto de lo sustraído. Señaló el abogado que esos vehículos fueron confiscados por la Justicia, pero es prioridad que se usen para atender el reclamo de las víctimas.