“Las investigaciones judiciales en los casos de robos que parecen sencillos en la ciudad de Córdoba suelen comenzar por una pista a veces insignificante. Lo importante es cuánto tiran de ese ‘hilo investigativo’ los funcionarios para descubrir otros trasfondos”.
Con estas palabras, que aparentan ser una enseñanza entre pesquisas, un alto comisionado del Ministerio Público Fiscal (MPF) hizo referencia a un caso reciente en el que se logró perseguir y desmontar una presunta asociación ilícita que tenía a maltraer a conductores de Uber y de Didi.
Durante varios meses del año 2024, para la Justicia fueron responsables de sucesivos robos violentos contra choferes, en los que amenazaron con armas de fuego, despojaron de pertenencias y de vehículos a las víctimas y hasta vaciaron cuentas bancarias o billeteras virtuales.
El caso tomó mayor profundidad a partir de una pista que podría haber sido considerada “de menor relevancia”: la aparición en una vivienda de una gorra roja que habría sido de uno de los imputados.
Tras una ardua investigación, el juez de Control confirmó en febrero la elevación a juicio contra siete imputados.
Pero en realidad hubo nueve acusados, todos señalados como integrantes de una asociación ilícita: Gustavo Facundo Pérez, Iván Roy Gutiérrez, Manuel Enrique Meier, Ignacio Fabián Britos, Úrsula Sofía Lescano, Brisa Azul Riuli, Leandro Ibarra, Jonathan Luján y Franco Pereyra Sava.
Se les atribuyen delitos de “asociación ilícita”, “robos calificados”, “encubrimiento” y otras figuras vinculadas.
Dos de ellos –Brisa Azul Riuli y Manuel Enrique Meier– reconocieron haber formado parte de la organización y fueron condenados en un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva. En el caso de Meier, la pena fue unificada en tres años y seis meses por antecedentes previos.
Alquilaba cuentas de Didi y Uber por $ 5 mil y le robaba a los choferes
Ambos admitieron haber cumplido un rol determinado y aceptaron las penas acordadas.
Robos contra choferes de aplicaciones
El grupo delictivo habría llevado sobre sus espaldas numerosos ataques a conductores de Didi y de Uber, según la Justicia.
Los casos se remontan, al menos, a abril de 2024, cuando comenzaron a registrarse ataques violentos bajo una modalidad reiterada: pedidos de viajes a través de perfiles falsos y asaltos en puntos previamente seleccionados, sobre todo en barrio Colinas del Cerro, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
La seguidilla generó serias preocupaciones entre las autoridades de Seguridad.
Allanamientos por la inseguridad en Córdoba
Los hechos más significativos se registraron el 20 de abril de aquel año, cuando un chofer de Uber fue golpeado y despojado de su Peugeot 408.
El 26 de mayo, otro conductor sufrió el robo de su vehículo tras acudir a un viaje solicitado por la aplicación. El 9 de julio, un trabajador de Didi fue amenazado y obligado a entregar su Fiat Mobi.
Cuatro días después, el 13 de julio, una conductora fue intimidada con un arma de fuego y le sustrajeron el auto, dinero y teléfonos celulares.
Lo que en principio parecían hechos aislados terminó revelando, para la fiscalía de instrucción a cargo de Juan Pablo Klinger, un patrón común y una estructura organizada.
Pero lo que llama la atención en este caso es que el dato que terminó de “tumbar” la estructura no surgió de un gran operativo ni de una delación anónima. Fue una gorra roja.
Britos, su olvido, y el principio del fin de la banda
La historia comenzó a ampliarse cuando, en paralelo a los robos a choferes, los investigadores detectaron la participación de uno de los acusados, Ignacio Fabián Britos, en “escruches” (robos domiciliarios sin moradores presentes).
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En uno de esos episodios, el autor dejó olvidada en la vivienda una gorra roja que contenía un logo fácilmente identificable y para nada corriente.
El detalle podría haber pasado inadvertido. Pero no fue así.
“Esa gorra yo la vi en algún lado”, recordó un comisionado del MPF al analizar las pruebas. Y esa frase fue el punto de inflexión.
Al revisar redes sociales abiertas, los investigadores encontraron publicaciones en las que Britos aparecía usando una gorra idéntica. A partir de allí, se profundizó el cruce de datos.
La clave terminó de encajar cuando un vecino, víctima de un robo domiciliario, reconoció en una de esas publicaciones objetos que le pertenecían. “Esa es mi habitación, esa campera es mía”, habría dicho al observar las imágenes que los mismos ladrones habrían publicado.
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Con esa confirmación en mano, se avanzó en el análisis técnico.
Los peritos analizaron antenas, geolocalización de teléfonos y registros de comunicaciones. Estos cruces permitieron ubicar dispositivos en las zonas y franjas horarias coincidentes con los hechos.
Así, lo que empezó como un escruche aislado permitió robustecer la hipótesis que fue esbozando Klinger de que Britos no actuaba solo y de que formaba parte de una estructura más amplia que también estaba detrás de los asaltos a conductores de aplicaciones.
La caída de los integrantes de la banda que ahora van a juicio
Con la evidencia acumulada, la fiscalía ordenó una serie de allanamientos –18 en total– en distintos barrios de la Capital. Principalmente, se secuestraron celulares y documentación.
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Según la acusación, Pérez habría ejercido el liderazgo y tenía a su cargo la toma de decisiones clave.
Otros integrantes, como Gutiérrez, Luján, Ibarra y Britos, fueron señalados como ejecutores directos de los robos a los choferes.
En tanto, Lescano y Meier (este último reconoció su implicancia) habrían tenían el rol de comercializar los vehículos y los objetos sustraídos.
Riuli, por su parte, asumió haber facilitado su cuenta bancaria para canalizar transferencias de dinero provenientes de las víctimas, como ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando recibió $ 100 mil en su cuenta del Banco Nación tras un asalto.
Uno a uno fueron detenidos o imputados. La investigación acumuló al menos 14 hechos delictivos atribuidos a la banda, entre robos de automóviles, amenazas con armas de fuego y maniobras de encubrimiento.
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Los acusados que no aceptaron el juicio abreviado enfrentan ahora la elevación a juicio ante la Cámara en lo Criminal y Correccional. De confirmarse la acusación fiscal, podrían recibir penas por asociación ilícita y por robos calificados.
Investigaciones que no frenan
Entre los investigadores, comentan el caso como “una pesquisa profunda” y hablan de cómo este tipo de seguimientos investigativos puede convertir un hecho aparentemente menor en el desmantelamiento de una organización.
“Si uno se queda sólo con el primer robo, probablemente tenga un detenido y nada más. El tema es no soltar el hilo”, señalan.
El caso de Britos y la gorra roja es citado puertas adentro como un ejemplo paradigmático. Un objeto que dejó uno de los sospechosos permitió enlazar causas, cruzar datos tecnológicos y exponer una estructura que operaba desde hacía meses.
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También destacan el compromiso de algunos vecinos que aportaron información clave al reconocer objetos en publicaciones y brindar testimonios. Sin esa colaboración –subrayan–, el rompecabezas hubiera sido más difícil de completar.
