Luego de cuatro horas de alegatos en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, el fiscal Gustavo Arocena pidió condenas elevadas para los principales involucrados en una aceitada red de estafas telefónicas que operaba en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María.
El acusador público solicitó severas penas de prisión para la estructura del denominado call center “tumbero”, un entramado que combinaba la vulnerabilidad de las cárceles, la complicidad de altos jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), dos uniformados de la Policía de la Provincia y una red de colaboradores externos. Para todos los uniformados, también pidió inhabilitación.
Como este diario viene informando desde la segunda mitad de 2023, la instrucción del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier terminó con la detención de las tres máximas autoridades de esa cárcel, otro oficial penitenciario, el "pluma" del Pabellón 11 donde se montó un centro de operaciones con toda la connivencia de los guardiacárceles, sus cómplices detenidos, numerosos apoyos externos y hasta dos policías acusados de avisar a quienes iban a ser allanados.
El mecanismo delictivo
El mecanismo delictivo desplegado por la organización funcionaba con precisión y roles perfectamente asignados. Desde el interior del Pabellón 11, los internos actuaban como "operadores" telefónicos, utilizando celulares que ingresaban de manera clandestina gracias a la connivencia de los jefes penitenciarios, según la acusación.
Estos presos realizaban llamadas aleatorias a ciudadanos de distintos puntos del país, especialmente con supuestas ventas a través de la plataforma Marketplace.
En ese esquema, la figura del "pluma" o jefe del pabellón Sebastián Ezequiel "Pitu" Moyano era clave para coordinar la convivencia y garantizar que las células operaran sin interrupciones.
Una vez que el "operador" lograba embaucar a la víctima y obtener sus claves de home banking o inducirla a realizar transferencias, entraba en juego el eslabón externo. Los denominados "apoyos" desde el exterior, conformados principalmente por familiares y allegados en libertad, prestaban sus cuentas bancarias o billeteras virtuales como "cuentas de destino" para recibir los fondos robados.
De inmediato, se encargaban de retirar el dinero en efectivo en cajeros automáticos o comercios, completando el blanqueo del botín.
Por otra parte, cuando se inició la investigación del fiscal instructor Enrique Gavier, se detectó que dos policías de Bell Ville daban aviso a los señalados para los allanamientos.
Pedidos de condena
El alegato del fiscal Arocena apuntó en primera instancia a quienes tenían la responsabilidad de custodiar el orden y terminaron comandando la estructura. Para Andrés Américo Aciar (47), director del penal de Villa María, solicitó la pena de 8 años de prisión, acusado como coautor de asociación ilícita en calidad de jefe y estafa.
Juzgan a jefes penitenciarios, presos y “externos” por estafas desde el “call center” tumbero de Villa María
En tanto, para Néstor David Gómez (42), subdirector de operaciones, y Edgar Ezequiel Arroyo (42), jefe de seguridad del mismo establecimiento, requirió 7 años de cárcel bajo los mismos cargos.
La misma sanción de 7 años de prisión fue pedida para Oscar Pablo Figueroa (46), otro oficial penitenciario a cargo de la segunda compañía del penal.
En el tramo de los internos que operaban intramuros, se destacó la solicitud para el cabecilla de la banda en el pabellón, "Pitu" Moyano (38), para quien se pidieron 6 años y 10 meses de prisión en calidad de jefe de la asociación ilícita, con declaración de reincidencia.
Asimismo, el fiscal requirió penas de 5 años y 3 meses de prisión para los organizadores de la banda, Sofía Macarena Moyano (30, sobrina de Pitu) y Ulises Nicolás Moyano (21, hijo del "pluma").
La acusación también alcanzó a dos efectivos policiales de la División Investigaciones de Bell Ville, señalados por filtrar información confidencial y avisar a la banda sobre los allanamientos inminentes de la causa.
Para el policía Santiago Mauricio Martín (43) se solicitaron 4 años y 4 meses de prisión por asociación ilícita, violación de secretos y participación secundaria en estafas. Para su colega Mauricio Marcos Agüero (40), el pedido fiscal fue de 4 años y 2 meses de cárcel.
Hay que agregar que a todos los uniformados –penitenciarios y policías– Arocena les pidió la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto es lo que hizo que estos acusados no admitieran acuerdos de juicio abreviado y decidieran discutir en debate "abierto" los cargos.
Finalmente, respecto a los "apoyos" externos que no formaron parte del juicio abreviado inicial de 2025, las solicitudes de pena se encuadraron en el delito de asociación ilícita y estafa.
Primera condena por el “call center tumbero” que funcionaba en la cárcel de Villa María
Cabe destacar que gran parte de esta red ya había aceptado su culpabilidad en un juicio abreviado celebrado en 2025, donde se dictaron condenas de entre tres y tres años y medio de prisión.
Investigación
La instrucción de esta compleja causa penal estuvo a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, cuyas acciones en la segunda mitad de 2023 desnudaron un aparato de corrupción sistémico dentro de los establecimientos carcelarios de la provincia.
Las intervenciones de Gavier no se limitaron a Villa María. Investigaciones similares descabezaron bandas en los penales de Cruz del Eje y Córdoba (Bouwer), logrando trepar en la línea de responsabilidades hasta detener a la mismísima cúpula del SPC, incluido su jefe máximo, Juan María Bouvier.
El debate en la Cámara 10ª continuará la próxima semana con los alegatos de las defensas y de la querella particular. Este último rol es ejercido por Eduardo Caeiro, otrora defensor oficial que renunció a su cargo tras verse envuelto en acusaciones por supuestas filtraciones de datos en un concurso para funcionarios judiciales.
Caeiro representa actualmente al fiscal de cámara Hugo Almirón, quien se constituyó como una de las víctimas estafadas por este call center “tumbero”.
