La defensa de Alejandro Muszak –el CEO de la fintech Wenance SA– presentó una oposición formal a la elevación a juicio en la causa que investiga presuntas 90 estafas vinculadas a operaciones financieras en la sucursal Córdoba, recientemente solicitada por el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier.
El abogado que Muszak tiene en Córdoba, Pablo Alejandro Pigini, solicitó el sobreseimiento de su cliente y el traslado del expediente al fuero federal.
El letrado cordobés sostiene que los hechos atribuidos no configuran el delito de estafa, ya que “no se encuentran acreditados los elementos esenciales de esa figura penal, en particular la existencia de un engaño o ardid”.
Pigini afirma que “no hay pruebas suficientes que demuestren que Muszak haya actuado con intención de defraudar ni que haya participado en maniobras engañosas dirigidas a inversores”.
El eje de la argumentación se centra en que la operatoria investigada se desarrolló dentro de una actividad económica real: el otorgamiento de créditos al consumo a través de empresas no financieras.
Según la defensa, se trata de un negocio que implica altos riesgos conocidos por quienes invierten en este tipo de instrumentos, por lo que no correspondería hablar de “víctimas” de una estafa, sino, en todo caso, de “incumplimientos contractuales en un contexto económico adverso”.
En ese sentido, el escrito destaca la trayectoria de Muszak en el sector, señalando que su empresa fue fundada en 2000 y que durante más de dos décadas se dedicó de manera ininterrumpida a la misma actividad.
También remarca que se trata de una figura con reconocimiento internacional en el ámbito financiero, lo que, según la defensa, resulta incompatible con la hipótesis de una estructura diseñada con fines fraudulentos.
Otro de los puntos centrales es el contexto económico. Pigini atribuye las dificultades financieras a factores externos como cambios regulatorios, aumento de la competencia y altos niveles de inflación entre 2022 y 2023, que habrían afectado la capacidad de pago de los clientes y generado mora.
Además, subraya que el propio Muszak habría intervenido en acuerdos para devolver dinero a inversores, lo que interpretan como una conducta incompatible con una maniobra defraudatoria.
Traslado de jurisdicción
En paralelo, el planteo cuestiona la competencia de la Justicia provincial y solicita que la causa sea remitida al fuero federal. Argumenta que los hechos investigados forman parte de una estructura más amplia, en distintas jurisdicciones federales, incluyendo investigaciones en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la Jueza Arroyo Salgado.
Según la defensa, mantener el expediente en Córdoba podría generar decisiones contradictorias, duplicación de esfuerzos judiciales y afectar el derecho de defensa, al obligar a enfrentar procesos paralelos sobre un mismo entramado de hechos.
Finalmente, el escrito solicita que se rechace la elevación a juicio, se dicte el sobreseimiento de Muszak por inexistencia de estafa, y se declare la incompetencia del fuero provincial para que el caso sea tratado de manera unificada en la Justicia federal.
La acusación
A la cabeza de los imputados se encuentra Muszak, quien junto con otros tres directivos de Wenance debe responder por el presunto delito de "estafas reiteradas". La magnitud del caso es elocuente: el expediente agrupa 90 hechos presuntamente delictivos perpetrados contra ahorristas de la provincia, de los cuales 40 son representados por el abogado querellante Carlos Nayi.
La resolución fiscal identifica con claridad a los cuatro protagonistas que ocuparán el banquillo de los acusados.
Todos ellos formaban parte del engranaje jerárquico que permitía la operatoria de Wenance SA –con oficinas en la lujosa torre de Capitalinas– y sus sociedades satélites.
Alejandro Muszak (55) está señalado por la requisitoria fiscal como el presunto cerebro y coautor de la totalidad de las maniobras, 90 hechos. En su calidad de presidente de Wenance, tenía el control absoluto de las decisiones y era quien diseñaba las estrategias de captación y el destino de los fondos.
Pedro Luis Viggiano (51) llega imputado por presuntos 57 hechos de estafa. Como parte del directorio, participaba en la validación y la ejecución del esquema que permitía el desvío de los capitales captados, según la causa.
Algo menos comprometido está Rodolfo Cleto García (71), quien debe responder como presunto coautor de siete hechos de estafa. Su rol era clave en la estructura societaria y operativa que daba soporte a la financiera, según la causa.
La maniobra de engaño
El aspecto más revelador de la investigación del fiscal Gavier es la descripción del mecanismo utilizado para defraudar a los cordobeses.
Según la pieza acusatoria, el "ardid" no fue una falla de mercado o de cuestiones coyunturales que pudieran derivar en un incumplimiento de contrato, sino un plan deliberado para cometer una estafa.
Tres megaestafas financieras importadas que estallaron en Córdoba
Siempre según la acusación, la financiera operaba bajo el disfraz de una empresa sólida que otorgaba créditos a sectores no bancarizados. Para fondearse, captaba inversores bajo la figura de contratos de inversión o cesión de carteras de préstamos.
A los ahorristas se les prometía que su dinero estaba respaldado por "fideicomisos financieros" seguros, donde el activo subyacente eran los microcréditos que Wenance cobraba mes a mes a miles de deudores.
