La Voz En Vivo. Caso Tomás Orihuela: la defensa de la policía detenida pide prisión domiciliaria y cuestionó la imputación

La Justicia de Córdoba continúa con la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven que fue hallado sin vida en una celda de una comisaría de la Capital tras lo que se presume fue un suicidio.

El fiscal Andrés Godoy imputó a seis efectivos policiales, aunque solo la oficial Antonela Romero permanece detenida en la actualidad.

En una entrevista con La Voz En Vivo, su abogado defensor, Fernando Vásquez, brindó precisiones sobre la estrategia legal que llevan adelante tras asumir la defensa el pasado viernes.

Romero enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo, situación que su representante busca revertir.

Una de las primeras medidas solicitadas por la defensa ante la fiscalía es el beneficio de la detención domiciliaria para la oficial Romero.

El argumento principal se basa en que la mujer es madre de un niño de cuatro años, cumpliendo con los requisitos legales previstos por la normativa vigente.

"La ley prevé específicamente que los menores de cinco años deben estar con la madre, por lo cual hemos pedido la domiciliaria, aunque todavía no ha sido resuelto", explicó Vásquez durante el programa. El letrado manifestó su sorpresa por la demora en la respuesta del fiscal ante este pedido puntual.

Vásquez cuestionó que Romero sea la única de los seis imputados que se encuentra privada de su libertad, señalando que todos poseen la misma calificación legal en la causa. Para el abogado, no existen indicios de peligrosidad procesal que justifiquen que su defendida permanezca en una celda.

"Estamos hablando de una chica que vive en Deán Funes, lejos del lugar donde se realiza la investigación", señaló el defensor para descartar riesgos de fuga. Asimismo, sostuvo que es imposible que la oficial entorpezca la causa ya que se encuentra en situación pasiva y no tiene acceso a sus funciones.

Respecto a la detención de Tomás Orihuela, la defensa sostiene que la oficial actuó conforme a derecho cumpliendo funciones de control callejero. Según Vásquez, al momento de controlar al joven, este registraba un pedido de captura vigente desde la ciudad de Gualeguaychú.

"Al momento que Antonela procede a privar de la libertad a Tomás, el pedido de secuestro está absolutamente vigente y esto consta en el expediente", afirmó el abogado. Vásquez aclaró que la cancelación de dicho pedido de captura se produjo recién el lunes siguiente debido a un error administrativo.

El defensor enfatizó que lo realizado por Romero fue técnicamente una "aprehensión", una medida fugaz permitida por el Código Procesal Penal ante casos de pedidos de captura.

Explicó que, bajo estas circunstancias, el policía no tiene una facultad discrecional para decidir, sino que está obligado a actuar.

"Lo que hizo Antonela está ajustado a derecho porque ella entregó ese procedimiento y no se movió hasta que se lo recibieron en la unidad judicial", precisó Vásquez. Según su postura, la oficial no tenía facultades legales para liberar al detenido una vez que el procedimiento ya estaba en curso bajo la órbita judicial.

Otro de los puntos de conflicto mencionados fue la filtración de supuestos mensajes de WhatsApp que complicarían a la oficial detenida.

Vásquez lamentó que la defensa no tenga acceso a los detalles del expediente debido al secreto de sumario vigente.

"Es lamentable enterarnos por los medios de prensa y vivir en una duda; no sabemos si esos mensajes son reales o si están sacados de contexto", expresó el abogado. Finalmente, instó al fiscal a asegurar que no existan fugas de información que puedan afectar el debido proceso y la defensa de los involucrados.