Justicia. En 14 meses, tres jóvenes murieron tras arrestos y 13 policías quedaron imputados en Córdoba
Los casos Tomás Orihuela, Samuel Tobares y Guillermo Bustamante vuelven a encender alertas sobre la preparación, el control y la capacitación de policías en la provincia. La mayoría de las imputaciones giran en torno a la figura del homicidio.
Mientras la familia de Tomás Orihuela (19), el joven que murió ahorcado días atrás en la comisaría 6ª de la ciudad de Córdoba luego de haber sido detenido a todas luces de manera ilegal, la causa judicial avanza a paso firme con las imputaciones de seis policías de esa dependencia. Una uniformada, entre esos imputados, quedó presa.
El fiscal Andrés Godoy los acusó por homicidio culposo y privación ilegítima de la libertad. Entre los imputados, hay un comisario.
Semejante derivación de la causa representa un nuevo y fuerte sismo en las filas de la Policía de Córdoba y, por extensión, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Al analizar el cuadro de situación de manera macro, la realidad no deja de impactar y encender alertas nuevamente: en sólo 14 meses, tres varones murieron tras ser detenidos por la Policía en operativos callejeros cuestionados y, como consecuencia de esos fallecimientos, hay 13 uniformados imputados, varios de ellos detenidos.
Los otros dos casos bajo investigación judicial son: Samuel Tobares (34), quien murió en noviembre de 2025 tras una violenta detención callejera en Villa Parque Síquiman; y Guillermo Bustamante (39), quien perdió la vida tras ser golpeado dentro de un patrullero en una violenta detención en una estación de servicio en barrio Villa Páez de la Capital.
Por la causa Tobares, hay dos policías de la Unidad Departamental Punilla presos por homicidio preterintencional. Por la causa de Bustamante, en tanto, hay cinco efectivos imputados y ya en libertad (tres por homicidio preterintencional y dos por encubrimiento y omisión en los deberes de funcionario público).
Con todo, esta preocupante realidad no deja de poner bajo la lupa la preparación, la capacitación y el control que hay o que debería haber sobre los efectivos policiales que trabajan en las calles de Córdoba.
Desde el crimen de Blas Correas, ocurrido en 2020 y por el que 11 policías terminaron condenados (dos a perpetua) y con todo lo que eso significó, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, no han dejado de repetirse graves casos de personas muertas o heridas en Córdoba y con policías que terminaron imputados como los responsables de esos fallecimientos.
En 2022, hubo otro gravísimo caso: Jonathan Romo murió en la comisaría de La Falda adonde fue trasladado tras ser detenido y golpeado en la calle tras sufrir una crisis psiquiátrica.
Por la muerte de Romo habrá un juicio abreviado contra tres policías por homicidio culposo y, en paralelo, otros dos efectivos serán juzgados por encubrimiento agravado.
El caso Tomás Orihuela
El último gran sismo en la Policía cordobesa es por la muerte de Tomás Orihuela, quien se ahorcó el pasado 25 de abril en una celda de la comisaría 6ª de barrio General Paz de Córdoba Capital.
El fiscal Godoy no tiene dudas de que Orihuela se quitó la vida. El cuerpo no presentaba golpes.
Ahora bien, según la investigación judicial, el joven nunca debió haber sido detenido (llegó a ser apresado dos veces en apenas 48 horas) porque las órdenes de captura no tenían más vigencia y nunca debió haber estado alojado en una celda.
Mucho menos de esa comisaría.
Hay más: el fiscal analizó celulares de los policías y halló presuntos diálogos comprometedores en torno a los arrestos y con comentarios al joven en sí. Orihuela había estado preso meses atrás por robo de celulares y había cumplido ya con la condena. Al parecer, seguía siendo hostigado, cuanto menos.
El pasado viernes, el fiscal Godoy imputó a seis policías.
Por un lado, hay tres oficiales de una patrulla acusados por privación ilegítima de la libertad con abuso funcional. En ese grupo, a su vez, la jefa del móvil está acusada (y detenida) por homicidio culposo y alteración de medios de prueba.
En paralelo, hay dos policías de la comisaría 6ª acusados por homicidio culposo. En tanto, hay un comisario acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para el fiscal, los policías habrían detenido semanas atrás de manera ilegal a Orihuela presuntamente sabiendo que las órdenes de captura ya no tenían vigencia y como una suerte de represalia contra el joven por los robos cometidos y por los que ya había sido condenado.
Orihuela llegó a estar varias horas dentro de un patrullero antes de ser depositado en la celda donde se terminó ahorcando. En audios enviados a su madre, poco antes de ser detenido por última vez, el joven hacía mención a hostigamientos policiales y a temores de volver al barrio y que pudieran “plantarle” algo.
La causa prosigue, la fiscalía continúa con una serie de medidas investigativas y se esperan las indagatorias. No se descarta que puedan producirse nuevas imputaciones.
La causa Samuel Tobares
Samuel Tobares fue reducido y detenido de violenta manera por dos policías en una garita de colectivo de Villa Parque Síquiman en la noche del 24 de noviembre de 2025.
La patrulla había llegado al lugar tras el llamado de una vecina que denunciaba haber tenido una discusión con un joven momentos antes
No está claro si esa discusión había sido con Tobares o no.
Lo concreto es que dos uniformados llegaron y terminaron deteniendo al muchacho de violenta manera en el suelo. Los oficiales comenzaron a revisar al joven y todo se trastrocó. Hubo insultos, empujones y golpes.
Vecinos señalaron que el joven fue sometido a una “tremenda golpiza policial”. Las lesiones, según testimonios, fueron en el suelo y en el patrullero adonde fue ingresado esposado. En el mismo móvil fue llevado al hospital Sayago, adonde llegó muerto. Samuel falleció por shock cardíaco.
Dos policías fueron detenidos por homicidio preterintencional por el fiscal Ricardo Mazzucchi.
El caso Bustamante
El 24 de marzo de 2025, patrullas policiales a una estación de servicio en barrio Villa Páez. Un estacionero los había llamado porque un cliente no quería pagar el combustible.
Los efectivos controlaron al clienter en cuestión, Guillermo Bustamante, y todo derivó en insultos, empujones y golpes. Bustamante, sin dejar de resistirse, fue introducido a un patrullero donde siguió recibiendo golpes, según lo determinó el fiscal Guillermo González.
Bustamante murió infartado.
Si bien en un primer momento, la fiscalía detuvo a cinco policías por homicidio calificado, la acusación luego mutó luego de que se descubrió que la víctima tenía una afección cardíaca previa.
Dos policías quedaron acusados por homicidio preterintencional y otros tres por encubrimiento y omisión de los deberes. Están libres.
