Caso Aguilera. Absuelto Ramírez, su familia y la de Santiago van contra el fiscal Senestrari

El caso de Santiago Aguilera, el adolescente que secuestraron y mataron cruelmente en Traslasierra en 2022, ha tenido en Julio César Ramírez (35) a un acusado con un periplo judicial singular en la Justicia de Córdoba. La Cámara Federal de Casación Penal lo absolvió y ordenó esta semana su inmediata libertad, tras confirmar que eran falsas las pruebas que lo incriminaban.

Tanto su familia como la de la víctima apuntan hoy a la responsabilidad del fiscal federal Enrique Senestrari, inicialmente a cargo de la causa, que hoy se encuentra en manos de Maximiliano Hairabedian.

En junio de 2025, en el primer juicio del caso, el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba condenó a Walter Gil (25) a cadena perpetua, por considerarlo autor intelectual y planificador del secuestro y muerte de Aguilera. Por el caso siguen detenidos otros cuatro jóvenes de Traslasierra.

Ramirez estuvo detenido 16 meses. Lo liberaron. A los tres meses volvió a ir preso por la misma causa. En junio de 2025 lo condenaron a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Le aumentaron la condena a 12 años considerando que era partícipe necesario del homicidio, hasta que se confirmó que las pruebas para penarlo eran falsas. Fue a prisión domiciliaria en enero. Esta semana quedó totalmente absuelto.

“Después de tres años de dolor, lo único que queremos es un poco de paz, la Justicia destruyó a mi familia, mi marido murió de un infarto y mi hija, la más cercana a Julio César, se quitó la vida, no hay palabras para decir lo que hemos sufrido”, afirma Rosa Becerra, la madre del liberado y de siete hijos más de una familia de Villa Sarmiento, localidad vecina de Villa Dolores.

Llorando, Becerra destacó que nunca antes habló, y le dijo a La Voz: “Fueron tres años de lucha continua, mi hijo pasó por demasiadas cosas en la cárcel; nos destruyeron la vida, porque no sólo sufrimos la injusticia, sino también la discriminación y la humillación de la sociedad en los medios y en las redes, nos destruyeron moral, psicológica y económicamente”.

“Mi hijo está mejor, pero tiene depresión y está medicado psiquiátricamente, tengo miedo por su integridad, estamos todos cansados de tanto dolor, nosotros también vivimos un tormento, igual queremos justicia para Santiago”, dijo la ama de casa, quien agradeció a la defensa oficial de su hijo.

La familia de Ramirez denunció a la Justicia y a la Policía por apremios ilegales y abusos de autoridad en el momento de la detención del joven, sucedida en abril de 2023. Esa causa se encuentra en los tribunales de Río Cuarto. La mujer afirma que tanto el detenido como su familia sufrieron golpes y amenazas en el allanamiento y detención, y en el viaje del detenido a Córdoba.

“En las sierras detuvieron el vehículo, lo hicieron bajar y lo golpearon mucho, tuvo que ser internado después en Bouwer”, dijo.

Desde 2023 se afirmó que Ramírez había manipulado el celular de Santiago Aguilera horas antes de su muerte. Después, fuentes judiciales aclararon que, en realidad, el acusado había entrado desde una computadora a la cuenta de Gmail de la víctima. Era toda la prueba en contra de este detenido.

En noviembre de 2025 la Cámara Federal de Casación aumentó la pena de Ramírez de 4 a 12 años, por considerarlo partícipe secundario en el secuestro y muerte de Santiago. Poco después, un empleado dela fiscalía de Senestrari, Ramiro Daverio, reveló que en realidad era él quien había entrado al correo del adolescente, desde un hotel de Villa Dolores donde se alojaba el equipo de investigación. La noticia produjo un escándalo en el entorno y un vuelco en la causa.

La defensa de Ramírez pidió su absolución.

Carlos Aguilera, comerciante de Traslasierra y padre de Santiago, aseveró: “No nos sorprendió este resultado, porque la acusación a Ramírez llegó débil de pruebas al juicio de hace un año, una vez más se demuestra que Senestrari despreció la idea del secuestro, él abandonó a mi hijo y lo dejó morir, asegurando que se había ido por su voluntad, y que ya volvería”.

La familia Aguilera denunció al fiscal federal en 2024 por falta de objetividad y negligencia en el caso.

El progenitor agregó: “Otro tema grave es que Daverio tampoco habló a tiempo, en el juicio nada dijo que era él quien había entrado a la cuenta de Santiago, nos engañaron a todos, incluso al fiscal federal de la Nación, habló después de se le aumentara la pena a Ramírez, para nosotros representó un gran desgaste psicológico y económico”.

Aguilera destacó: “Senestrari dilata los tiempos, por eso queremos que sea apartado, porque él usa su poder a su favor, también pedimos que se remitan los antecedentes a quienes deciden en la causa que llevamos en contra de él”,

El defensor oficial de Ramírez, Jorge Perano, resumió a La Voz: “Finalmente se hizo Justicia, y se entendió que Ramírez era inocente, él no participó en este hecho; en el juicio dimos 20 razones técnicas para afirmar eso, pero la fiscalía no supo escuchar, e insistió en la acusación, ojalá ahora se le pidan a la familia las disculpas públicas necesarias…”.

Perano afirmó que no hay dudas sobre la inocencia de su defendido, y recordó que Ramírez podría ir judicialmente contra el Estado. También criticó a quienes “siguen sembrando dudas y nada hay probado” sobre la inocencia del liberado.

Santiago desapareció el 17 de agosto de 2022. Sus padres recibieron mensajes extorsivos desde su propio celular. Comenzó una búsqueda intensa que priorizó las cercanías de la casa del joven, en el paraje Chuchiras, entre Las Tapias y San Javier. El jueves 18 se detuvo a Walter Gil, un empleado del corralón de los Aguilera, en el que trabajaba Santiago.

Pasaron días de misterio y zozobra. El domingo 21 de ese mes, el chico fue encontrado en un campo, por un lugareño, torturado y asesinado a golpes. Las huellas de los tormentos eran estremecedoras.

Hasta hoy se ignoran las reales motivaciones de la muerte del chico, y no se sabe quiénes y dónde mantuvieron cautivo al adolescente bajo graves vejaciones