Gas. Qué son las “zonas frías”, cómo impactan en Córdoba y qué podría pasar con la boleta

Desde hace varios meses, se viene hablando de las “zonas frías” para el consumo de gas en todo el país. La última novedad es que el Gobierno nacional quiere reducirlas para bajar el subsidio que las mantiene.

¿De qué se trata la "zona fría"? El conceto no surgió como una política reciente ni como una respuesta coyuntural, aunque en los últimos años adquirió una dimensión que lo volvió central en el debate energético. Se trata de un régimen que establece tarifas diferenciales de gas para regiones donde las temperaturas obligan a un mayor consumo para calefacción, con el argumento de equilibrar el costo de vida entre distintas zonas del país.

Durante décadas - desde 2001- ese beneficio estuvo concentrado en la Patagonia, en la Puna y en un sector de Mendoza, pero en 2021 se produjo una expansión que alteró su escala y su lógica. Fue por un proyecto de ley que impulso Máximo Kirchner.

Aquel año, la ampliación incorporó más de 150 departamentos en distintas provincias, lo que elevó el universo de beneficiarios de menos de 850 mil usuarios a cerca de cuatro millones.

Esa expansión incluyó a una parte significativa de Córdoba, que pasó a tener 13 de sus 26 departamentos dentro del esquema, entre ellos Capital, Río Cuarto, General San Martín y Unión. En términos concretos, unos 653 mil usuarios cordobeses comenzaron a recibir descuentos en sus facturas de gas, algo que hasta ese momento no ocurría para la mayoría de ellos.

El mecanismo es simple en su formulación, aunque complejo en sus efectos. Los usuarios incluidos en las nuevas zonas reciben un descuento general del 30% sobre la tarifa, mientras que los sectores vulnerables acceden a una reducción del 50%.

En las regiones históricas, como la Patagonia, el beneficio sigue siendo del 50% para todos los usuarios. Esa diferencia marca que el esquema no es uniforme, sino que combina criterios climáticos con decisiones políticas.

El financiamiento del régimen también define su lógica. A diferencia de otros subsidios energéticos, el de las "zonas frías" no depende directamente del Tesoro, sino de un recargo que se aplica al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Ese adicional lo pagan todos los usuarios del país, lo que implica que una parte del sistema subsidia a otra.

Con la ampliación, ese recargo subió y quedó habilitado a incrementarse hasta un tope, en función de las necesidades del fondo que sostiene el beneficio.

En Córdoba, el impacto fue inmediato en términos de facturación. Usuarios que hasta entonces pagaban tarifa plena pasaron a tener descuentos significativos, en especial durante los meses de invierno, cuando el consumo se dispara.

Según estimaciones oficiales de aquel momento, la reducción de las boletas podía superar el 60% en comparación con escenarios sin subsidio. Esa mejora en el ingreso disponible de los hogares fue uno de los principales argumentos a favor de la medida.

Sin embargo, la forma en que se definieron las zonas generó controversias desde el inicio. El criterio técnico se basó en una norma que evalúa condiciones climáticas a partir de temperaturas promedio y de un estándar de confort térmico, aunque su aplicación dejó inconsistencias evidentes en el mapa.

En Córdoba, departamentos incluidos conviven con otros excluidos que presentan condiciones similares, lo que derivó en reclamos políticos para ampliar el alcance del régimen.

Esa discusión nunca terminó de cerrarse. Desde distintos sectores se planteó que el esquema, tal como quedó configurado, mezcla criterios técnicos con decisiones de oportunidad política, en un contexto en el que la ampliación coincidió con un año electoral.

También surgieron cuestionamientos sobre la equidad del sistema, en la medida en que el subsidio se otorga de manera generalizada dentro de las zonas incluidas, sin discriminar por nivel de ingresos o por nivel de consumo.

Ese punto abre otra discusión más profunda sobre los incentivos que genera el régimen. Algunos especialistas advierten que los subsidios amplios tienden a aumentar el consumo de gas, incluso en hogares de altos ingresos, lo que termina presionando sobre la demanda y, en consecuencia, sobre la necesidad de importaciones en los meses de invierno.

En un país donde el gas es un recurso que no siempre alcanza para cubrir la demanda interna, ese efecto no es menor.

El contexto actual vuelve a poner el tema en primer plano, aunque por una razón distinta. El proyecto de Presupuesto nacional, que impulsa Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, introdujo cambios que podrían modificar la base legal del régimen. En lugar de mantener los descuentos definidos por ley, la propuesta apunta a que sea el Poder Ejecutivo quien determine el alcance y las condiciones del beneficio.

En la práctica, eso implica que los porcentajes y las zonas podrían cambiar según las necesidades fiscales y las decisiones de política económica.

Para Córdoba, ese giro abre un escenario incierto. La provincia consolidó en los últimos años un esquema en el que una parte relevante de sus usuarios depende de esos descuentos para amortiguar el costo del gas, en particular en invierno. Si el régimen pierde su carácter automático y pasa a depender de decisiones de Luis Caputo, la continuidad de esos beneficios deja de estar garantizada.

El debate, en el fondo, excede la discusión técnica sobre temperaturas o mapas. Lo que está en juego es cómo se distribuye el costo de la energía en un sistema que combina subsidios, tarifas reguladas y un mercado internacional cada vez más volátil.

Las zonas frías fueron, en su origen, una herramienta para corregir una desigualdad geográfica. Con el tiempo, se transformaron en un instrumento de política económica que hoy vuelve a ser revisado, en un contexto donde el margen fiscal es más estrecho y las tensiones sobre el sistema energético son más visibles.