Subsidios al gas. El Gobierno de Milei redefine el régimen de “zonas frías” y Córdoba podría perder beneficios
Cambia el criterio de asignación de los subsidios y pasa de un esquema basado en el clima a uno centrado en ingresos. En Córdoba, donde el descuento alcanza a unas 600.000 personas, la revisión podría implicar subas de hasta el 50% en las tarifas.
El Gobierno nacional avanzó con una modificación clave en el esquema de subsidios al gas natural que, sin eliminar formalmente el régimen de “zonas frías”, cambia su lógica de funcionamiento y abre la puerta a una reducción significativa de beneficiarios. La medida, incorporada en el decreto que acompaña el Presupuesto 2026, tiene un impacto directo en provincias como Córdoba, donde unas 600.000 personas acceden actualmente a tarifas diferenciales.
El cambio no aparece como una derogación explícita pero en los hechos, se trata de una reconfiguración de los criterios de asignación del subsidio. El decreto habilita a la Secretaría de Energía a revisar integralmente el sistema bajo el principio de “focalización eficiente”, lo que implica desplazar el eje desde un beneficio otorgado por ubicación geográfica hacia uno determinado por variables socioeconómicas.
Ese giro técnico tiene consecuencias concretas. Usuarios que hoy reciben descuentos del 30% o del 50% en sus facturas podrían perder el beneficio o ver reducida la bonificación si no cumplen con los nuevos parámetros. En Córdoba, donde el régimen fue ampliado en 2021 a 13 departamentos (incluidos Capital, Río Cuarto y General San Martín), el universo alcanzado por esa revisión es amplio.
De acuerdo con estimaciones basadas en los cuadros tarifarios vigentes, la eventual pérdida del subsidio podría traducirse en aumentos de hasta el 50% en las facturas de gas, especialmente en hogares de ingresos medios que habían sido incorporados por criterio territorial pero que no califican como vulnerables en términos socioeconómicos.
Cruce de bases
El decreto también profundiza herramientas de control que el Gobierno ya había comenzado a aplicar. Entre ellas, el cruce de bases de datos oficiales, como Afip, Anses y registros de propiedad, para detectar inconsistencias en la asignación de subsidios. Esa línea se había iniciado en 2025, cuando se obligó a usuarios con más de un medidor a revisar su situación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El trasfondo de la medida es una discusión más profunda sobre el sentido del régimen. El sistema de zonas frías fue creado en 2002, en el marco de la crisis económica, mediante la Ley 25.565, con el objetivo de compensar el mayor consumo de gas en regiones con inviernos más severos. No se trataba de un subsidio social clásico, sino de una política de equilibrio frente a diferencias climáticas.
Durante casi dos décadas, el beneficio se mantuvo limitado a la Patagonia, la Puna y algunas zonas específicas. Esa situación cambió en 2021, con la sanción de la Ley 27.637, que amplió el régimen a más de 150 departamentos de 12 provincias, incluyendo amplias regiones del centro del país. En Córdoba, la incorporación alcanzó a unos 600.000 usuarios, que comenzaron a recibir descuentos en el cargo fijo y variable de sus facturas.
El fundamento técnico de esa ampliación se apoyó en estudios de consumo: mientras en zonas templadas un hogar promedio utiliza unos 542 metros cúbicos de gas al año, en regiones más frías ese número asciende a más de 1.000 metros cúbicos, con un peso mayor de la calefacción en la demanda total.
El financiamiento del sistema, además, no mostraba signos de estrés. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, sostenido por un recargo en las tarifas de todos los usuarios del país, registró superávits entre 2021 y 2023, según datos oficiales del Ministerio de Economía.
Cambios
Sin embargo, con el cambio de gobierno en diciembre de 2023, el esquema entró en revisión. El Poder Ejecutivo intentó inicialmente eliminar el fondo fiduciario en el proyecto de Ley Bases, pero la iniciativa fue resistida en el Congreso.
El texto final excluyó explícitamente al fondo de las facultades para su disolución, lo que en ese momento fue interpretado como una preservación del régimen.
La redacción, no obstante, dejó zonas grises. La protección legal hacía referencia a la ley original de 2002, pero no mencionaba de manera explícita la ampliación de 2021. Esa ambigüedad es uno de los puntos sobre los que ahora se apoya la revisión impulsada desde el Ejecutivo.
En paralelo, la Secretaría de Energía avanzó en una segmentación más fina de los subsidios. Las resoluciones dictadas en 2025 introdujeron restricciones para usuarios con múltiples suministros y establecieron criterios más estrictos para acceder a los descuentos mayores.

