Transcurre una Semana Santa con mucho Vía Crucis para las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini, sin expectativas concretas de una Pascua de Resurrección.
El gobernador y el intendente capitalino parecen ir pasando por distintas estaciones hacia el Calvario, con algunas cruces ajenas pero otras varias autoheredadas de sus propias gestiones.
El conflicto docente tiene varias secuelas para la administración de Llaryora.
Afecta uno de los ejes del relato diferenciador selectivo de la administración libertaria de Javier Milei respecto de la apuesta por la educación en la Provincia.
Le endurece la relación con un sector que cuenta con buena aceptación en la sociedad.
Le saca interlocutores institucionales y deja a una parte de la dirigencia gremial a la retaguardia del reclamo de los maestros.
Le puede abrir la puerta a la demanda de los otros trabajadores públicos en cuanto cierre un acuerdo salarial.
El gobernador va detrás del conflicto sin haber tenido un negociador que le pueda ir anticipando la jugada, y con el ministro de Educación marginado de esa mesa de negociación de haberes.
La pérdida de peso político del gabinete provincial se viene notando en varias áreas y es un señalamiento repetido puertas afuera y para adentro del peronismo cordobés.
Gestión con problemas
Pero el gran problema para el oficialismo local es la gestión municipal capitalina.
La intervención de la Provincia es cada vez más amplia y convenientemente publicitada.
Docentes, ajuste y malhumor: la tormenta perfecta que enfrenta Llaryora
Bacheo y arreglo de calles, pavimentación, plazas, alumbrado público, controles de convivencia y conflictos urbanos. Todas las semanas un convenio para que las prestaciones municipales se hagan de manera conjunta con el Gobierno provincial.
En ese contexto, asoma una situación que va teniendo cada vez más aristas: el transporte urbano de pasajeros.
Un sistema que sigue atado con alambres. Contratos precarios, a corto plazo, a dedo, sin explicación de la irrupción temporaria de los prestadores y con cada vez más improvisación.
La puesta en escena municipal este miércoles para anunciar el fin del supuesto plan de contingencia, después de maltratar a miles de usuarios durante largas semanas, resultó más que fallida.
Y se transformó en un reflejo de lo fallido que es todo en torno del transporte.
Funcionarios y empresarios exaltando las virtudes de la nueva prestación mientras a pocas cuadras los vecinos seguían esperando más de una hora que pasaran los colectivos, algunos de los cuales salieron a hacer el recorrido sin cargar siquiera combustible.
Postal más que elocuente de un servicio que va teniendo distintos frentes.
Primero, por la insatisfacción de los usuarios en un sistema que hace agua y que está siendo sostenido con mucha precariedad por el transporte de aplicaciones.
Después, porque ya hay denuncias judiciales contra el propio intendente por supuestos ilícitos en las negociaciones con los particulares.
También por la presencia de representantes empresarios de compañías que ya se retiraron de las prestaciones a las que siguen asesorando y tomando decisiones; tal el caso de Roberto Albisu, de Ersa.
Hay, además, focos que apuntan a la posible participación de funcionarios provinciales en los acuerdos que suenan cada vez menos transparentes.
En el Centro Cívico miran con una preocupación creciente toda esa situación, que se suma a un escenario más que complejo.
