El malestar del sector docente con la administración que comanda Martín Llaryora superó el umbral de lo esperado por el Gobierno provincial. “Están zarpados. Son irracionales”, bramaron desde lo más alto del poder ayer por la tarde, cuando el gremio de los maestros, la UEPC, contestó con tres días de paro a la tercera propuesta ofrecida por el Panal.
Llaryora imaginó paz social en las vísperas de la Semana Santa. Pensó que atar el salario de los maestros a la inflación durante todo el año, más una recuperación de 5,3% por lo perdido el año pasado y una suba sustancial del Fonid que cortó Javier Milei en diciembre de 2023, serían suficientes para superar el filtro de las pretensiones del sector que se discuten en las asambleas docentes.
Llaryora se equivocó, al igual que las autoridades provinciales del sindicato, quienes irradiaron optimismo sobre un pronto cierre de la paritaria cuando la semana pasada analizaron la mejora ofertada por la Provincia.
El gobernador quería ser la excepción dentro del numeroso grupo de mandatarios provinciales empantanados en el fango que conforman la caída de los recursos propios, la merma acentuada del goteo proveniente de la coparticipación nacional y la inconformidad de agentes estatales a los que el sueldo se les termina pasada la mitad del mes.
En el Panal tomaron nota del rechazo. Llaryora ya trabaja en una nueva oferta que podría tener diferencias de impacto para los docentes que menos cobran. Tampoco se descarta que la nueva oferta vaya acompañada de una conciliación obligatoria, en el caso de que la UEPC no suspenda el paro de 72 horas lanzado. “Es muy bueno lo que ofrecimos. Presionan porque tienen estabilidad asegurada. En el sector privado, nadie rechazaría ajustar por inflación”, se suman las quejas, en una mezcla de incomprensión y enojo. La negociación entró en otra fase.
En ese contexto, hay funcionarios que recomiendan extender la puja para “desgastar” a los maestros. Otros, en cambio, creen que tomar ese camino podría ser algo parecido a caminar por un campo minado. Razonan que estirar el conflicto lo único que hará será exacerbar los ánimos y hacer más costoso el por ahora infructuoso acuerdo paritario.
Llaryora debe ecualizar con fineza y tacto el malestar que le genera la situación, con las consecuencias financieras que podría tener llevar las diferencias a una disputa prolongada.
Si, como cree el gobernador, el humor social ante la falta de respuestas de la economía se descompone ahora a una velocidad más rápida de la que lo hacía a finales del año pasado, agitar ese descontento podría no ser una buena idea.
Hay otro aspecto que comenzó a entrar en discusión. Se trata del argumento “ideológico” que se esgrime desde el Centro Cívico como explicación a la radicalización de los planteos atribuidos a la influencia de la conducción trotskista de la UEPC Capital. Ese planteo asoma insuficiente ante el tenor del rechazo que llegó desde la mayoría de los departamentos del interior. ¿Hay en el ADN del germen del descontento docente un componente que excede lo económico y toca lo político? “Los docentes votaron a Milei en apoyo al ajuste del Estado y ahora nos piden más aumentos a nosotros. Es difícil de entender”, profundizan en la incomprensión cerca de Llaryora.
Clima y conversación
Ese ambiente más denso que se percibe invadiendo a parte de la sociedad es medido permanentemente por el Panal. En esos sondeos que se consumen con fruición para testear el humor de los cordobeses, se asegura que la discusión que instaló el radical Rodrigo de Loredo sobre la vida útil de los policías redundó en un fortalecimiento del vínculo entre los azules y la administración Llaryora. Fue el propio mandatario quien calmó a los uniformados con un mensaje tranquilizador de que no habrá cambios en el régimen de retiros. De Loredo piensa exactamente lo contrario. Cree que primereó y logró colar un tema propio en el debate público, lo que lo posiciona como candidato opositor en medio de un aún inmaduro tablero de contrincantes no peronistas para pelear con Llaryora.
Esa puja por dominar la discusión pública tendrá la semana que viene un capítulo central: el miércoles, la Unicameral debatirá –y aprobará, seguramente– la prohibición para el accionar de “naranjitas” ilegales y de limpiavidrios. Sobre la base de un proyecto del legislador Oscar Agost Carreño, Llaryora mostrará acción y reacción sobre una iniciativa que también es una agenda que vio primero la oposición hace ya un par de años.
No sólo de obra pública y de gestión de conflictos salariales vive la gestión. También, de administrar la conversación social, que puede convertirse en un problema grave si el control queda en manos del oponente.
