Legislatura de Córdoba. Última sesión antes del receso: la Unicameral busca cerrar la ley antibúnker
El oficialismo intentará acordar con el PRO y la UCR un texto común para intervenir inmuebles abandonados o vinculados al narcomenudeo y al crimen organizado.
Antes de iniciar un receso de 15 días, en la Legislatura de Córdoba el oficialismo intentará acordar este miércoles con el PRO y la UCR un texto común para intervenir en viviendas abandonadas o vinculadas al narcomenudeo y al crimen organizado.
La Legislatura de Córdoba tendrá este miércoles por la tarde su última sesión antes del receso de invierno y el oficialismo buscará llegar al recinto con un acuerdo político sobre la denominada ley antibúnker, una iniciativa que apunta a identificar e intervenir inmuebles abandonados, usurpados o utilizados para actividades vinculadas al narcomenudeo.
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La discusión aparece como el principal tema del cierre parlamentario previo al parate de 15 días, que finalizará a comienzos de agosto. La intención del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba es en la reunión de la Comisión de Seguridad de este miércoles compatibilizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con las propuestas presentadas por el radical Oscar Saliba y por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño.
Para eso, este miércoles volverá a reunirse la Comisión de Seguridad, donde se buscará ordenar los puntos en común y definir qué artículos podrían incorporarse al dictamen final. Los tres textos apuntan al mismo problema –los inmuebles utilizados como guaridas, aguantaderos o búnkeres–, aunque difieren en el alcance de las medidas, la autoridad de aplicación y el rol que deberá tener la Justicia.
Según el texto que intentarán consensuar, se establecerá un marco regulatorio para intervenir bienes muebles o inmuebles, junto con sus infraestructuras, instalaciones, estructuras, anexos y dispositivos vinculados siempre que estén abandonados, desocupado y generen un riesgo cierto, concreto y actual para la seguridad pública o la convivencia ciudadana.
El mismo texto también contempla los casos en que esos bienes estén vinculados de manera actual o reiterada con actividades delictivas, en particular cuando sean utilizados como guarida, aguantadero o búnker.
Entre los puntos acordados se incorporará, además, que la sola situación de abandono no habilitará la intervención prevista en la ley. Para avanzar, deberán acreditarse condiciones verificables que permitan encuadrar el caso dentro de los supuestos previstos.
Otro artículo con chances a ser consensuado es declarar de interés público provincial el llamado ordenamiento territorial de seguridad. Aunque no bastará con que un inmueble esté abandonado o sin mantenimiento para que el Estado pueda intervenirlo. Deberá existir un riesgo cierto y verificable para la seguridad pública o la convivencia, o una vinculación actual o reiterada con actividades delictivas, como su uso como guarida, aguantadero o búnker.
