“Tenemos muchos empleados públicos que apoyan el plan de ajuste del presidente Milei, que apoyan las políticas de ajuste en contra del empleo público a nivel nacional, que apoyan la presión para que se bajen los impuestos provinciales y municipales –lo que desfinancia a las provincias– y, en paralelo, tenemos este reclamo de mejora salarial. Se trata de una contradicción abierta que en algún momento, estimamos, se clarificará”.
Con el conflicto docente aún en ebullición y en medio de un paro de 48 horas que el Panal no esperaba, el ministro de Comunicación de la provincia, Daniel Pastore, puso en palabras uno de los principales enigmas que inquieta al gobernador Martín Llaryora: tener que pagar los costos frente al electorado cordobés de las consecuencias sociales que genera el programa económico de Javier Milei.
El jefe del Estado aún obtiene ganancias del poder de contagio que mantiene entre quienes votaron el discurso del ajuste fiscal. Y en Córdoba lo hicieron siete de cada 10 en 2023 y más de cuatro de cada 10 en las legislativas.
Con ese respaldo aún a cuestas, Milei practica una “doble Nelson” a las administraciones provinciales. Al corte directo de subsidios económicos que aplicó desde diciembre de 2023 la gestión Milei le suma la subvención política: es todo pérdida para los gobernadores e intendentes. El único que gana es Milei. Es una trampa perfecta, de la que todavía las provincias no pueden salir.
Brújula para todos
Esa dificultad para descifrar lo que está pasando en la cabeza de los estatales cordobeses que exhibió el ministro Pastore es una muestra más de la dificultad extrema que representa gobernar con Milei sentado en el sillón de Rivadavia.
Se trata de la misma incomprensión para procesar por qué Hugo Moyano acató sin quejarse el tope del 2% en la paritaria que impuso el Gobierno como ancla contra la inflación.
Milei en su provincia de las maravillas
Mientras el líder de Camioneros cerró esa suba, que podría quedar más adelante todavía más abajo de la inflación, en los próximos días la Provincia garantizará en la nueva y tercera oferta a los maestros: copiar mensualmente la inflación.
Sin embargo, pese a ese esfuerzo, Llaryora no sabe si recibirá el visto bueno de la UEPC. La oferta contemplará cláusula gatillo directa. En esa decisión económica anida un riesgo del que Llaryora es consciente, pero que hoy no puede esquivar: atará ese compromiso financiero a un contexto sumamente adverso de ingresos propios y de los que llegan por coparticipación. Ya son ocho los meses en baja y marzo volverá a ser negativo, adelantan en el Panal.
Cada punto extra de aumento en la masa salarial de los estatales representa cinco mil millones de pesos mensuales o $ 60 mil millones anuales, sin contar los aportes jubilatorios. Así, cada punto de suba equivale al número exacto que logró sumar la Provincia en el nuevo acuerdo con la Anses para la Caja de Jubilaciones. Además, lo que logren los docentes será testigo para el resto de la administración pública.
Ese aspecto multiplicador es determinante, porque del saldo de esa negociación podrá inducirse cuánto deberá sacrificar Llaryora de sus planes de obra pública.
Si bien la infraestructura ya hace tiempo que no “vuela” como en tiempos de Juan Schiaretti, sigue siendo un sello de las administraciones peronistas imposible de disociar en un año preelectoral.
Quitar la variable de la recaudación del ajuste salarial será otro gesto de Llaryora para los docentes, en pos de que las clases vuelvan a la normalidad después de tres días de paro en menos de dos semanas. Esa concesión, empero, podría no alcanzar a saciar la sed de recuperación del salario que reclaman los maestros de Córdoba. Llaryora le dijo a La Voz que está dispuesto a hacer el esfuerzo para “garantizar la paz social”.
Semanas atrás, la administración llaryorista ensayó un debate sobre limitar o no el boleto educativo gratuito. El gobernador considera que los beneficiarios no valoran el esfuerzo económico que supone sostener ese programa. "¿Quieren los cordobeses pagar el boleto pleno y sin ayuda como plantea Milei?", preguntó en público el ministro Miguel Siciliano. Se trata de la misma "contradicción" aludida por Pastore con los estatales y que también comparte Llaryora. En el fondo, sin embargo, se esconde una inquietud aun mayor que el cierre de una paritaria que más temprano que tarde encontrará un punto de entendimiento: lo que preocupa y a algunos desvela es no terminar de comprender a un electorado que dejó de actuar con los parámetros que el peronismo controló hasta la llegada de Milei al poder.
“Tenemos que priorizar las cuestiones sociales para atenuar los dolores y el sufrimiento que genera este plan de ajuste a muchísimos cordobeses”, sumó Pastore, entrevistado por La Voz en Vivo, cargando las culpas en la mochila libertaria. Lo que no está claro, y ese es el principal enigma por resolver, es si los cordobeses hacen responsable o no del sufrimiento a Milei. Hasta ahora, en las urnas dijeron otra cosa.
