Caso Agostina. La oposición presentó el pedido de jury contra los fiscales Garzón y Rodríguez: qué dicen las denuncias
Legisladores de distintos bloques presentaron denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento contra los fiscales. Cuestionan la actuación judicial durante la búsqueda de Agostina Vega y también decisiones adoptadas un año antes respecto de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio.
La conmoción provocada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, derivó en una de las ofensivas institucionales más importantes contra integrantes del Ministerio Público Fiscal de los últimos años. Un grupo de legisladores provinciales de distintos espacios políticos presentó este lunes, ante el Jurado de Enjuiciamiento, dos pedidos de jury contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes atribuyen distintas conductas que, a su criterio, encuadran en causales de mal desempeño, negligencia grave y, en el caso de Garzón, también morosidad en el ejercicio de sus funciones.
Las denuncias llevan las firmas de legisladores del radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el juecismo, el vecinalismo y otros espacios opositores. Los denunciantes solicitan la apertura formal de los procesos de enjuiciamiento, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y, finalmente, su destitución.
Las denuncias llevan las firmas de Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Viviana Martoccia, Oscar Agost Carreño, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Gerardo Grosso y Noelia Agüero.
Los planteos se apoyan en dos ejes distintos. Respecto de Garzón, se cuestiona la conducción de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina.Y en relación con Rodríguez, el foco está puesto en la decisión que tomó en 2025 de dejar en libertad a Claudio Barrelier, quien un año después quedó detenido e imputado por el femicidio de la adolescente.
Los cuestionamientos contra Garzón
La denuncia contra Garzón se centra en una serie de decisiones y omisiones que, según los legisladores, afectaron la investigación de la desaparición de Agostina.
El primer cuestionamiento apunta a la demora en la recepción formal de la denuncia. El escrito sostiene que la familia intentó denunciar la desaparición durante la madrugada del 24 de mayo, pero que la presentación recién quedó formalmente asentada varias horas después. Los denunciantes sostienen que esa demora contradijo la legislación provincial que obliga a recibir de inmediato las denuncias por desaparición de personas.
Otro de los puntos centrales es la activación de la Alerta Sofía. Según el planteo, desde las primeras horas existían elementos suficientes para considerar que la menor se encontraba en una situación de alto riesgo. Entre esos indicios mencionan la existencia de un adulto identificado vinculado a la desaparición, la ausencia de registros que mostraran a la adolescente salir de la vivienda a la que había ingresado y antecedentes penales relacionados con ese mismo domicilio.
Pese a ello, afirman que la alerta fue solicitada recién el miércoles 27 de mayo, cuando ya habían transcurrido más de 80 horas desde la denuncia.
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La denuncia también cuestiona el momento en que se ordenó el allanamiento de la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Los legisladores sostienen que desde el domingo existían elementos objetivos que convertían a esa casa en el principal lugar de interés para la investigación. Mencionan el testimonio del remisero que trasladó a Agostina, registros de cámaras de seguridad, antecedentes judiciales del sospechoso y la falta de imágenes que mostraran a la adolescente abandonando el inmueble.
Sin embargo, afirman que el allanamiento fue dispuesto recién cuatro días después de la desaparición.
Otro aspecto señalado es la valoración de los antecedentes de Barrelier. El escrito sostiene que existía una causa activa por privación ilegítima de la libertad ocurrida en el mismo domicilio y con una modalidad que los denunciantes consideran similar. Según el planteo, Garzón no habría tomado en consideración ese antecedente como un factor de riesgo relevante durante la búsqueda de la adolescente.
La denuncia incorpora además críticas a la conferencia de prensa brindada por el fiscal tras el hallazgo del cuerpo. Los legisladores consideran que algunas de sus expresiones resultaron incompatibles con la gravedad institucional del caso.
Entre ellas mencionan elogios al procedimiento, referencias al trabajo de un perro rastreador y declaraciones sobre el horario estimado de la muerte antes de contar con los informes periciales definitivos.
Con esos elementos, los denunciantes sostienen que existieron conductas que podrían encuadrar en negligencia grave, mal desempeño y morosidad funcional. También invocan estándares internacionales vinculados con la investigación de casos de violencia de género y desaparición de menores para fundamentar que la actuación judicial debió ser más rápida y diligente.
El pedido contra Rodríguez
La presentación contra Rodríguez se enfoca principalmente en una resolución dictada en mayo de 2025, cuando dispuso la liberación bajo fianza de Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad.
Según la denuncia, Barrelier había sido detenido tras la acusación de una joven que afirmó haber sido engañada para ingresar a una vivienda donde fue amenazada, inmovilizada y retenida contra su voluntad. A pesar de ello, veinte días después recuperó la libertad bajo caución y con una serie de condiciones de conducta.
Los legisladores cuestionan que la resolución no haya incorporado una evaluación suficiente del riesgo que representaba el imputado. Sostienen que el fiscal omitió ponderar adecuadamente el contexto de violencia de género, la gravedad de los hechos denunciados y la posibilidad de reiteración de conductas violentas.
También afirman que las medidas impuestas para controlar a Barrelier resultaban insuficientes frente a la peligrosidad que, según ellos, ya surgía de la causa.
Otro de los reproches es la supuesta falta de producción de pruebas durante la investigación. La denuncia señala que no se habrían ordenado pericias psicológicas o psiquiátricas ni otras medidas orientadas a determinar el perfil de riesgo del acusado antes de resolver su situación procesal.
El escrito también cuestiona la calificación jurídica utilizada en aquella causa. Los denunciantes sostienen que los hechos podían haber sido encuadrados en delitos más graves que habrían dificultado o impedido la liberación del imputado. Incluso mencionan que algunas circunstancias debieron haber llevado a explorar hipótesis relacionadas con delitos sexuales o de trata de personas.
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Además, la presentación incorpora observaciones sobre la investigación que Rodríguez realizó en una causa conexa al caso Neonatal. Allí se le reprocha haber archivado una investigación vinculada con presuntas omisiones de funcionarios que habrían conocido episodios sospechosos en el hospital antes de que estallara el escándalo público. Los denunciantes sostienen que no se agotaron todas las líneas investigativas posibles antes de cerrar el expediente.
Por último, el escrito hace referencia al vínculo institucional que rodeó la causa de Barrelier, recordando que el acusado era defendido por el entonces concejal Ricardo Moreno. Aunque aclaran que no atribuyen acuerdos indebidos ni conductas ilícitas al fiscal, sostienen que el contexto exigía un nivel especialmente alto de fundamentación, prudencia e independencia en las decisiones adoptadas.
