Reclamo. A dos semanas del fallo judicial, aumenta la presión para aplicar la Ley de Presupuesto Universitario
La comunidad universitaria advierte que el Gobierno sigue sin cumplir la norma pese a lo ordenado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Hay jornadas de visibilización en todo el país.
A dos semanas del fallo judicial que ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Presupuesto Universitario, crece la presión de la comunidad para que el cumplimiento se haga efectivo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lleva adelante una jornada de visibilización en distintos puntos del país, que se suma a un exhorto presentado por la UBA (Universidad de Buenos Aires) al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como responsable de asignar partidas.
El pasado 1° de abril, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia originado en una cautelar del CIN y ordenó a la gestión de Javier Milei girar los fondos que establece la ley para recomponer salarios docentes y no docentes, y garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. Sin embargo, advierten que el Gobierno ignora el fallo.
“La situación es crítica y el recorte impacta en todas las dimensiones de la vida universitaria. Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para su funcionamiento”, advirtió el CIN en un comunicado.
El organismo también alertó sobre el deterioro salarial: “Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 280%. Esto representa una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%, equivalente a aproximadamente 7,3 salarios mensuales. En la actualidad, los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos desde el retorno de la democracia”.
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El CIN señaló que, para recuperar el poder adquisitivo perdido, sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de restituir la capacidad de compra previa al cambio de gestión nacional.
La ley ya atravesó un largo derrotero. Fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 a instancias de la oposición y, al mes siguiente, Milei la vetó por su costo fiscal. En septiembre y octubre, ambas cámaras legislativas la ratificaron con dos tercios de los votos, pero aun así no se cumplió y la cúpula universitaria llevó el tema a la Justicia.
En diciembre de 2025, el CIN obtuvo un fallo favorable del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 11, a cargo del juez Enrique Cormick, pero el Gobierno apeló. Finalmente, dos semanas atrás, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal convalidó el fallo de primera instancia y dispuso la “ejecución inmediata” de la norma.
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Los magistrados firmantes, Sergio Fernández y Jorge Morán, resaltaron que en la implementación de la ley “no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Además, indicaron que “el impacto fiscal de la medida había sido estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso en un 0,23 % del PBI”, y que “dicha cifra representa un ahorro poco significativo” para la administración pública.
En un último intento, la Casa Rosada dejó trascender que presentaría un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
En el medio de la puja judicial, un grupo de rectores accedió a negociar con la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, una nueva ley de financiamiento universitario que, por lo menos, garantizara parte de la recomposición salarial. El proyecto se envió al Congreso en febrero, pero nunca se trató y ahora la Justicia mandó a cumplir la ley original.
En este marco, el CIN lleva adelante una jornada federal bajo el lema “La universidad no se apaga”. En Córdoba, se realizan actividades en las universidades nacionales de Córdoba, Villa María, Río Tercero y Río Cuarto, así como en la Universidad Provincial de Córdoba.
La UNC, en conjunto con los gremios Adiuc (docente), la Gremial San Martín (no docente), la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y las distintas facultades, instalaron este martes una carpa en la plazoleta de Obispo Trejo y Caseros, donde confluyen clases públicas y otras actividades académicas, culturales, científicas, de extensión y gremiales en defensa de la educación pública y la ciencia.
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Previo a la jornada nacional, el Consejo Superior de la UBA exhortó mediante una resolución a Manuel Adorni a que, “en el ámbito de sus competencias”, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles.
Las autoridades de la universidad alertaron que no acatar la orden judicial “constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que compromete la planificación y el sostenimiento de las actividades universitarias”.
