Legislatura de Córdoba. Se retomó el debate por la “Ley Joaquín”: se creará un régimen de protección de víctimas

El proyecto buscará ser aprobado en mayo con una amplia mayoría. El oficialismo avanza en un esquema de asistencia y participación dentro del proceso penal. La oposición también puso sobre la mesa sus propuestas.

28 de abril de 2026 a las 06:23 p. m.
Se retomó el debate por la “Ley Joaquín”: se creará un régimen de protección de víctimas
Se reunieron los legisladores para tratar el proyecto Ley Joaquín.

La Legislatura de Córdoba volvió a debatir el proyecto del oficialismo que busca crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora que apunta a garantizar derechos mínimos y hacerlos operativos dentro del proceso penal. Hubo otras propuestas complementarias de la oposición que se trataron.

El proyecto se lo conoce “Ley Joaquín” en referencia al caso de Joaquín Sperani, el adolescente muerto en Laboulaye, y que tiene como objetivo dar una respuesta a las familias de las víctimas. Por lo que en esta segunda reunión de este martes, que se realizó en la Comisión de Seguridad, a cargo del legislador oficialista Juan Manuel Llamosas, la familia del joven dio sus aportes en la charla con los legisladores.

En la propuesta, el oficialismo sostuvo que se trata de un cambio de enfoque: pasar de un sistema que reconoce derechos en lo formal a uno que garantice su aplicación concreta. Ya que establece un marco integral para asegurar a las víctimas trato digno, acceso a la información, participación en las causas, asistencia interdisciplinaria, medidas de protección y vías de reparación.

Según el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo, el objetivo será evitar que esos derechos queden en un plano meramente declarativo y se asegure un cumplimiento efectivo.

Desde el oficialismo remarcaron que el proyecto no altera el equilibrio del proceso penal ni otorga privilegios, sino que fija estándares de actuación para los organismos judiciales y administrativos. En ese sentido, se planteó garantizar información clara desde el primer contacto con el sistema, reducir la revictimización, acelerar los tiempos de respuesta y disponer medidas de protección urgentes cuando haya riesgos.

La iniciativa también introduce cambios puntuales al Código Procesal Penal para asegurar la aplicación de esos derechos. Entre ellos, habilita una mayor participación de la víctima en distintas instancias del proceso, amplía su derecho a ser oída y notificada, y permite su intervención incluso en causas donde los acusados sean menores inimputables.

El proyecto, además, propone la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito legislativo, con el objetivo de monitorear políticas públicas, generar información y elaborar recomendaciones.

El debate de este martes se dio en continuidad de la discusión iniciada en marzo pasado en la Comisión de Seguridad, cuando el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, expuso los alcances de la iniciativa. En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que la intención será que la víctima “no quede desprotegida ni desinformada en toda la instancia procesal”, había remarcado la necesidad de contar con un esquema más operativo que la ley nacional vigente.

Durante ese primer encuentro y en la reunión de este martes, desde la oposición surgieron cuestionamientos y pedidos de adhesión a la normativa nacional.

Desde el radicalismo se consideró que el proyecto llega “tarde” respecto de la ley nacional, aunque se valoró el avance, y se planteó la necesidad de poner especial foco en víctimas de violencia institucional. "Hoy (por el martes) hicimos algunas intervenciones y recibimos a la familia de Joaquín. Se comprometieron a receptar los cambios, se volverá a llamar a comisión para ver si logramos ponernos de acuerdo", adelantó la radical Brenda Austin.

"Primero, pedimos que queden expresados los principios y derechos rectores que deben guiar la protección de las víctimas en estos casos. En segundo punto que los casos donde el victimario sea un funcionario del Estado, debería existir un conjunto de garantías especiales de protección de la víctima para romper la simetría de poder que hay entre las partes", dijo la legisladora.

“Y lo tercero tiene que ver con algo que la misma familia de Joaquín reclamó, lleva el nombre, pero no se toca lo que es el régimen penal juvenil de Córdoba, donde deberían estar con mucha claridad los derechos de las víctimas", remarcó.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Llamosas, repasó que existen al menos seis proyectos vinculados a la temática presentados por los distintos bloques.

En esta lista, además de la propuesta del oficialismo, ya están ingresados una iniciativa de Oscar Agost Carreño (PRO) que plantea la modificación de la ley 8.123, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en relación al emplazamiento del imputado y la interposición del recurso de revisión; y otra de la legisladora Karina Bruno (PRO-aliada con el PJ) que fija un Régimen Provincial de Asistencia y Protección a las Víctimas de Delitos con cambios en la normativa la 10.915 (Ministerio Público de la Defensa).

El listado se completa con una propuesta de la radical disidente Graciela Bisotto con cambios en el Código Procesal Penal; y otra de la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, la que establece crear el Programa de Asistencia a Víctimas de Delitos para brindar contención, asesoramiento y acompañamiento a personas que hayan sido víctimas de hechos delictivos.

La vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, también presentó un proyecto que fija adhiere a la ley nacional 27.375, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y modifica el Código Procesal Penal en lo referido a "condena y a derecho de la víctima de ser oída".

Mientras que el liberal Gregorio Hernández Maqueda también planteó la adhesión de Provincia a la ley nacional 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos; y el radical disidente Dante Rossi retomó un proyecto que lleva varios años presentando que fija también que Córdoba se sume a la normativa nacional y pide la creación del Observatorio de Víctimas del Delito.

Se espera que debido a la cantidad de proyectos vinculados, el debate sume una nueva reunión de comisión para que los bloques lleguen a una amplia mayoría. El tratamiento en el recinto para su aprobación se daría el mes próximo, tras el acuerdo de un despacho en conjunto.