Legislatura de Córdoba. Comenzó el debate de la Ley Joaquín y la oposición pidió un instituto para asistir a las víctimas
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, defendió en la Unicameral el proyecto enviado por el Ejecutivo. Legisladores opositores reclamaron precisión para asistir a quienes sufren delitos.
En la Legislatura de Córdoba se inició este jueves el debate del proyecto de la Ley Joaquín, el que busca crear el Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, concurrió a la Unicameral para explicar el alcance de la propuesta del Gobierno. Desde la oposición hubo pedidos para que la Provincia adhiera a la ley nacional y se constituya un instituto que vele por estas familias.
El presidente de la Comisión de Seguridad, el legislador justicialista Juan Manuel Llamosas, explicó que hay seis proyectos relacionados con el tema y que el ministro López profundizaría sobre la iniciativa que envió el Ejecutivo, en la que el gobernador Martín Llaryora hizo hincapié en el apoyo a la familia de Joaquín Spedani, asesinado en Laboulaye.
Al respecto, el ministro López explicó que “se debe resguardar a la víctima, que no quede desprotegida ni desinformada en toda la instancia procesal". "Que no se rompa ese equilibrio en el proceso entre el acusado, el juicio, la defensa y los derechos de las víctimas. Si bien hay una ley nacional, lo que se busca es que sea más operativo”, dijo.
Comienzan a debatir la “Ley Joaquín”, el proyecto para reforzar los derechos de las víctimas
“Un seguimiento más activo y eficiente del proceso, donde hay un cambio de paradigma que es profundizar el cuidado a la víctima. Es garantizar el proceso porque muchas veces la víctima no tiene voz; que tenga acceso a la información”, agregó.
Además, sostuvo que es importante que "exista un catálogo de derechos de las víctimas que apunte a un trato digno, con información de utilidad, y que también se establezca una instancia de recepción de declaraciones", señaló López.
Observaciones de la oposición
La legisladora radical Brenda Austin expresó en la reunión: “La ley que impulsa el Ejecutivo llega 9 años después de la ley nacional. Tarde, pero aún así celebramos el avance. Creemos necesario que se ponga el acento en la protección de las víctimas de delitos y especial atención a las víctimas de violencia institucional, donde además hay una asimetría de poder importante, ya que los responsables son funcionarios políticos”.
“Nos preocupa alguna falta de precisión sobre cómo se van a garantizar los derechos que se consagran, la ausencia de recursos efectivos para realizarlos y, por otro lado, que no quede demasiada discrecionalidad en manos del fiscal, que puede elegir en qué casos no comunicar a las víctimas. Vamos a trabajar para acercar propuestas que mejoren la ley”, agregó.
La legisladora radial Alejandra Ferrero también pidió que, antes de la creación de un observatorio, se establezca un instituto con profesionales que hagan un seguimiento de las víctimas.
“La ley llega tarde y después de un hecho de extrema gravedad como fue el caso de Joaquín, tres años después, tras una falta de respuesta inmediata. Debemos avanzar en un programa de asistencia a las víctimas que tenga una estructura institucional para que se haga un seguimiento. En la experiencia de otras leyes aprobadas, los observatorios son letra muerta”, dijo.
El liberal Gregorio Hernández Maqueda recordó que en cuatro oportunidades presentó proyectos para adherir a la ley nacional sin que se abriera el debate. También pidió que se cree un instituto de contención para las víctimas y no un nuevo observatorio.
En general, hubo voces a favor de la propuesta, tanto de legisladores oficialistas como de aliados del cordobesismo provincial, entre ellos Karina Bruno. También desde el arco opositor hubo observaciones, pero decisión de acompañar la iniciativa.
